Actualizado: 16/09/2019 12:05
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Educación, Universidades, Represión

Cuando la estulticia y la ignominia se adueñan de las universidades cubanas

Hay que denunciar y rechazar por todos los medios esta política que daña irremediablemente el clima profesional y político en las universidades cubanas

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La viceministra de Educación Superior de Cuba, Martha del Carmen Mesa Valenciano, es de esas personas a quien el mundo pudiera agradecerle el silencio anónimo. Pero no se gana ese afecto y su pedigrí, desde que oficiaba en la Universidad de Oriente, ha estado ligado a actos represivos contra todo lo que piense, y por ello en 2018 fue ascendida a miembro del supernumerario del Consejo de Estado.

Pero su escalamiento al podio de la ignominia llegó con sus desfachatadas declaraciones sobre la condición militante de los profesores y profesoras universitarios en Cuba. Sucedió en ocasión del despido de Omara Ruiz Urquiola de su posición como profesora del Instituto de Diseño, donde había tenido una trayectoria destacada, profesional y afectiva, tal y como corresponde a su alto desarrollo intelectual y emotivo. Las hizo a través de un libelo publicado en la pagina oficial del MES (https://www.mes.gob.cu/es/noticias/ser-profesor-universitario), y en él, la miembro del Consejo de Estado afirma que la condición principal para ser profesor universitario es comulgar absolutamente con la ideología oficial, ser “…un defensor de nuestra ideología, de nuestra moral, de nuestras convicciones políticas” y un “…activista de la política revolucionaria de nuestro Partido”. “Ser profesor universitario —concluía— es defender el concepto de Revolución de nuestro Comandante”. Quien, argumento de paso, tuvo tantas concepciones de revolución y socialismo como años en el poder, que fueron muchos y concluyeron hace la friolera de casi tres lustros.

Obviamente, achacar a esta criatura alguna originalidad política sería una simpleza imperdonable. Ella escribe lo que es política oficial. Y por ello, como apunta un grupo de intelectuales cubanos en una carta abierta https://docs.google.com/document/d/1F5sWofycGAcz5PNgWZOAAXYqoQoQlk39BXFR4rdnv5k/edit?fbclid=IwAR0ldE1G3RTemfK_XoZ8jn1BevI1w02sVK3pzwOjIu-jhEm4AnrwyDBu0OU, hay que denunciar y rechazar por todos los medios esta política que daña irremediablemente el clima profesional y político en las universidades cubanas. Una política que viola la normatividad nacional e internacional a la que Cuba se ha adherido, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI “y otros tratados y convenios en el ámbito educativo que reconocen la libertad académica y la autonomía universitaria como condiciones indispensables para una universidad de calidad, plural, comprometida socialmente, democrática e inclusiva”.

La respuesta oficial a todo este embrollo ha sido peor que el dislate original. Esta vez salió a la arena la propia ministra de educación —denominada Ana Velázquez Cobiella— quien en un twitter con sabor decimonónico declaró que “Los que no viven en Cuba no tienen derecho a criticarnos”. Y remató: “Aceptamos las críticas de los que están junto a nosotros y están dispuestos a compartir nuestras carencias y buscar soluciones”.

Un exabrupto de muy poco nivel, pésima calidad analítica y un toque “oximorónico”. En primer lugar, porque Omara Ruíz —así como las decenas de profesores y estudiantes que han sido expulsados de las aulas simplemente por pensar críticamente y expresarlo con valor republicano, viven en Cuba, como también los miles que, coaccionados, callan y disimulan. Es decir, que, si fuera lo que la ministra dice, estas personas deberían ser restituidas en sus funciones y se debería abrir espacio a un debate sobre el futuro del país que es de todos. En segundo lugar, porque solo la arrogancia estulta de los funcionarios cubanos admite el desprecio a los nacionales emigrados. Ya casi nadie hace eso en un mundo crecientemente transnacional. Y menos debieran hacerlo los funcionarios cubanos a sabiendas de que gracias a las remesas de esa comunidad emigrada se sostiene buena parte del consumo popular en la Isla. Y que gracias a ellas y a los precios exorbitantes que pagan por los servicios consulares, también se sostienen las desvencijadas finanzas nacionales y los propios privilegios que ellos disfrutan como detentadores de un poder político tan autoritario como ilegítimo.

Nada de esto es nuevo, pues siempre han existido estas políticas coercitivas y represivas en la academia cubana. Pero creo que se abre —para intelectuales y académicos— una interesante brecha para andar en función de una república democrática y socialmente justa: la denuncia, donde quiera sea posible, de la represión y la coacción en las universidades cubanas.