Al menos 67 disidentes fueron encarcelados o enjuiciados durante 2008, asegura una organización opositora

Al menos 67 disidentes fueron encarcelados o enjuiciados por motivos políticos durante 2008 y 51 de ellos recibieron condenas de entre 2 meses y 5 años de cárcel, dijo el opositor Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba en un informe.

De los condenados, 15 fueron procesados bajo cargos de peligrosidad social predelictiva, "es decir, sin cometer delito ante las leyes del propio gobierno cubano", afirmó la organización.

El Consejo, encabezado por el opositor excarcelado Margarito Broche Espinosa, miembro del Grupo de los 75, dijo haber verificado más de 1.400 arrestos temporales por motivos políticos, que fueron acompañados de interrogatorios y amenazas. Además, "centenares de arrestos domiciliarios que se prolongaron hasta dos días y numerosas viviendas visitadas por oficiales de la Seguridad del Estado".

Según la organización, 71 reos comunes murieron en 21 prisiones.

"Desconocemos lo que ocurre en más de 200 centros carcelarios, pues el gobierno no sólo oculta la información, sino que persigue y encarcela a quienes la difunden o revelan", indicó en el informe.

El Consejo recordó que cuatro prisioneros de conciencia enfermos, integrantes del Grupo de los 75, fueron obligados en febrero a elegir entre permanecer en la cárcel o exiliarse en España.

Los cuatro viajaron al país europeo, pero otros "9 están en estado crítico y el gobierno les niega la licencia extrapenal", denunció.

Añadió que 25 periodistas independientes permanecen encarcelados, 4 de ellos en crítico estado de salud.

En cuanto a la prensa independiente, la organización dijo que verificó "centenares de actos represivos", "como bloqueo de la internet a los escasos cubanos que a ella acceden, corte y escucha de llamadas telefónicas, arrestos, amenazas de cárcel y muerte, limitación de movimientos, asedio por turbas paramilitares y prohibición de salida del país, como los casos de Luís Esteban Espinosa Echemendía y Carmelo Díaz Fernández".

Por otra parte, el grupo criticó la "despiadada represión policial y judicial", que ha condenado "a centenares de personas humildes por gestionar su supervivencia, llegando al extremo de sanciones de entre uno y tres años de cárcel por transportar viandas y alimentos de su propiedad y producción y en cantidades pequeñas, suficientes sólo para una familia, como por ejemplo, menos de 60 huevos, un quintal de yuca o poco más de 20 libras de queso".

Los disidentes se refirieron con esto a la campaña lanzada por el gobierno contra la venta ilegal de alimentos y otros productos, tras el paso en septiembre de los huracanes Ike y Gustav, que dejaron pérdidas de más de 10.000 millones de dólares, según datos oficiales.

El Consejo de Relatores de Derechos Humanos denunció asimismo que el gobierno ha intentado desmantelar su centro de información. "Fuimos expulsados el 1 de noviembre de la vivienda que hacía de oficina desde hacía 16 meses, como resultado de las presiones de la Seguridad del Estado sobre la dueña. Ahora nos cortan totalmente hasta por semanas la línea telefónica de la nueva vivienda, correspondiente al número 7 649 96 63, y acosan sin cesar a su propietario, el ciego Sergio Díaz Larrastegui, a quien la Seguridad del Estado expulsó de su centro de trabajo" el 9 de enero, afirmó la organización.

© cubaencuentro.com