Actualizado: 15/11/2019 19:53
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Derechos, Represión, Naciones Unidas

La Diplomacia cubana se hace de espaldas al soberano (III)

Las 116 recomendaciones rechazadas por el gobierno de Cuba en la Evaluación Periódica Universal, en mayo 2018, no se han publicado en el país

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La población cubana desconoce las recomendaciones que se le hicieron al gobierno de Cuba en la Evaluación Periódica Universal de mayo del 2018, y tampoco las respuestas del gobierno cubano a ellas.

Continuamos detallando las 48 recomendaciones de Naciones Unidas a Cuba, las cuales el gobierno dice tomar nota, pero tampoco acepta[1].

Cuba no acepta ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y adaptar plenamente la legislación nacional a todas las obligaciones impuestas por el Estatuto de Roma.

Esta recomendación fue planteada por 3 países: Francia, Letonia, Liechtenstein.

Cuba no acepta ratificar el Protocolo de 2014 del Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930 (núm. 29) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) planteado por Portugal.

Cuba no acepta ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ni incluir en su legislación nacional y laboral todas las formas de violencia contra la mujer incluyendo el feminicio.

Estas recomendaciones fueron planteadas por 8 países:

Bosnia y Herzegovina, República Democrática del Congo, Liechtenstein, Eslovenia, Paraguay, Argentina, Chipre, y México.

Cuba no acepta, siendo estado parte, firmar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad planteado por El Salvador.

Cuba no acepta adoptar medidas jurídicas e institucionales para garantizar la independencia del poder judicial, garantizar que todos los detenidos tengan acceso a un abogado de su elección desde el principio de la privación de libertad, promover los principios de equidad en la justicia acordes con las normas internacionales, especialmente revisando la legislación sobre la prisión preventiva y su aplicación. Considerar la inclusión de la desaparición forzada en su legislación nacional como delito independiente y como crimen de lesa humanidad, estudiar y adoptar medidas que promuevan la agilización de los procedimientos penales, mejorar las condiciones en las prisiones mediante la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la adhesión a los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.

Estas recomendaciones fueron planteadas por 10 países.

Irlanda, Italia, Argentina, República Democrática del Congo, Canadá, Jordania, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y Costa Rica.

Cuba no acepta establecer medidas que garanticen la libertad de reunión y de asociación pacíficas, la libertad de expresión y la libertad de prensa, de modo que se ajusten al derecho internacional y las normas internacionales. Aprobar una ley de libertad de información y permitir la circulación libre de los activistas defensores de los derechos humanos y los periodistas.

Estas recomendaciones fueron planteadas por 9 países:

Chile, Islandia, Eslovaquia, España, Alemania, Italia, Estonia, Lituania y Polonia.

Cuba no acepta tomar medidas eficaces para garantizar que el acceso a Internet corresponda a las normas internacionales que protegen el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas, tampoco asegurar un acceso de bajo costo a servicios de Internet y la total libertad de expresión en línea.

Así fue recomendado por Rumania, Polonia e Italia.

Cuba no acepta elaborar y aplicar leyes, políticas y mecanismos específicos que reconozcan y protejan la labor de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los periodistas,aprobar leyes que contemplen el estatuto legal de las organizaciones no gubernamentales y los periodistas independientes.

Estas recomendaciones fueron planteadas por Noruega, Canadá, Italia y Estonia.

Cuba no acepta ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, ni Considerar la ratificación de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.

Estas recomendaciones fueron planteadas por Níger, Honduras, Sri Lanka y Lesotho.

Cuba no acepta ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones.

Esta recomendación fue planteada por Kenia y Eslovaquia.

Estos documentos no han sido publicados por el Ministerio de Relaciones Exteriores ni por la prensa nacional. La prohibición de discutir los Derechos Humanos sigue vigente en la Isla, con represalias que van desde el despido laboral a la cárcel. Es decir, de manera intencional, el gobierno cubano oculta todos los señalamientos que se le hacen en la ONU a la ciudadanía, porque la desinformación de sus medios monopólicos de comunicación es un instrumento más de dominación al servicio del partido único.

Recomendación:

Las dictaduras no pueden recibir el mismo tratamiento en Naciones Unidas que los países democráticos con estados de derecho. Las sanciones a las dictaduras como la cubana deben ser superiores y más contundentes que las que habitualmente se señalan a los países democráticos y con estado de derecho. No puede existir igualdad de tratamiento a los países con niveles de violación de derechos diferentes. Cuba viola todos los derechos humanos porque no existe la posibilidad de reivindicar y justiciar ningún derecho universal dentro del país. Recomendamos que Cuba sea sancionada y señalada como corresponde al derecho internacional y que no vuelva a ocupar un escaño en el Consejo de Derechos humanos siendo contraria al derecho internacional y a su aplicación en la legislación nacional.

El gobierno cubano continúa creando su legislación interna de espaldas al soberano ciudadano y al Derecho Internacional, en materia de Derechos Humanos.


Marlene Azor Hernández es consultora del Observatorio cubano de Derechos Humanos, sede en Madrid. Doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM, México.

[1] Informe presentado a diez Relatores de Derechos Humanos en la sede del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, en abril de 2019.