Carlos Lage, Felipe Pérez Roque
El gobierno enjuiciará al empresario Conrado Hernández
También serán encausadas otras personas vinculadas a las destituciones de Carlos Lage y el ex canciller Felipe Pérez Roque.
El gobierno llevará a juicio al ingeniero industrial Conrado Hernández, ex representante en la Isla de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial del Gobierno vasco, y también a otras personas vinculadas a las destituciones del ex vicepresidente Carlos Lage y el ex canciller Felipe Pérez Roque, informó el diario miamense El Nuevo Herald.
Según el rotativo, que cita una fuente anónima de la Fiscalía General de Cuba, el fiscal general Juan Escalona Reguera es quien lleva el caso y entre los cargos que se barajan están los de espionaje y revelación de secretos concernientes a la Seguridad del Estado.
El diario señala que la misma fuente informó que el expediente del caso se encuentra en fase preparatoria y la fecha para el juicio podría fijarse para el año próximo.
"El oficial encargado del expediente de instrucción es el teniente coronel Estrada, una estrella en ascenso que ha llevado con éxito varios casos grandes de corrupción en las esferas del gobierno. Escalona personalmente, como supervisor, garantizará que la acusación no se caiga'', añadió la fuente a El Nuevo Herald.
De acuerdo con la fuente, citada por el rotativo, también están implicados en el caso la esposa de Hernández, la teniente coronel Amalia, doctora del Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas (CIMEQ); y Raúl Castellanos Lage, primo del destituido vicepresidente, quien junto a Hernández está incomunicado en Villa Marista.
Asimismo, afirmó que ni Carlos Lage ni Pérez Roque están acusados, y que Amalia, quien fue interrogada pero permanece en libertad, habría ofrecido datos acerca de la situación de salud de Castro.
El diario miamense indica que, según la fuente citada, la mujer está cooperando con las autoridades y podría recibir una significativa atenuación de su presunta culpabilidad, aunque no se sabe si el proceso se inició a finales de marzo o en abril.
El Código Penal cubano estipula sanciones de 10 a 20 años de cárcel o pena de muerte por actos de espionaje en favor de los servicios de un estado extranjero, y hasta 15 años por la revelación de secretos políticos, militares, económicos o de cualquier naturaleza que conciernan a la seguridad nacional, afirma El Nuevo Herald.
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