Actualizado: 18/04/2024 23:36
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Golpe de Estado en Honduras

Mel Martínez cuestiona el cuartelazo y responsabiliza a quienes callaron ante el 'abuso de poder' de Zelaya

El Proyecto Demócrata Cubano afirma que el golpe 'conspira contra los avances' de una región, cuya 'añeja excepción' es el régimen de La Habana.

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El senador cubanoamericano Mel Martínez dijo este martes que la crisis en Honduras se debe a la "incapacidad de sus dirigentes para vivir dentro de los límites constitucionales" y responsabilizó a Estados Unidos y a la comunidad internacional por "el silencio ante el abuso de poder" de Manuel Zelaya.

No obstante, Martínez ((R-FL) aclaró que "cualquier alteración del orden constitucional es inaceptable, independientemente de quien la cometa".

"En la actual crisis, ni Estados Unidos ni ningún otro país debe tomar partido en la controversia constitucional, sino más bien fomentar una resolución a través del diálogo y ayudar a mantener el calendario para las elecciones presidenciales de Honduras", añadió el legislador en un comunicado publicado en su página de internet.

Desde La Habana, el Proyecto Demócrata Cubano condenó el "extemporáneo suceso", que "pretende interrumpir el ordenamiento democrático" de Honduras y "conspira contra los avances obtenidos en (…) la región latinoamericana y caribeña", de entre cuyos gobiernos "sólo el de Cuba constituye, hasta el presente, la añeja excepción".

Revelaciones sobre supuestos planes de Zelaya

Los opositores de Manuel Zelaya sostienen que el ahora ex presidente mantuvo la convocatoria de una consulta popular, a pesar de que la Corte Suprema, el Tribunal Electoral y el Congreso la habían declarado "ilegal".

Según publicó el diario local El Heraldo, el defenestrado presidente iba a instalar el domingo la Asamblea Nacional Constituyente, tras anunciar por cadena de radio y televisión los resultados de la encuesta de opinión.

La comisión especial del Congreso Nacional dio a conocer en un informe los motivos por los cuales se destituyó al presidente Zelaya Rosales.

La comisión presentó como una "evidencia fehaciente" de que Zelaya se disponía a romper el orden constitucional para perpetuarse en el poder, el decreto PCM-020-2009, emitido por el presidente de la República, en Consejo de Ministros, publicado el 25 de junio de 2009.

El decreto facultaba al presidente a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, sobre la base de los resultados del referéndum que se iba a realizar el domingo, de manera ilegal, porque los órganos judiciales y el Tribunal Supremo Electoral ya lo habían prohibido.


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