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Juez español rechaza la 'querella criminal' presentada contra Castro
Los argumentos del juez son similares a los utilizados en diciembre de 1998 para no admitir a trámite una demanda que tenía el mismo objetivo.
El juez de la Audiencia Nacional española, Ismael Moreno, no admitió a trámite la querella presentada en octubre por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, por los delitos de genocidio, crímenes, torturas y terrorismo, contra Fidel Castro, su hermano Raúl, y los ex ministros del régimen Osmany Cienfuegos y Carlos Amat, informó Europa Press.
Fuentes jurídicas indicaron este viernes que los argumentos del juez para rechazar la querella son similares a los utilizados en diciembre de 1998 para no admitir a trámite una demanda similar interpuesta por el misma Fundación.
El juez Moreno rechazó en 1998 la querella por no entender que los hechos denunciados fueran constitutivos de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas alegados, y considerar que no se podía convertir a la Audiencia Nacional española en un "tribunal penal internacional", ya que, en su opinión, "el principio de represión universal puede llevar a convertir a tribunales nacionales en jueces de la conducta de responsables de gobierno extranjeros".
El 3 de marzo de 1999, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la decisión del juez Moreno.
"Si España reconoce la soberanía del pueblo cubano y mantiene con dicho país relaciones diplomáticas, la jurisdicción penal española no puede atribuirse el conocimiento de los hechos supuestamente delictivos (sean o no genocidio), en cuanto que uno de los querellados es el excelentísimo señor Fidel Castro, que representa frente a España la soberanía del pueblo cubano", dijo entonces el Pleno.
La querella presentada el pasado mes de octubre por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y trece ciudadanos cubanos repite la de 1998, salvo porque recuerda la reciente sentencia del Tribunal Constitucional español que permite perseguir los delitos de genocidio con independencia de la nacionalidad de las víctimas.
En cualquier caso, hasta ahora la Audiencia Nacional española siempre ha mantenido la inmunidad de los jefes de Estado y de gobierno, y la Fundación pedía que se ordenara la detención, vía Interpol, de los querellados, en cualquier país al que se desplazaran.
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