El Gobierno instaura de modo definitivo el experimento de arrendar barberías estatales
Los trabajadores serán considerados cuentapropistas que tienen contratos de arrendamiento con los inmuebles de sus antiguos centros de trabajo
El Gobierno cubano decidió instaurar “con carácter definitivo” un experimento empresarial mediante el cual desde 2009 algunas barberías y peluquerías estatales fueron arrendadas a sus trabajadores, que ahora pasarán al sector privado.
La Gaceta Oficial de Cuba publicó hoy en su página web varias resoluciones que regulan el tránsito definitivo del sector estatal al privado del personal que trabaja en locales de barbería y peluquería que contengan un máximo de tres sillones.
Los documentos suscritos por los ministerios de Comercio Interior, Finanzas y Precios, y Trabajo y Seguridad Social, anuncian la decisión de mantener la experiencia “con carácter definitivo” tras los “resultados obtenidos durante la aplicación con carácter experimental del Sistema de Gestión Económica”.
De ese modo, los trabajadores que antes pertenecían a la plantilla de la empresa estatal de Servicios Técnicos, Personales y del Hogar, ahora serán considerados cuentapropistas que tienen contratos de arrendamiento con los inmuebles de sus antiguos centros de trabajo.
En todos los casos el Estado continuará siendo el dueño de los inmuebles y controlará “que se empleen para las actividades previstas”, en tanto los precios serán establecidos según la oferta y la demanda.
La nueva medida entrará en vigor el próximo 1 de diciembre y se inscribe en el plan de ajustes económicos y sociales emprendidos por el presidente Raúl Castro.
El “experimento” del Gobierno en las barberías y peluquerías de menor formato arrancó inicialmente en algunos locales de La Habana en abril de 2009, y en diciembre de ese año se extendió a otras regiones del país.
Directivos del Ministerio de Comercio Interior explicaron el mes pasado a medios oficiales que la aplicación de ese “nuevo modelo de gestión” permitió “hacer frente a ilegalidades como el cobro de precios no establecidos y la apropiación indebida de los ingresos”.
Además, señalaron que la experiencia permitió incrementar los ingresos al Estado por los cobros de tributos y arrendamiento de los locales.
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