Funcionario mexicano de inmigración testifica en juicio de Posada Carriles

El juicio por presunto perjurio y fraude contra el exiliado cubano Luis Posada Carriles se reanudó el miércoles con el testimonio de un funcionario de inmigración de México que declaró sobre el ingreso a ese país de una persona con un pasaporte guatemalteco en el que se distingue la foto del anticastrista.

Al reanudarse el juicio, después de una interrupción de dos días, de inmediato entró en sesión a puertas cerradas, con duración de una hora, en la que los abogados del caso al parecer discutieron ante la jueza asuntos relacionados con documentos secretos, informó el diario El Nuevo Herald.

Fue la segunda vez, desde que comenzó el juicio el 10 de enero, que se lleva a cabo una sesión a puertas cerradas, pero fue la primera vez que, además, se les pidiera al público y a los periodistas salir de la sala del tribunal. También tuvieron que salir los alguaciles federales, ayudantes judiciales y hasta el propio Posada. Solo quedaron dentro del tribunal la jueza, el principal abogado de Posada, Arturo V. Hernández, y los tres fiscales del caso, T.J. Reardon III, Jerome Tereseinski y Bridget Behling, añade la información de El Nuevo Herald.

No se sabe a ciencia cierta qué se discutió durante la sesión a puertas cerradas, pero en días anteriores los abogados de Posada habían exigido y recibido una serie de documentos del Gobierno, antes secretos, entre ellos varios informes del FBI. Uno de los informes supuestamente atribuía al Gobierno de Cuba, en lugar de a Posada, la responsabilidad de una serie de atentados con bombas en sitios turísticos en Cuba en 1997, agrega la información del Herald.

Tras la sesión a puertas cerradas, la Fiscalía Federal llamó al estrado a Mauricio Castro Medina, director de Planeación y Promoción del Instituto Nacional de Migración de México, quien dijo que personal de ese ente permitió el ingreso vía Chetumal en 2005 a la persona con el pasaporte a nombre de Manuel Enrique Castillo López.

Con este testigo, los fiscales buscan probar que Posada Carriles presuntamente ingresó a México para seguir hacia EEUU en marzo de ese año a través de Belice, utilizando un pasaporte guatemalteco con ese nombre y su fotografía, para luego trasladarse a Isla Mujeres, en Quintana Roo, donde habría viajado en una embarcación a Miami.

Al menos dos de los 11 cargos que enfrenta el acusado se sustentan en que supuestamente el cubano-venezolano habría mentido al declarar en su solicitud de naturalización que nunca tuvo documentos de Guatemala —como un pasaporte—, “cuando en realidad poseía uno expedido por esa nación a nombre de Manuel Enrique Castillo López con su fotografía”, según la décima acusación.

El cargo undécimo indica que el acusado habría mentido a funcionarios estadounidenses de Inmigración cuando aseguró que los únicos nombres que había usado, además del suyo propio, eran solo Ramón Medina y Franco Rodríguez “cuando utilizó además el de Manuel Enrique Castillo López”.

Castro Medina identificó hoy en el estrado los sellos de ingreso a Quintana Roo, con fecha 14 de marzo, en los pasaportes de los exiliados cubanos Rubén López Castro, José Pujol, y Generoso Bringas, y los de salida del 15 de marzo.

Además, identificó las aplicaciones migratorias y sellos de ingreso a México vía Chetumal, Quintana Roo, del 11 de marzo en pasaportes de Ernesto Abreu y Manuel Enrique Castillo López.

El jueves pasado declaró Generoso Bringas, amigo de Santiago Álvarez, dueño de la embarcación La Santrina en la que se habría trasladado Posada Carriles, y aseguró que nunca estuvo en ese barco embarcación y que perdió su pasaporte en 2005.

Además, la jueza Kathleen Cardone se reunió hoy en privado con el abogado principal del anticastrista, Arturo Hernández, y los fiscales federales, para hablar sobre la información confidencial del juicio que la Fiscalía presentó como clasificada.

Entre los documentos clasificados que no se han mostrado en el tribunal están los relacionados con la colaboración de Posada Carriles para la CIA de 1964 a 1976.

La defensa del acusado solicitó a la Fiscalía que se presenten documentos que precisen el sueldo que percibió su cliente del Gobierno como miembro de esa agencia, sus funciones y los alias que utilizó por instrucción de la misma.

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