Amnistía Internacional denuncia “intensificación” de la represión en Cuba
Señala en un informe que “el gobierno cubano mantiene una campaña permanente de acoso y detenciones breves contra los opositores políticos”
Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves la “intensificación de la represión” en Cuba, así como un aumento “brusco” del acoso contra activistas de derechos humanos y periodistas independientes desde 2010.
En su nuevo informe titulado “Represión sistemática: Acoso y detenciones breves por motivos políticos en Cuba”, AI contabiliza 2.784 casos de abusos contra los derechos humanos en los primeros nueve meses de 2011, 710 más que en 2010, según reportes de la ilegal, aunque tolerada, Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN).
La organización con sede en Londres revela además que desde marzo de 2011, más de 65 periodistas independientes han sido arrestados, la mayoría de ellos en más de una ocasión.
AI señala en su informe publicado este jueves que “El gobierno cubano mantiene una campaña permanente de acoso y detenciones breves contra los opositores políticos para impedirles exigir respeto por los derechos civiles y políticos”.
La organización defensora de los derechos humanos indica que, de las personas actualmente en prisión, “ha adoptado a cuatro presos de conciencia, detenidos exclusivamente por el ejercicio pacífico de sus libertades fundamentales”, e insta al Gobierno cubano a que ponga en libertad inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia, “hayan sido juzgados o no”.
Los activistas adoptados son Antonio Michel Lima Cruz, Marcos Máiquel Lima Cruz, Yasmín Conyedo Riverón y su esposo Yusmani Rafael Álvarez Esmori.
El informe menciona especialmente a los activistas Ivonne Malleza Galano e Ignacio Martínez Montejo, que el régimen mantuvo detenidos, junto a Isabel Haydée Álvarez, durante 52 días, tiempo durante el cual fueron privados de contacto con el exterior y recuerda que Malleza Galano fue recluida en régimen de incomunicación durante 10 días.
AI se refiere además a las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades cubanas contra el ex preso de conciencia José Daniel Ferrer, coordinador de UNPACU; los activistas Iris Tamara Pérez Aguilera, Yasmín Conyedo Riverón y Yusmani Rafael Álvarez.
El informe señala que los “actos de repudio”, que describe como “manifestaciones encabezadas por partidarios del Gobierno con la presunta participación de agentes de la seguridad del Estado, con el objetivo de acosar e intimidar a quienes critican al gobierno”, se han convertido en “práctica corriente”
AI muestra su preocupación, en particular, por las integrantes del movimiento Damas de Blanco, que han sido objeto “de la represión en varios lugares de Cuba”, han sufrido “malos tratos, palizas y detenciones”.
La organización denuncia que “Cuba no tolera ninguna crítica al Estado realizada fuera de los mecanismos oficiales”, que no existen organizaciones políticas o de derechos humanos con reconocimiento jurídico y que los sindicatos y asociaciones de abogados independientes del Partido Comunista “no pueden operar legalmente, y sus miembros son cometidos a medidas represivas”.
Así, señala el informe, “Todo desafío a la política oficial da invariablemente como resultado una acción de represalia que incluye la violación de los derechos humanos”.
El informe de la organización cita a la agencia de noticias independiente Centro de Información Hablemos Press (CIHPRESS) para señalar que “el número de detenciones (…) se cuadruplicó de 2009 a 2010, y se duplicó de 2010 a 2011”.
Asimismo, el informe denuncia el caso del periodista independiente José Alberto Álvarez Bravo, detenido en 15 ocasiones entre abril y octubre de 2011.
El régimen cubano niega oficialmente la existencia de presos políticos en la Isla y acusa a los activistas de derechos humanos, los periodistas independientes y en general a toda la disidencia, incluido el movimiento de las Damas de Blanco, de ser “mercenarios” financiados desde el exterior.
El Gobierno de la Isla debe, según AI, garantizar “que ninguna persona es detenida o encarcelada por ejercer de forma pacífica su derechos a la libertad de opinión, expresión, asociación y reunión”, entre otras recomendaciones recogidas en el informe.
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