Avanza demanda de abogados independientes

Después de una batalla sin precedentes que llegó al Tribunal Supremo de Cuba, un grupo de abogados independientes ha ganado el primer paso para inscribir una organización que proporcione asesoramiento jurídico a la sociedad civil, incluidos los disidentes, informó El Nuevo Herald.

“No estamos cantando victoria todavía, pero ya estamos preparando el segundo paso necesario para convertirnos en protectores del pueblo, de todo el pueblo sin excepciones”, dijo el lunes Wilfredo Vallín, por teléfono desde La Habana, al periódico de Miami.

El abogado de 63 años puso una demanda contra la ministra de Justicia, María Esther Reus González, en 2009 alegando que violó la ley al negarse a responder a su intento de inscribir oficialmente la Asociación Jurídica Cubana (AJC) como una organización no gubernamental.

Los funcionarios del ministerio no habían respondido nunca antes a tales solicitudes de los críticos del Gobierno, lo cual hace que los grupos fueran técnicamente ilegales y, por lo tanto, que estuvieran sujetos a castigo por el delito de “asociación ilícita”.

Los tribunales, controlados por el Partido Comunista, descartaban a su vez las pocas impugnaciones legales presentadas por los disidentes contra el Gobierno o sus funcionarios, según expertos legales. El Gobierno califica regularmente a los disidentes como “mercenarios” pagados por Estados Unidos, agrega la información de El Nuevo Herald.

Sin embargo, Vallín se sorprendió de que su demanda ascendiera por la escala legal de Cuba hasta abril, cuando el máximo tribunal declaró que el abogado no había presentado su documento ante el tribunal apropiado, pero permitió que el caso continuara.

Vallín escribió en la página web de la AJC el lunes que se enteró de su victoria durante una visita al ministerio, “en la que fue atendido con una amabilidad que ojalá se aplicara a cuanto cubano acude a ese ministerio”.

Vallín publicó una copia del documento del 3 de junio, expedido por el Departamento de Inscripción de Asociaciones del Ministerio de Justicia, que certifica que ningún otro grupo se ha inscrito con el mismo nombre o propósito que la AJC.

Con ese documento en la mano, ahora puede pedir que la AJC sea legalmente reconocida y autorizada para llevar a cabo su labor, le dijo a El Nuevo Herald.

La AJC se proyecta como un grupo independiente que ofrece asesoramiento jurídico gratuito a cualquier persona que lo necesite. Sin embargo, ha trabajado sobre todo con grupos disidentes, y los funcionarios de la seguridad del Estado han bloqueado o impedido varios seminarios de la AJC planeados para enseñar a los disidentes sus derechos cuando se enfrentan a la policía.

“No se me escapa que para aquellos acostumbrados a hacer de la ley letra muerta y a campear ‘por su respeto’, la posibilidad de la existencia de una ONG de abogados independientes que reclame la aplicación pareja de la ley a todos en igualdad ante ella, no es una buena noticia”, escribió en su mensaje en la web.

Vallín demandó a Reus González para obligar a que su ministerio respondiera a su solicitud de un certificado donde se estableciera que ninguna otra organización no gubernamental se había inscrito con el mismo nombre o propósito que la AJC.

Para sorpresa de Vallín y de los expertos legales cubanos, un tribunal accedió a considerar su queja y, posteriormente, ordenó a la ministra que designara abogados para que la defendieran contra la demanda.

“Al fin, luego de dos años y dos meses, la Asociación Jurídica Cubana (AJC) recibió el certificado que nos llevó a una insospechada (e indeseada) marcha hasta el Tribunal Supremo de la nación”, escribió Vallín el lunes.

Agregó que se encuentra trabajando actualmente en el siguiente paso: la solicitud de que la AJC sea oficialmente reconocida como la primera organización independiente y verdaderamente no gubernamental de Cuba.

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