La posibilidad de que el gobierno congele los precios en los agromercados crea tensiones

Un rumor de que el gobierno estaba a punto de congelar los precios en los agromercados liberados causó tensiones entre la población, temerosa de que un mayor control del Estado genere más escasez, reportó la AP.

La policía tuvo que intervenir en un agromercado este mes cuando los clientes comenzaron a gritarle a los inspectores del gobierno que realizaban una visita de rutina, según contaron trabajadores del lugar. Dos reporteros de la AP tuvieron que salir del mismo mercado este martes, cuando sus preguntas generaron fuerte discusión, según la agencia.

"Esto va a ser un desastre y habrá menos productos", afirmó a la AP, Antonio Gutiérrez, un trabajador de cooperativa que vende hortalizas y frutas en el agromercado de 42 y 19, en el municipio Playa, de la capital.

El gobierno pensaba congelar, a partir del 1 de noviembre, los precios en los agromercados liberados, los únicos donde rige la ley de la oferta y la demanda, aunque cuentan con supervisión estatal.

"El Estado aplazó el cambio para el 2 de enero de 2010, estoy muy preocupado porque podría perder mi trabajo", manifestó Pablo Miguel Saldívar, trabajador del mercado.

Los medios de prensa cubanos, todos bajo control del gobierno, no hicieron comentarios al respecto, pero un delegado municipal capitalino confirmó que se estaba preparando una revisión de los precios en los agromercados liberados, aunque habló bajo la condición del anonimato.

Gutiérrez, de una cooperativa en las afueras de Ciudad de La Habana que surte viandas, verduras y hortalizas al agromercado, precisó que "la cooperativa le vende el 70% de su producción al Estado y el 30% restante queda para los mercados a precio diferenciado".

Ismael, un joven de 24 años que lleva seis años comprando productos en las cooperativas para venderlos en los agromercados liberados, señaló: "nos quieren eliminar", aludiendo al gobierno.

"En este mercado hay de todo, eso es lo importante", dijo. "El Estado, en vez de controlar más, debería liberar este negocio, con una licencia, un impuesto, para acabar con la escasez".

Gladys, una jubilada de 72 años con una pensión de 240 pesos (11 dólares), se mostró conforme con que "el Estado controle los precios. Con mi pensión es poco lo que puedo comprar aquí. Pero es un problema bien complejo, aquí venden productos y son de calidad", en cambio "vengo de un agro estatal donde no había casi nada".

"¿Lograron poner alimentos en manos de la gente? Sí. Pero se reduce el control gubernamental", comentó Bill Messina, economista agrícola en la Universidad de Florida en Gainesville.

Messina afirmó que el Estado trata de "reforzar el control más que nunca... para consolidar el poder y superar la crisis".

"El problema es que el Estado tiene mucho atraso en el pago a los campesinos, mientras los camioneros pagamos al momento", afirmó Ismael, un intermediario que dio sólo su primer nombre porque parte de lo que hace es ilegal.

"Somos bandidos, eso dicen, pero sin nosotros, no funciona nada", agregó.

Messina afirmó que en el gobierno autorizó el funcionamiento de estos mercados para cubrir una necesidad y que tomó medidas de control varias veces "por algunas de las mismas razones de ahora: el mercado negro, los intermediarios que ganan mucho dinero y la incapacidad de controlar el mercado y el suministro de alimentos".

En la actualidad operan más de 300 mercados en todo el país, pero en todos hay supervisión estatal, en particular para fijar los precios, para evitar que suban demasiado y que los comerciantes se enriquezcan

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