Las tensiones de Posada Carriles
Una decisión judicial y varias interpretaciones: ¿Militante anticastrista o terrorista?
El juez de inmigración William Lee Abbott (El Paso, Texas) acaba de poner a Luis Posada Carriles, de 77 años, bajo el amparo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT, 1984), que prohíbe "la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura" (Artículo 3).
Abbott concluyó que Posada "probablemente sería sometido a tortura si es enviado a Venezuela", tras examinar informes del gobierno estadounidense y organizaciones no gubernamentales, así como el testimonio del abogado venezolano Joaquín Chaffardet. Este fallo significa que Posada no será deportado por ahora, pero la Casa Blanca podría buscar otro país adonde enviarlo.
El Departamento de Seguridad Interna (DHS) tiene 33 días para recurrir la decisión de Abbott ante el Tribunal de Apelaciones de Inmigración (Virginia). Entretanto, Posada permanecerá en el Centro de Detención (El Paso), aunque sus abogados anunciaron que solicitarán liberarlo dentro de 90 días, por razones humanitarias y con apoyo en el precedente judicial que proscribe la detención indefinida ( Zadvydas contra Davis, 2001).
La sentencia del juez de inmigración no interrumpe ni cancela el proceso de extradición incoado por el gobierno de Venezuela en el Departamento de Justicia. El embajador venezolano en Washington, Bernardo Álvarez, ya reclamó llevar cuanto antes el caso a un juez federal. Así cabe todavía la posibilidad de que extraditen a Posada, pero el fallo por el lado migratorio y el trámite demorado por el lado jurídico-penal han reforzado las tensiones entre Venezuela y EE UU.
Para retorcer el CAT (1984) contra Posada, Caracas había sacado de la manga hasta la carta periodística de un tal Jesús Moreno, quien denunció haber sido torturado como preso político en 1973 por aquél. Esta movida no surtió efecto judicial y Hugo Chávez terminó calificando de "cínica" la decisión de Abbott y contraponiendo los casos de torturas reportados en la Base Naval de Guantánamo y la cárcel iraquí de Abu Ghraib.
El peso de las acusaciones por actos terroristas quebraba ya la tabla inicial de asilo, que Posada soltó enseguida para coger el salvavidas del CAT. No podrá obtener jamás residencia permanente ni ciudadanía en EE UU, pero al menos no sería expulsado y al cabo saldría en libertad. El mismo peso provoca tensiones entre la política genérica de Washington contra el terrorismo y su política específica contra Castro. Aunque el abogado de Posada, Eduardo Soto, declaró a The Miami Herald que su cliente "fue absuelto dos veces en Venezuela", esta excepción de cosa juzgada no puede sostenerse para impedir la extradición.
El caso Barbados
Los ciudadanos venezolanos Freddy Lugo y Hernán Ricardo abordaron el 6 de octubre de 1976 un avión DC-8 de Cubana de Aviación en Trinidad y Tobago, colocaron un explosivo C-4 en el baño trasero y se bajaron en Barbados. A poco de despegar estalló el aparato y sus 73 ocupantes murieron. La policía de Barbados arrestó a Lugo y Ricardo, quienes confesaron e implicaron a los exiliados cubanos Posada y Orlando Bosch.
Ambos fueron detenidos en Caracas. El 25 de agosto de 1977, la jueza venezolana Delia Estava remitió la causa a un tribunal militar y los cuatro fueron absueltos, pero este fallo se revocó en apelación: los acusados eran "civiles y los delitos que se les imputan [estaban] previstos en el código penal (no en el militar)". Así que un nuevo juicio discurrió ante el Décimo Tribunal Superior (Miranda).
La víspera de su sentencia (agosto 8, 1985), Posada se fugó de la prisión de San Juan de los Morros (Guárico). Puesto que la ley venezolana no admitía dictar sentencia en rebeldía, el tribunal se limitó a ordenar su arresto. Lugo y Ricardo fueron hallados culpables el 21 de julio de 1986 y condenados a 20 años. Bosch fue absuelto. La periodista cubana Rosa Miriam Elizalde y su esposo, el abogado americano José Pertierra, dicen que "misteriosamente".
Al parecer no queda otra forma racional de aclarar el misterio del otro acusado que sometiéndolo a juicio imparcial. Venezuela tiene causa probable contra Posada, como persona fugitiva de su justicia y, por tanto, extraditable según el tratado bilateral con EE UU. Si llenaran los requisitos procesales, familiares de las víctimas del atentado contra el vuelo 455 de Cubana de Aviación o de otros actos criminales atribuidos a Posada podrían entablar juicio dentro del territorio estadounidense.
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