De la «jungla cívica» al Manual: la propuesta del Gobierno cubano

No hay señales de sensatez, sentido común, ni conocimiento en el nuevo Gobierno cubano. Lejos de plantearse la incorporación del derecho internacional en toda su legislación interna, siendo miembro de la ONU y representante mundial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU hasta 2019, el Gobierno cubano opta por escamotear todos los derechos ciudadanos como es su costumbre, y no cambia sus leyes, instituciones y políticas públicas[1]. Estamos ante dirigentes y funcionarios que hacen como que trabajan y la prensa oficial que hace como que les cree. El perfecto círculo vicioso de la indigencia mental y material.

Por otra parte, el Gobierno cubano envía a la Contralora de la República a Rusia para tomar experiencias en la lucha contra la corrupción[2]. Rusia, un país de los más corruptos en el concierto de las naciones, que tiene una percepción de corrupción de su sistema público mucho mayor que la Isla. De nuevo, se repite el capítulo gubernamental de “aprender de los peores”.

Lo grave del asunto es que manifiesta el analfabetismo de la gestión pública eficiente de dirigentes y funcionarios públicos de primer nivel, y demuestra la ausencia de rumbo del nuevo gobierno. Una consigna de “socialismo próspero y sustentable” no puede suplantar el análisis racional de lo que realmente se hace y con qué fin.

Por lo que anuncia el propio gobierno en su prensa oficial, no se propone ir hacia un Estado de Derecho, ni resolver el grave problema de la violación de todos los derechos humanos en Cuba. Apenas propone un “nuevo manual”. Pero tampoco, en el manejo de la corrupción, da señales de aterrizar en los mecanismos efectivos para corregirla. Lejos de aprender de Dinamarca y Nueva Zelanda, naciones menos corruptas[3] se alía a los gobiernos más corruptos para no lograr la salida del perverso círculo vicioso de la corrupción, que en el caso cubano, la produce el propio sistema económico y político de manera estructural. Entre incompetentes y corruptas alianzas políticas se mueve la dirigencia del país.

Rubén Remigio Ferro, sordo, ciego y mudo, desconoce el sistema judicial que dirige

En el IX encuentro internacional Justicia y Derecho, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, declaró: “En Cuba, aseveró, prevalece el criterio de que la misión de los jueces implica el deber de impartir justicia con clara noción y sentido de lo justo, y que su actuación y decisiones en el proceso se caractericen por su sustento legal, transparencia y nivel de equidad”.

Los jueces cubanos no tienen sentido de lo justo, no se apegan a las leyes y no hay transparencia y equidad en la impartición de justicia en el país. Se demuestra diariamente en el tipo de “impartición de justicia” que se ejerce en Cuba. Los arrestos arbitrarios no tienen respaldo legal, la citación de la policía política a los ciudadanos no tiene respaldo legal, la violación al habeas corpus no tiene respaldo legal, el allanamiento a las viviendas de opositores, artistas y periodistas independientes no tiene respaldo legal, las confiscación de bienes, dinero e instrumentos de trabajo no tienen respaldo legal, la fabricación de delitos comunes a los discrepantes políticos no tiene respaldo legal, como es el caso reciente del encarcelamiento de un año al científico Ariel Ruiz Urquiola. La golpiza a los presos políticos en las cárceles no tienen respaldo legal, como el caso del médico Eduardo Cardet, la desatención médica en las cárceles no tiene respaldo legal, como es el caso de los enfermos de VIH, las celdas de castigo para los presos no tienen respaldo legal, la comida infecta en las cárceles no tiene respaldo legal, el hacinamiento carcelario no tiene respaldo legal, la desaparición forzada durante siete meses como es el caso actual del abogado César Iván Mendoza, que no tiene abogado y se desconoce dónde está encarcelado, no tiene respaldo legal. La declaración del Gobierno cubano en la ONU, que no existen presos políticos en Cuba, no tiene respaldo legal. El destierro de ocho años a los médicos que se liberan de las misiones, no tiene respaldo legal.

Creo que Remigio Ferro, se acercaría más a la realidad si reconociera que el sistema de justicia en Cuba no funciona: fiscales, jueces, tribunales, instructores del MININT, la policía política y los abogados defensores cautivos en bufetes estatales, aplican las leyes penales y civiles de manera discrecional y con total impunidad. Los graves problemas de la ausencia de separación del sistema judicial del ejecutivo, los abogados defensores sólo pueden contactar a los presos cinco días antes del juicio aunque la prisión provisional dure de ocho meses a un año, la preponderancia y supremacía de la policía política en todo el sistema de impartición de justicia y unos “delitos” en las leyes que sólo existen en Cuba como la peligrosidad predelictiva, la ley mordaza, la prohibición de salida y entrada al país, la prohibición a la residencia libre en el territorio nacional, la prohibición de la libertad de expresión, prensa, asociación y manifestación pacífica, lanzan y han lanzado en los últimos 60 años a millones de ciudadanos inocentes cubanos a las cárceles y/o al exilio.

Remigio Ferro en un país normal sería destituido inmediatamente por el desconocimiento que demuestra del sistema judicial del país. Pero en una dictadura estalinista totalitaria desde el canciller, las delegaciones cubanas en la ONU y los funcionarios como Remigio Ferro mienten desvergonzadamente al decir que en Cuba existe “el debido proceso”, “el Estado de derecho”, “la independencia del poder judicial”, “las huelgas no están prohibidas”, “existe la libertad de asociación sindical” y “los derechos humanos todos son respetados en Cuba”[4].

Frente a todas las violaciones del derecho internacional en la legislación penal y civil de Cuba, Remigio Ferro nos propone un Manual, con “la neolengua” del Gobierno cubano. Dice Cubadebate.cu:

“Remigio Ferro informó que el Tribunal Supremo trabaja desde hace algunos años en el diseño e implementación de un sistema propio de gestión de la calidad con las adecuaciones pertinentes, las categorías y conceptos de las normas internacionales[5] que regulan los modelos de actuación en ese ámbito”.

“La meta final de ese esfuerzo, declaró, es contar con un manual de calidad como herramienta metodológica de referencia para procurar la mejora continua en el desempeño de los órganos jurisdiccionales”.

Los cubanos y la comunidad internacional tienen que desmantelar la “neolengua” del Gobierno cubano

Copiar palabras del derecho internacional no significa respetar esa legislación. Hemos visto como el gobierno cubano en Ginebra utiliza palabras como “Estado de Derecho”, “debido proceso”, “independencia del poder judicial”, “respeto a todos los derechos humanos”, todas palabras del derecho internacional vaciadas de su contenido.

El término y contenido de la “neolengua” aparece bien definido en la novela de George Orwell, 1984. Se trata de resemantizar el léxico habitual y convertirlo en un arma de dominación del partido único contra los ciudadanos. Eliminar la riqueza del lenguaje, simplificarlo, eliminar radicalmente algunas palabras y a otras, darles un nuevo significado; todos son procedimientos para generar una nueva manera de nombrar un mundo alternativo al real, impedir un pensamiento discrepante y asfixiar la autonomía ciudadana.

Hay que entender, por lo tanto, que cuando el Gobierno habla de que existe en Cuba un “Estado de Derecho” significa su contrario, una dictadura de partido único. Cuando habla del “debido proceso” el contenido es su contrario, arbitrariedad y discrecionalidad en los procesos de impartición de justicia. Cuando el gobierno declara que existe la libertad sindical y que no están prohibidas las huelgas, en la ONU, es exactamente lo contrario. “El respeto a todos los derechos humanos” es exactamente su contrario, la violación de todos los derechos. Como en la novela de Orwell, “la guerra es la paz” y “la libertad es la esclavitud”, en este proceso de resemantización del léxico por parte del gobierno cubano y sus funcionarios.

El nuevo Manual, tendrá palabras del Derecho internacional con el contenido exactamente opuesto. Ya no se anuncia cambios en la legislación penal y civil, algo que declaró el Gobierno desde 2012 en la ONU y lo confirmó en marzo del 2017 en el mismo organismo. Ahora se trata de un manual. La próxima Constitución sufrirá la misma maniobra: algunas palabras del derecho internacional serán incrustadas en la reforma, que en el contenido de la ley sufrirán la metamorfosis de convertirse en sus contrarios. En su posición antioccidental, el Gobierno cubano se niega a incorporar el contenido del derecho internacional a su legislación interna.

[1] “Díaz-Canel preside inauguración del IX Encuentro Internacional Justicia y Derecho” en Cubadebate.cu, 23 de mayo del 2018.

[2] “Contralora General de la República de Cuba inicia visita de trabajo a Rusia” en Cubadebate.cu, 24 de mayo de 2018.

[3] Índice de la percepción de la corrupción mundial 2017, en https://www.datosmacro.com/estado/indice-percepcion-corrupcion

[4] Ver las declaraciones del canciller Bruno Rodríguez Parrilla y la delegación cubana en la sesión de la EPU dedicada a Cuba el 16 de mayo de 2018 en Naciones Unidas.

[5] El subrayado es de la autora.

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