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Delincuentes, Acuerdo, Inmigración

Delincuentes cubanos pudieran ser deportados

Entre los posibles deportables hay 2.000 homicidas

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El súbito fin de la política “pies secos/pies mojados” y los privilegios de inmigración para los cubanos puede abrir la puerta a otra decisión que tendría un impacto significativo sobre miles de familias del sur de la Florida: la deportación a la Isla de delincuentes cubanos, informa el Nuevo Herald.

El Gobierno de Estados Unidos tiene una lista de 28.400, todos en libertad tras cumplir sus condenas.

Después de décadas de mantener una línea dura de no aceptarlos, funcionarios cubanos dijeron el jueves que estudiarían la propuesta, uno de los tópicos de las negociaciones entre Washington y La Habana desde que se reanudaron las relaciones diplomáticas en 2015. Aunque parece poco probable que Estados Unidos deporte en masa a estas personas, las dos partes dieron a entender que hay una apertura diplomática para negociar los casos individualmente.

Gustavo Machín, subdirector de la Sección de Estados Unidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, dijo que su Gobierno estudiaría tomar en cuenta casos de cubanos que han “infringido leyes” en Estados Unidos que “no pueden permanecer” en el país.

Entre esos cubanos que han cumplido sus condenas de prisión y ahora enfrentan la deportación hay más de 2.000 homicidas.

Durante décadas, a estas personas se les ha permitido vivir en la Florida y otras partes del país bajo la supervisión de las autoridades de inmigración, porque el gobierno federal no tenía relaciones con Cuba y por lo tanto no podía negociar su deportación. Del total que enfrentarían la deportación, unos 18.000 viven en la Florida.

Aunque el asunto de los delincuentes no se mencionó específicamente en el histórico acuerdo, una parte de este aborda el tema de los inmigrantes cubanos que “permanecen” en Estados Unidos “en violación de las leyes estadounidenses”. Y agrega que el Gobierno norteamericano “se centrará en individuos... que se determine son una prioridad para su regreso [a Cuba]”.

El secretario de Seguridad Interior, Jeh Johnson, dijo el jueves a los reporteros que “según nuestro acuerdo con Cuba, también existe la posibilidad de que La Habana acepte el regreso de migrantes no contemplados en este acuerdo, pero caso por caso”.

Algunos expertos jurídicos del sur de la Florida que han seguido el tema dijeron que la deportación de los delincuentes cubanos debía haberse implementado hace tiempo.

“Los delincuentes convictos de origen cubano deben ser deportados si no pueden establecer una razón legal para que Estados Unidos no los envíe de regreso”, dijo el abogado miamense Marcos Jiménez, exfiscal federal del sur de la Florida. “Y Cuba debe aceptarlos, y cumplir la parte que le corresponde ahora que los dos países han restablecido las relaciones diplomáticas”.

Jiménez, quien fue nombrado fiscal federal por el entonces presidente George W. Bush, dijo que las deportaciones “deben ser una prioridad absoluta para el nuevo gobierno [de Donald Trump]”.

Pero al mismo tiempo, dijo Jiménez, el Gobierno cubano “debe deportar” a docenas de fugitivos de la justicia estadounidense, solicitados por delitos en este país “y quienes están ocultos en Cuba”.

Durante las últimas dos décadas, ha habido un aumento en la cantidad de delitos federales, como estafas al Medicare y otros tipos de fraude al Gobierno, en que los cubanos huyen a la Isla con el dinero robado, una tendencia problemática que forzó a algunos políticos cubanoamericanos a cuestionarse el asunto del estatus especial de refugiados que se otorgaba a los nuevos inmigrantes cubanos.

Durante decenios, los cubanos —entre ellos los condenados por delitos en Estados Unidos— se han beneficiado de privilegios únicos de inmigración mientras La Habana y Washington no tenían relaciones diplomáticas.

En términos generales, el Gobierno del presidente Barack Obama ha hecho cumplir con fuerza las leyes que exigen la deportación de extranjeros delincuentes: más de un millón de estas personas han sido devueltas a sus países desde 2009, en su mayoría por delitos de inmigración y narcotráfico, muestran los registros. Pero estas acciones se han aplicado pocas veces a inmigrantes cubanos a lo largo de los años, en lo fundamental debido a la negativa de La Habana a recibirlos.

Como resultado, sin un nuevo acuerdo de inmigración con el Gobierno cubano, la gran mayoría de los delincuentes cubanos que cumplieron condenas de prisión fueron liberados. Eso se debió a que según fallos de la Corte Suprema en 2001 y 2005, que establecieron que no se puede mantener detenidos indefinidamente a inmigrantes que no pueden deportarse. Por el momento, están bajo la supervisión de la Policía de Inmigración y Aduanas.

Ha habido una sola excepción a esta norma, a raíz del éxodo del Mariel en 1980. El gobierno cubano envió a miles de delincuentes y pacientes mentales, que sacó de prisiones y hospitales psiquiátricos, a la Florida, como parte del éxodo del Mariel, en que llegaron 125.000 cubanos a la Florida.

Posteriormente, a tenor con un acuerdo de repatriación de 1984, funcionarios estadounidenses y cubanos negociaron una lista de unos 2.750 ciudadanos cubanos que podían ser deportados a la Isla. De esos, más de 2.020 han sido devueltos, según Inmigración y Aduanas. Otros 250 han fallecido y 475 están demasiado viejos y enfermos para ser deportados.

El Gobierno de La Habana ha aceptado la deportación de solo cinco cubanos no incluidos en la lista de los del Mariel.

Además, hay 6.700 cubanos con órdenes de deportación por infracciones no penales de las leyes de inmigración estadounidenses, entre ellos los que nunca solicitaron la residencia permanente después de vivir en el país más de un año.


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