Actualizado: 23/07/2019 14:59
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Leyendo la prensa

División bajo la lupa

La Habana comienza a poner en duda la eficacia del ordenamiento territorial implantado en 1976.

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En días pasados, y sin mucho ruido, el diario Granma dio espacio en sus páginas a un artículo en el que se abordan con sentido crítico diversas aristas de la actual División Político-Administrativa del país (DPA), a propósito de cumplir esta tres décadas de creada. Nadie creerá que este sea un tema que ahora mismo le quita el sueño a los cubanos, al menos no más que las abrumadoras carencias de la cotidianidad, desde la comida y el transporte hasta la proliferación de epidemias silenciadas por el propio periódico y los medios en general.

Pero, evidentemente, algo huele mal cuando más de media página de este tan abreviado órgano partidista se dedica a reconocer las deficiencias de las fronteras trazadas por los especialistas en 1976, a tono con la creación del denominado Poder Popular en todo el país.

Desde luego que la DPA no implicó sólo la conformación de algunas zigzagueantes líneas divisorias entre territorios. Plantea la periodista que su fundamentación primaria iba más allá, para adentrarse en la necesidad real de "simplificar estructuras de dirección" y dotar de "una relativa uniformidad" las distintas áreas, atendiendo a cantidad de habitantes, gestión económica, comunicaciones y servicios, entre otros elementos.

En el fondo, la periodista reconoce el fuerte trasfondo político y de centralización que envolvió todo, incluso antes de la DPA, cuando apenas teníamos seis provincias, con la aparición en los años sesenta de los llamados "regionales" del Partido (eran 58), más los 407 municipios y seccionales. Destaca que tal incremento causó "un alejamiento excesivo entre el nivel central" y las industrias y diversos centros laborales y educacionales, lo cual "complicaba las tareas de dirección, organización y control del Partido, de las instituciones del Estado y de las organizaciones de masas".

Es así que, en 1976, las cifras definitivas quedaron en 14 provincias y 169 municipios, varios de ellos sin ninguna tradición de autonomía o de muy reciente y forzosa creación, como el triste caso de Sandino, en Pinar del Río, uno de los denominados "pueblos cautivos".

Reordenamiento polémico

Lo que amenaza el futuro de la DPA no es otra cosa que las secuelas de tanta centralización: la emigración masiva hacia la capital y en menor grado hacia algunas capitales provinciales desde cualquier zona de la Isla, pero en particular desde el campo y pequeñas poblaciones. Un fenómeno no estudiado aún es cuánto estimuló a ese flujo la parálisis que sufrió la industria azucarera en años recientes.

En este sentido, las autoridades han mostrado cierta preocupación por el decrecimiento de la tasa de natalidad de manera general en el país, pero el problema más candente sigue estando en el incremento desmedido de la concentración poblacional en Ciudad de La Habana, un fenómeno que no será fácil revertir a corto ni mediano plazo sin propiciar la descentralización y mayores y más eficaces inversiones.

En el artículo de marras se esboza la posibilidad de un reordenamiento en el caso de los municipios que han decrecido en población e importancia económica, así como aquellos "que ya no cuentan con las mismas potencialidades para su desarrollo integral". No habrá decisión más polémica que esa y no precisamente por el viejo dicho de "lo que se da no se quita". ¿Cómo despojar una localidad, tres décadas después, de su carácter municipal sin que ello aliente nuevos flujos migratorios y no parezca que se renuncia a su necesaria estabilidad socioeconómica? Estratégicamente, el régimen estaría reconociendo una derrota esencial. Otra más.

Cuando una nación no logra prosperar, por las razones que sea y por muy ciegos que se hagan sus dirigentes, toda su estructura social y política se resiente y cada armazón deberá ser puesta bajo la lupa. En este caso, le ha tocado a la DPA un lógico cuestionamiento que todavía no llega a otros estamentos del mismo caduco aparato que la engendró.

Según refiere la periodista, los analistas todavía no logran ponerse de acuerdo sobre cuáles pasos dar para su perfeccionamiento. Tampoco es optimista sobre la prioridad que la máxima dirección del Estado dará a la toma de decisiones en torno a las requeridas modificaciones.

Una vez más habrá que esperar. Pero no deja de ser llamativo que por primera vez se hable con matices críticos de revisar una ley tenida como definitiva o inamovible dentro de esta "sociedad perfecta", nacida cuando se alzó el telón de 1959 y que nos ha tocado sufrir a todos los cubanos como si se tratara de una maldición que se eterniza. Acaso sea una de esas señales que obligan a estar muy atentos a Palacio cuando el rey está postrado. Algo puede estar cocinándose en este preciso momento.