Actualizado: 19/08/2019 6:21
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Represión, Derechos, Díaz-Canel

2018-febrero 2019: violaciones de derechos humanos en Cuba (III)

Ningún derecho universal es reivindicable ni justiciable en el país

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Violaciones de derechos económicos, laborales y sociales en 2018[1]

Económicos

Las tibias reformas económicas estructurales lanzadas por el General Raúl Castro en 2011, fueron paralizadas por el gobierno el 1 de agosto de 2017, y revertidas en la Gaceta oficial # 35 del 10 de julio de 2018. Estas nuevas regulaciones prohibieron de facto la existencia de PYMES en el país y redujeron la propiedad privada a un autoempleo precario: aumento de los impuestos, aumento de los permisos estatales para funcionar, dependencia del Estado para importar y exportar. Todo esto en una economía en la que los mercados mayoristas estatales son controlados por los militares, mientras los no estatales siguen prohibidos.

Adicionalmente, esta legislación penaliza con multas la búsqueda privada de insumos. La asfixia de la propiedad privada y de las cooperativas van en signo contrario a las formulaciones políticas del gobierno en 2011. Las reformas han significado un fracaso para el mejoramiento económico del país y el nivel de vida de la población. Hoy Cuba está abocada a otra crisis de hambruna y paralización económica, como la sufrida en los primeros seis años de los años 90 del siglo pasado. Una crisis evitable si el gobierno cubano escuchara las recomendaciones de los economistas, fuera y dentro del país. No hay voluntad política para cambiar la economía centralmente planificada. Se mantiene la imposición mayoritaria de la propiedad estatal, dirigida por el Partido Comunista de Cuba, como consta en la nueva Constitución estalinista.

La autonomía económica de los ciudadanos sigue reducida al mínimo y los índices de pobreza e indigencia no se publican por el gobierno cubano.

Laborales

La exportación de servicios médicos y profesionales, primer renglón de ingresos del país, se ha desarrollado a expensas de violar todos los derechos laborales y civiles de los cooperantes cubanos, plasmados en las convenciones ratificadas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el gobierno cubano, y que han sido señaladas por esta organización al gobierno de Cuba de forma reiterada durante años. Hoy se conocen de manera directa, gracias al desmantelamiento del programa “Mais médicos” en Brasil por el presidente electo Jair Bolsonaro. Las condiciones que rodean a estos cooperantes cubanos (confiscación del 75 % del salario mensual por el Estado cubano, sin derecho a la movilidad territorial, opacidad e irregularidad de los contratos, separación de sus familiares y destierro de ocho años para los que no cumplan), han sido bautizadas por los propios cooperantes cubanos como una “esclavitud de batas blancas”.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos entregó directamente ante el Consejo de Derechos humanos de la ONU, en Ginebra, abril de 2018, la denuncia de la confiscación de salario de los cooperantes cubanos y de los trabajadores cubanos en empresas mixtas. Esto viola el Convenio 95 de la OIT ratificado por el gobierno. La respuesta recibida, por un funcionario que no escribió su nombre y apellidos para no ser interpelado, declaraba que el gobierno cubano no ha ratificado el Pacto de los derechos civiles y políticos y por esta razón la denuncia no procedía. Ha sido muy negativo para los ciudadanos cubanos que el gobierno de Cuba ostente un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al convertirse en juez y parte de las violaciones de derechos humanos que practica en el territorio nacional.

Existen 20 convenciones ratificadas por el gobierno cubano ante la OIT, que continuaron violándose durante 2018 hasta la actualidad. Las fundamentales son el convenio 29 sobre el trabajo forzoso, el convenio 95 sobre la protección del salario y contra la confiscación del mismo, el convenio 131 sobre la fijación del salario mínimo, el convenio 111 contra la discriminación en el empleo y la ocupación. Convenio 122 sobre la libertad de empleo (el gobierno prohíbe a los profesionales ejercer sus competencias en el sector no estatal de la economía), el convenio 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, el convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, y el convenio 158 sobre la terminación de la relación del trabajo, donde se prohíbe el despido por filiación sindical o por opinión política.

Derechos sociales

Seguridad social

La seguridad social en Cuba ya no es universal. A partir de 2011 se retiraron las pensiones y subsidios a todos lo que tuvieran un familiar con empleo. Cuba compite con Venezuela en los salarios más bajos del hemisferio, incluso por debajo de Haití. Las jubilaciones mínimas, luego de 40 años de trabajo, son de $9,68. La canasta básica mínima individual, en cambio, necesita más de $50 al mes para cubrirse, de acuerdo con los precios del mercado interno. Luego entonces queda un sector de cientos de miles de ciudadanos desamparados, sin cobertura de seguridad social, que el gobierno no publica en sus estadísticas oficiales. El salario mínimo está estimado por los economistas cubanos en $10. El gobierno cubano no publica los salarios mínimos, ni el costo real de la canasta básica individual y familiar, ni los índices de pobreza e indigencia en el país. Los subsidios a los más vulnerables (madres solteras y con hijos discapacitados, ancianos solos, madres solteras con hijos numerosos, viudos y accidentados de trabajo) fueron en 2018 de $7 mensuales.

Acceso al agua potable

Recientemente, el gobierno publicó que el 13 % de la población recibe agua las 24 horas por el sistema hidráulico del país. La cifra nos parece dudosa porque apenas meses atrás funcionarios de la propia institución referían solo el 5,7 % de acceso al agua las 24 horas. El resto de la población recibe el agua en camiones cisternas, que sirven cada tres o cuatro días por los territorios. En las provincias, fuera de la Habana, la demora puede ser de una semana. Esta agua no es potable y su almacenamiento produce ciclos de epidemias gástricas recurrentes en el país. Los planes estatales para mejorar el acceso al agua dependen de la crisis endémica de falta de recursos de la economía cubana, lo cual coloca este derecho en suspenso por una errática política económica.

Vivienda adecuada

El déficit de viviendas ha aumentado durante 2018, debido a la negligencia, los fenómenos climáticos y la ineficiente política pública para aumentar el número de viviendas en el país. Se estima el déficit en 1.400.000 viviendas[2]. De las existentes, alrededor de un 50 % están en regular o mal estado y el gobierno no cuenta con una producción nacional de materiales de construcción para satisfacer la demanda acumulada durante décadas de negligencia gubernamental. Prohíbe asimismo la gestión privada y cooperativa para la construcción o importación de materiales y para la gestión de la construcción. El Plan Nacional de viviendas, hecho público en diciembre de 2018, se proyecta para 10 años, sólo por esfuerzo estatal y en dependencia de la falta de recursos endémicos de la economía cubana. Por esta razón, decimos que es un derecho en suspenso y violado en la práctica.

Salud y Educación

La calidad de la educación y la salud han seguido en declive en el año 2018, en correspondencia con el declive de la economía nacional. Ambos servicios son cada vez más costosos para las familias cubanas. La infraestructura de las escuelas y hospitales continúa desvencijada. Los padres reparan las aulas, y compensan con “regalos” los bajos salarios de maestros y profesores en todos los niveles de enseñanza. Cada ciclo escolar presenta déficits de profesores por los bajos salarios y el éxodo de profesionales hacia el sector no estatal de la economía, para trabajar en ocupaciones no calificadas, pero con mejores salarios.

Lo mismo ocurre en los hospitales, con recursos mínimos para funcionar y condiciones sanitarias deplorables, comida de baja calidad para médicos y pacientes, y ausencia de la logística necesaria para el cuidado de los enfermos. Los salarios siguen siendo muy bajos para todo el personal de salud y la ausencia de especialistas médicos se hace sentir en todo el territorio nacional por la política gubernamental de exportar servicios médicos como primer sector de exportación de la economía cubana. Los medicamentos existen de manera intermitente en el mercado nacional.

Inseguridad alimentaria

La “angustia” alimentaria en el país se mantuvo y agudizó en 2018 y hasta febrero de 2019. La escasez de oferta de alimentos se mantiene en los mercados “racionados” y libres, estatales y no estatales. Es el resultado de la política errada del gobierno en relación con los productores y distribuidores de los alimentos nacionales. La asfixia estatal a los productores privados, cooperativas y distribuidores mantiene una oferta de alimentos precaria e inestable. Hoy el país está abocado a otro período de hambruna, como el que se vivió por Cuba en los primeros seis años de la década de los 90 del siglo pasado, por la reducción del petróleo venezolano; pero sobre todo por la ineficiencia crónica de la economía estatal. No hay recursos para seguir importando alimentos por valor de $2.000 millones anuales y no hay aumento de la producción agropecuaria. El propio gobierno declara la ausencia de harina, huevo, aceite y carne de cerdo, productos imprescindibles en la dieta nacional. En Cuba, con remesa familiar o no, toda la población sufre la falta de oferta de alimentos de manera sistemática.

En Cuba, la negativa del gobierno a reconocer los derechos civiles y políticos, implica también el no reconocimiento de los derechos económicos, laborales, sociales y culturales. Ningún derecho es reivindicable ni justiciable en el país.


Marlene Azor Hernández es Consultora del Observatorio cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid. Doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM, México.

[1] Informe presentado a diez Relatores de Derechos Humanos en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, en abril del 2019.

[2] El estimado es muy superior al reconocido oficialmente, porque junto a los fenómenos naturales y el hacinamiento en las existentes, consideramos muy superior el déficit de vivienda a la cifra oficial. Súmese a ello la falta de credibilidad de las cifras oficiales fabricadas a puertas cerradas y sin control ciudadano.