Fraude en EEUU y lavado de dinero en Cuba

El caso del cubano Orelvis Olivera Amador parece sacado del guion de una película de esas que tratan las vidas, reales o ficticias, de los estafadores más habilidosos que hayan existido, informa el Nuevo Día.

El cubano residente en Estados Unidos fue detenido en el 2014 en EEUU por mantener una operación que defraudó en $8 millones al Medicare y dejó al descubierto una práctica delictiva que afectó a múltiples personajes de la comunidad hispana en la Florida.

Testigos de su caso federal, por el cual cumple cárcel en EEUU, aseguraron que Olivera Amador se apropió de cada centavo que defraudó mediante una trama ilegal, pero todavía faltaba dar con el rastro detallado sobre hacia dónde se envió todo ese dinero.

Pues parte del rompecabezas ha comenzado a ser armado y las autoridades cubanas encontraron una red de apoyo que Oliver Amador operaba en Cuba para aprovechar las nuevas leyes de iniciativa privada de la Isla para de alguna forma lavar el dinero que defalcó en EEUU.

El periódico regional El Escambray, que se publica en la provincia de Sancti Spiritus y que se ha convertido en una suerte de nuevo modelo de la prensa oficial cubana, publicó un extenso reportaje en el cual da conocimiento del caso del hombre que era conocido como “Papo”.

Las autoridades policiales cubanas encontraron en Sancti Spiritus y La Habana un esquema que aseguran conforma los delitos de lavado de activos, evasión fiscal y falsificación de documentos públicos.

La Fiscalía ha radicado una causa ante el Tribunal Provincial de Sancti Spíritus para juzgar a 17 personas por estos crímenes —entre ellos Olivera Amador, aunque en ausencia—, la cual espera por su primera audiencia oral.

“La Fiscalía Provincial desarrolló un acto administrativo contra el ciudadano cubano-estadounidense —representado por uno de sus hermanos— y seis de los terceros beneficiados o ‘presta nombres’, al amparo del Decreto-Ley No. 149 sobre confiscación de bienes e ingresos obtenidos mediante enriquecimiento indebido, aprobado en 1994”, sostiene el reportaje periodístico.

El caso ha sido todo un escándalo en Cuba, pues confirma de manera oficial lo que era un comentario popular generalizado, que los tentáculos del dinero sucio habían contaminado seriamente algunas de las populares iniciativas de negocios privados iniciadas por el gobierno cubano, entre ellas la adquisición de propiedades, el alquiler de habitaciones y los restaurantes privados o paladares.

La práctica en Cuba había sido la de procesar negocios vinculados a hechos como este, como lo ocurrido en los populares restaurantes habaneros El Litoral o Lungomare y hoy cerrados tras intervenciones del Ministerio del Interior, pero sin ser discutidos a nivel público.

La difusión del caso de Olivera Amador lo hace distinto, pero más particular es que la causa legal ataca directamente el uso de testaferros como recurso para legitimar operaciones que en Cuba están prohibidas, como la apertura de hostales, por ejemplo.

El uso de testaferros se ha hecho bastante común entre la población, sobre todo entre la más pudiente o la que tiene acceso a capital extranjero, pues utilizan toda la red familiar o de amigos para adquirir licencias y abrir negocios burlando así la filosofía de estatal de un negocio o una propiedad urbana por ciudadano.

El esquema utilizado por “Papo” parecería normal y legal en el mundo capitalista, pero es ilegal en Cuba.

Además, las autoridades cubanas sostienen que el dinero es sucio, y que sus amigos y familiares lo usaron para adquirir a sus nombres distintos apartamentos de un mismo edificio y así crear un pequeño hostal que en realidad era propiedad de Oliver Amador, lo cual es ilegal en el sistema socialista cubano.

La historia de Papo se dio a conocer en el año 2014, cuando fue procesado en Estados Unidos acusado por ser titular de la empresa Acclaim Home Health Care Inc., una fachada que utilizó para defraudar en $8 millones al programa de Medicare.

Como parte de los nuevos acuerdos de colaboración entre las autoridades de seguridad cubanas y estadounidenses, surgidos en la Administración de Barack Obama, Cuba se dio por enterada del caso de Oliver Amador y puso manos a la obra.

La investigación cubana detectó que entre 2007 y 2014, “Papo” realizó 26 viajes a Cuba para tejer una red de inversiones por intermedio de sus familiares y amigos más cercanos, a los que utilizó como testaferros.

Todo apunta que parte de lo estafado al Medicare fue utilizado por el principal acusado y sus socios para la adquisición de varios inmuebles en Sancti Spíritus y La Habana, así como un auto, y diferentes artículos para poner a funcionar un hostal y un negocio de comida en los inmuebles.

Además de la imposibilidad de demostrar la procedencia legal del dinero invertido en esas operaciones, las autoridades judiciales cubanas también probaron violaciones a las regulaciones establecidas por la Aduana General y el Banco Central de Cuba para la entrada de dinero al país, así como un fraude eléctrico con afectación de más 20,000 pesos cubanos.

Las autoridades valoraron en un monto ligeramente superior a los ocho millones de pesos en moneda nacional (unos $325.000, lo cual es una fortuna en Cuba) el patrimonio personal y familiar adquirido por Olivera Amador durante el período de enriquecimiento ilícito en Cuba.

Una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) adjudicó a favor del Estado cubano, entre otros bienes, cuatro viviendas, un auto, una cuenta bancaria ascendente a unos $4.600,00, otra por 15.228 pesos cubanos (unos $6.400,00) y otra por 550 euros.

Se espera que, en la primera audiencia oral del juicio, la Fiscalía presente toda la evidencia de un supuesto lavado de activos, encubrimiento ilícito de bienes o introducción de recursos provenientes de actividades delictivas, mediante operaciones bancarias o de otra índole.

Antes del caso de Olivera Amador, el caso más sonado se dio a principios de década, cuando la policía detuvo a Gilberto Martínez Suárez, quien ese momento era conocido en el mundo de los reguetoneros cubanos como “Gilberman”.

Al momento de su detención, Martínez Suárez estaba prófugo en Estados Unidos, donde estaba acusado por realizar 176 transacciones fraudulentas con más de un centenar de tarjetas de crédito por un monto de unos $150.000.

Poco después, el acusado fue condenado en Cuba a cumplir 17 años de cárcel por varios delitos, entre ellos lavado de dinero, falsificación fiscal, evasión fiscal, sustracción de electricidad (tenía conexiones ilegales en su casa), cohecho y actividad económica ilícita.

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