Actualizado: 23/09/2020 15:36
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Justicia, Alan Gross, Relaciones Cuba-EEUU

La familia de Alan Gross espera que el juicio permita su liberación

La audiencia de apelación del contratista estadounidense está prevista para el viernes 22 de julio

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La familia del contratista estadounidense Alan Gross, condenado por el Gobierno cubano a 15 años de cárcel acusado de espía, espera que el juicio de apelación que celebrará este viernes, 22 de julio, el Tribunal Supremo permita su liberación inmediata, dijo este miércoles su abogado.

“La familia mantiene la esperanza de que el Tribunal (…) tomará una decisión que permitirá a Alan ser liberado de inmediato, después de haber cumplido ya casi 20 meses en una prisión cubana”, dijo en un comunicado el abogado norteamericano de Gross, Pedro Kahn.

El letrado insistió en que Gross, condenado en marzo acusado de “actos contra la independencia o la integridad territorial”, ayudaba a la pequeña comunidad judía en la Isla a “mejorar la conexión a internet” y que sus acciones no eran una “amenaza para el gobierno cubano”.

“La audiencia del viernes permite a Alan otra oportunidad para reiterar, a través de su abogada cubana, que sus acciones en la Isla nunca trataron de ser —y de hecho nunca lo fueron— una amenaza para el gobierno cubano”, afirmó el abogado en su nota.

Según Khan, el encarcelamiento de Gross “es una situación cada vez más difícil para toda la familia”, por lo que pidió a las autoridades cubanas que lo liberen “inmediatamente por razones humanitarias”.

La esposa de Gross, Judy, no podrá asistir a la audiencia porque se recupera de una cirugía, su hija se sometió a una operación de cáncer de mama y la madre sufre un cáncer inoperable, añadió el abogado.

El contratista, de 61 años, que fue detenido en La Habana el 3 de diciembre de 2009 por distribuir tecnología a una comunidad judía, trabajaba para la empresa Development Alternatives (DAI), una subcontratista de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid) que se dedica a labores de desarrollo en otros países.

El régimen de Raúl Castro acusa al contratista de ser “agente” de Washington que distribuía sofisticados equipos de comunicación a opositores cubanos y, según la justicia, las pruebas “demostraron su participación directa en un proyecto subversivo” para “tratar de destruir la revolución”.


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