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Nuevas medidas no satisfacen a congresistas cubanoamericanos

Aunque la directiva de Trump contemplaba esencialmente una prohibición general de hacer negocios con empresas vinculadas con los militares cubanos, las normas restringen eso a 180 entidades

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Aunque cuando visiten Cuba los viajeros estadounidenses no podrán quedarse en hoteles de lujo como el Manzana Kempinski, propiedad de Gaviota, sí podrán alojarse en las casas particulares y en otras cadenas hoteleras como Cubanacán y Gran Caribe, que igualmente pertenecen al Gobierno.

Las regulaciones anunciadas el miércoles permiten los viajes “pueblo a pueblo” a Cuba sin una licencia específica aprobada de antemano. Autorizan además en la Isla las transacciones con tarjetas de crédito emitidas en Estados Unidos, y deja a los estadounidenses comprar puros y la mayor parte de las marcas de ron para uso personal.

Aunque la directiva del presidente Donald Trump contemplaba esencialmente una prohibición general de hacer negocios con empresas vinculadas con los militares cubanos, las normas restringen eso a 180 entidades y subentidades identificadas por el Departamento de Estado en su lista. Otras empresas no están afectadas, aunque sean propiedad o estén controladas por las entidades incluidas en la lista.

Las reglas, que entran en vigor hoy jueves derivan de un memorando presidencial que Trump firmó en Miami en junio, en que declaró que endurecía las transacciones comerciales entre Estados Unidos y Cuba, e imponía algunas limitaciones a los viajes que había liberalizado el expresidente Barack Obama. Trump acusó a su predecesor de haber firmado un acuerdo que solo beneficiaba al Gobierno cubano.

“Hemos fortalecido nuestras políticas sobre Cuba para alejar a las actividades económicas de las fuerzas militares cubanas e instar al Gobierno a avanzar hacia una mayor libertad política y económica para el pueblo cubano”, indicó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, con respecto a las nuevas normas.

Las disposiciones aprobadas no guardan relación alguna con los supuestos “ataques acústicos” que continúan siendo materia de especulación. Un funcionario del gobierno de EEUU dijo en una teleconferencia con periodistas el miércoles que las regulaciones no tenían “nada que ver con los incidentes acústicos”, informa el Nuevo Herald.

La demora en la conclusión de las medidas permitió a empresas estadounidenses como Caterpillar, el gigante de los equipos pesados, finalizar acuerdos comerciales con Cuba que no se verán afectados por las nuevas restricciones. El acuerdo de Caterpillar, que permite a su filial en Puerto Rico abrir un almacén y centro de distribución en la Zona Especial del Mariel, se anunció la semana pasada. Deere & Co., el fabricante de equipos agrícolas con sede en Illinois, también firmó un acuerdo la semana pasada para vender tractores al Gobierno cubano para que sean usados por las cooperativas agrícolas.

Asimismo, las regulaciones mantienen las excepciones anunciadas en el memorando presidencial para permitir los viajes de las aerolíneas comerciales y los cruceros y la actividad comercial autorizada hasta ahora. La mayoría de los viajes organizados antes de la publicación de las regulaciones también están permitidos.

La lista compilada por el Departamento de Estado incluye 180 compañías vinculadas al Grupo de Administración Empresarial, S.A., o GAESA, el vasto conglomerado militar que controla casi el 60 % de la economía cubana, según estiman expertos. La directiva de Trump —elaborada con la contribución de los congresistas de origen cubano Marco Rubio y Mario Díaz-Balart— prohíbe a compañías y ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras con GAESA y cualquiera de sus “filiales, subsidiarias o sucesoras”. El Departamento de Estado se encargará de mantener actualizada la lista de compañías prohibidas, mientras que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro aplicará cualquier violación de la ley.

Sin embargo, las compañías que no están mencionadas explícitamente en la lista no estarán prohibidas, incluso si mantienen vínculos con los militares. Por ejemplo, la lista no incluye restaurantes, supermercados y bancos controlados por GAESA.

Las nuevas medidas también elevan el estándar para los estadounidenses que viajan en la categoría de “apoyo a los cubanos”. Sin embargo, si un viajero realizó al menos una transacción (compró un pasaje aéreo o reservó un hotel, por ejemplo) para un viaje individual bajo la categoría de contacto de “pueblo a pueblo” antes de la directiva de Trump del 16 de junio, ese viaje continúa estando autorizado. Para aquellos que viajan en las categorías de contactos educativos no académicos y de apoyo a al pueblo cubano, las reglas anteriores se aplicarán para aquellos que han realizado al menos una transacción relacionada con el viaje antes del jueves.

Las nuevas reglas no afectarán a otras nueve categorías de viajes aprobadas, incluidas las visitas de los cubanoamericanos a la Isla. Hacer turismo en Cuba sigue estando prohibido para los estadounidenses y todas las demás disposiciones del embargo se mantienen en pie.

Los legisladores republicanos de Miami que habían aplaudido la política hacia Cuba de Trump, dieron solo un tibio apoyo el miércoles a las nuevas regulaciones, alegando que no fueron lo suficientemente fuertes como para castigar al Gobierno cubano.

En lugar de aplausos incondicionales, como cuando Trump firmó su directiva política, el senador Marco Rubio y los representantes Mario Diaz-Balart e Ileana Ros-Lehtinen ofrecieron tibias declaraciones en que lamentaron que los “burócratas” se resistieron a apoyar con fuerza al presidente.

Rubio esperó casi cinco horas después de la publicación de las normas, una clara señal del descontento de un senador conocido por sus rápidas y detalladas reacciones a los asuntos latinoamericanos que más le interesan. En el comunicado criticó al Departamento de Estado por no incluir a dos de las principales firmas de turismo de la isla en la lista de 180 entidades cubanas a las que se les prohibió hacer negocios con estadounidenses.

Rubio pidió la inclusión de Gran Caribe y Cubanacán, que son propiedad del Ministerio de Turismo de Cuba, no de los militares, la institución en la que se centran las nuevas normas. Pero el ministro de Turismo cubano, Manuel Marrero Cruz, es un coronel militar, un nexo que Rubio señaló como suficiente para hacer que las dos compañías tenedoras estén en la lista restringida de Estados Unidos.

La respuesta crítica de Rubio y Diaz-Balart fue particularmente impactante porque los legisladores ayudaron a redactar en junio la directiva de Trump en la Oficina Oval.

“Las regulaciones anunciadas hoy incluyen algunos pasos positivos iniciales”, dijo Diaz-Balart. “Sin embargo, estoy decepcionado de que las regulaciones no implementen completamente lo que ordenó el presidente. Está claro que burócratas que apoyan la política hacia Cuba del Gobierno anterior siguen socavando al presidente Trump”.

Al igual que Rubio, Díaz-Balart culpó de su decepción a los empleados federales que, en su opinión, redactaron normas menos estrictas que las que exigía Trump. Díaz-Balart y Rubio han expresado inquietud durante meses de que los funcionarios —particularmente en el Departamento de Estado— favorecen la apertura del expresidente Obama hacia Cuba y se han rebelado contra la política más dura respaldada por Trump.

Pero los que respaldan en el Congreso el enfoque de Trump estaban más preocupados el miércoles de que las normas no contemplan medidas para obligar a su cumplimiento. Una fuente del Congreso dijo el martes que la directiva de Trump tenía un alto componente retórico, pero dejaba poco espacio para redactar las reglas de implementación, de acuerdo al Nuevo Herald.

“Una vez que uno deja atrás la retórica, no queda nada”, dijo la fuente.


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