Actualizado: 25/06/2019 9:27
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Justicia, Represión

Interrogados por la Seguridad del Estado miembros de la Asociación Jurídica Cubana

“El desprestigio a la que, en breve, será sometida la organización a través de los medios nacionales de comunicación masiva” fue uno de los temas mencionados por los agentes de la policía política

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Dos abogados cubanos, miembros de la organización independiente Asociación Jurídica Cubana (AJC), fueron citados el pasado 12 de septiembre por el Departamento de Seguridad de Alquízar, según información publicada hoy en el blog de la entidad.

La información, editada por Wilfredo Vallín Almeida, abogado de 63 años, indica que la orden de citación venía firmada por el subteniente Javier Rebozo Pérez y los abogados debían comparecer ante él al día siguiente, el martes 13.

En el post titulado “Irrespeto y derecho a réplica”, Vallín señala que los agentes de la policía política, además de indagar sobre los miembros, propósitos y fuentes de financiación de la asociación, así como sobre las relaciones de su presidente con la oposición, amenazaron a los letrados con que la organización será sometida a una campaña de desprestigio a través de los medios nacionales de comunicación.

Según la información, los abogados fueron “entrevistados” por separado y entre los temas planteados por los agentes presentes en la reunión, se indican:

“El por qué de la presencia de esas personas en la Asociación Jurídica Cubana.

“La ausencia de claridad en cuanto a los propósitos perseguidos por la AJC.

“El carácter contrarrevolucionario del Presidente de la Organización.

“Las relaciones del licenciado Wilfredo Vallín con connotadas figuras de la Oposición al actual gobierno de Cuba.

“La procedencia de los recursos económicos con los que parece contar la AJC.

El desprestigio a la que, en breve, será sometida la Organización a través de los medios nacionales de comunicación masiva.”

Vallín informa en el post que ya desde las propias citaciones se estaba violando la Ley de Procedimiento Penal, en su artículo 86, inciso 3, que obliga a especificar el objeto del requerimiento, lo que las invalidaba de pleno derecho.

Sin embargo, informa Vallín, los letrados de la AJC decidieron acudir a las citas.

El letrado cubano agrega que tiene derecho a replicar “contra cualquier cosa que considere denigrante a su dignidad” y se propone responder uno a uno los puntos anteriores, sin esconderse ni ocultar nada, y “ante todo aquel que quiera saber, sobre todo si se trata de nuestros compatriotas”.

El abogado sostiene que no reconoce al Departamento de la Seguridad del Estado de la Isla ninguna competencia en los asuntos relacionados con la AJC, por cuanto ninguna de las instituciones oficialistas relacionadas con el proceso de constitución de la asociación y los trámites realizados hasta ahora por la misma —Registro de Asociaciones, Ministerio de Justicia y Tribunales nacionales— ha manifestado inconformidad con la actuación de la organización.

“A nuestro modo de ver”, continúa Vallín, “la intervención de la policía política en un proceso absolutamente legal, que se desarrolla según las normas jurídicas establecidas por las instancias facultadas para ello, en manos de autoridades con competencia para dirimirlo, es, en primerísimo lugar una falta de respeto al poder judicial de la nación y una negación de los derechos ciudadanos elementales que supuestamente disfrutamos.”

El abogado independiente agrega que el máximo órgano de administración de justicia cubano, el Tribunal Supremo Popular, ha reconocido el derecho de los ciudadanos a la asociación pacífica, “siempre que cumplan las formalidades establecidas por la Ley”, y reconoce que le cuesta “mucho trabajo admitir que el Departamento de Seguridad del Estado desconozca esto”.

Vallín termina el post advirtiendo que en publicaciones inmediatas en el sitio de la AJC y en otras “publicaciones amigas” sacarán a la luz la réplica a los puntos aludidos en los interrogatorios a los que fueron sometidos los otros miembros de la asociación y recuerda que el presidente de la organización está dispuesto a responder a cualquier cuestionamiento: “No hace falta llamar a simples miembros”, señala, “pueden llamarlo a él (presidente), que seguramente acudirá sin necesidad de citación”, concluye.

La imagen publicada en el sitio reproduce una de las citaciones a las que hace referencia el post, dirigida a Odalina Guerrero Lara y firmada por el subteniente de la policía política.

La AJC se proyecta como un grupo independiente que ofrece asesoramiento jurídico gratuito a cualquier persona que lo necesite. Ha trabajado sobre todo con grupos disidentes, y los funcionarios de la seguridad del Estado han bloqueado o impedido varios seminarios de la AJC planeados para enseñar a los disidentes sus derechos cuando se enfrentan a la policía.


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