Actualizado: 15/02/2019 14:21
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Represión, Derechos Humanos, ONU

Gobierno cubano: el violador premiado

Las leyes que tipificaban los “desórdenes públicos”, el “desacato”, la “falta de respeto”, la “peligrosidad” y la “agresión” se utilizan para procesar, o amenazar con procesar, por motivos políticos a opositores al Gobierno

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El Gobierno de Cuba fue reelecto para un nuevo período como miembro del Consejo de Derechos Humanos durante la votación registrada el viernes en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) que sesiona en New York.

El hecho es una nueva muestra de una situación que atañe solo a la Isla, y es la desvinculación entre la realidad de los países, las denuncias de los organismos no gubernamentales y los compromisos, alianzas —o componendas— entre Estados que se amparan mutuamente para garantizar al menos cierta impunidad en sus actos.

Cuba competía por uno de los dos asientos vacantes en el grupo de América Latina y el El Caribe al que aspiraban también Brasil y Guatemala.

La candidatura cubana obtuvo el respaldo de 160 de los 193 Estados miembros, mientras que la brasileña recibió 137 votos a favor y la guatemalteca se quedó en 82, informa Martínoticias.

Para el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, la reeleción no tiene implicaciones “al interior de Cuba, donde el Gobierno actúa no solo al margen de las leyes internacionales sino nacionales”, agrega Martínoticias.

El informe para Cuba 2015/2016 de Amnistía Internacional abunda información suficiente para que el gobierno de la Isla fuera excluido de dicho Consejo.

A pesar de la creciente apertura de las relaciones diplomáticas, continuaban las fuertes restricciones de la libertad de expresión, asociación y circulación. Se tuvo noticia de miles de casos de hostigamiento y detenciones arbitrarias de personas críticas con el Gobierno, señala Amnistía Internacional.

Al finalizar el año, Cuba no había ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ni el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —ambos firmados en febrero de 2008—, y tampoco el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Las personas críticas con el Gobierno seguían siendo objeto de hostigamiento, “actos de repudio” (manifestaciones encabezadas por simpatizantes del Gobierno en las que participaban agentes de los servicios de seguridad del Estado) y procesamientos penales por motivos políticos. El sistema judicial seguía estando bajo control político.

El Gobierno seguía controlando el acceso a Internet y bloqueaba y filtraba sitios web, limitando el acceso a la información y las críticas al Estado [CUBAENCUENTRO es un ejemplo de ello]. Según información facilitada por activistas, los teléfonos móviles no funcionaron durante la visita del Papa en septiembre.

Seguían conociéndose casos de personas críticas con el Gobierno, incluidos periodistas y activistas de derechos humanos, que eran sometidas de forma habitual a arrestos arbitrarios y breves periodos de detención por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación, reunión y circulación.

La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) documentó durante el año más de 8.600 detenciones, por motivos políticos, de opositores y opositoras del gobierno y activistas, detalla Amnistía Internacional.

Según Granma, el periódico oficial del Partido Comunista, antes de la visita del Papa Francisco en septiembre, las autoridades anunciaron que liberarían a 3.522 presos, entre ellos a las personas de más de 60 años, los presos menores de 20 sin antecedentes penales, los enfermos crónicos y los extranjeros cuyos países hubieran accedido a repatriarlos.

Sin embargo, antes de la visita y en su transcurso, hubo activistas de derechos humanos y periodistas que denunciaron un aumento significativo de los arrestos y de los periodos breves de detención. Sólo en septiembre, la CCDHRN registró 882 detenciones arbitrarias, entre ellas las de tres activistas que al parecer se acercaron al Papa para hablar de temas relativos a los derechos humanos. Los tres se declararon en huelga de hambre mientras estuvieron bajo custodia.

Las simpatizantes y las integrantes de las Damas de Blanco, un grupo de mujeres que pedía la liberación de presos políticos y un aumento de las libertades, eran arrestadas y detenidas con asiduidad durante periodos de hasta 30 horas, según la CCDHRN; lo mismo sucedía con los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, un grupo disidente. La finalidad de estas detenciones era impedir a los activistas acudir a las marchas que llevaban a cabo los domingos y evitar que protestaran.

El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, la policía política detuvo a activistas, muchos de ellos en sus casas, para evitar que protestaran pacíficamente. También impidió a periodistas abandonar sus lugares de trabajo para informar sobre la noticia.

En Cuba, las leyes que tipificaban los “desórdenes públicos”, el “desacato”, la “falta de respeto”, la “peligrosidad” y la “agresión” se utilizan sistemáticamente para procesar, o amenazar con procesar, por motivos políticos a opositores al Gobierno.


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