ONU pide explicaciones a La Habana por la muerte de Wilman Villar Mendoza y Juan Wilfredo Soto García

El Comité de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que vigila el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, pidió cuentas al Gobierno cubano por las 2.400 detenciones practicadas en 2012.

La solicitud del Comité fue realizada en la primera jornada de la comparecencia de Cuba ante este órgano este martes en Ginebra, reportó la AFP.

“Tenemos denuncias de 2.400 detenciones en 2012, de las cuales 420 se produjeron el pasado mes de marzo. Serían detenciones de corta duración y queremos que Cuba aclare todos los casos”, precisó Nora Sveaass, una de los diez expertos independientes de diferentes nacionalidades que componen este Comité y quien evocó el tema durante la audiencia.

Sveaass pidió también al régimen cubano que aclare la muerte del disidente cubano Wilman Villar Mendoza, condenado a cuatro años de cárcel, quien murió el 21 de enero de 2012 tras 50 días de huelga de hambre en la ciudad de Santiago de Cuba.

El experto español Fernando Mariño Menéndez, que comparte con Sveaass la relatoría del Comité en la comparecencia de La Habana, quiso saber también las causas de la muerte del opositor Juan Wilfredo Soto García el 7 de mayo de 2011, si sufrió violencia física y si existe una investigación oficial.

El embajador de Cuba en Ginebra, Rodolfo Reyes, indicó al final del debate de este martes que el miércoles, en la segunda jornada reservada por el Comité al Gobierno cubano, se presentarían las respuestas a todos los casos.

Durante las discusiones, el vicefiscal general de Cuba, Rafael Pino Bécquer, dijo que entre los años 2007 y 2011 fueron atendidas 263 denuncias por malos tratos en lugares de detención, en razón de lo cual “resultaron penalmente responsables 46 agentes de las fuerzas del orden”.

En el papel, el experto senegalés Abdulaye Gaye criticó que la tortura no sea una infracción autónoma en el Código Penal de Cuba, que haya detenciones de carácter indefinido, sin plazos máximos, y requirió a la delegación de Cuba le informe si un detenido puede elegir a un médico para que lo examine.

Por su parte, el japonés George Tugushi manifestó que la situación en las cárceles de la Isla es de hacinamiento, malnutrición, mala higiene y propagación de enfermedades, en las que se propinan palizas a los que protestan y se fuerza al exilio a detenidos.

Según la agencia española Efe, en sus preguntas a Cuba, el Comité alude a la situación de los activistas de derechos humanos, que según el vicefiscal cubano no “pueden ser calificados bajo ese concepto, según los preceptos de la ONU”, porque sus acciones “buscan destruir el orden interno de Cuba (…) al servicio y bajo la orientación de una potencia extranjera”.

“En Cuba, los auténticos defensores de los derechos humanos son protegidos”, declaró el vicefiscal, quien agregó: “Nadie en nuestro país ha sido perseguido o sancionado por ejercer sus derechos, incluidos los de libre expresión y asociación”.

Sobre la asistencia de los presos que se han declarado en huelga de hambre, Pino aseguró que “se les brinda la mejor asistencia médica”, al igual que al resto de personas privadas de libertad.

El Comité pidió a La Habana datos sobre las muertes ocurridas en detención e información detallada sobre las investigaciones de esos fallecimientos y las medidas para prevenir suicidios.

También pidió conocer los protocolos establecidos para el tratamiento de los detenidos en huelga de hambre y las medidas tomadas en los casos de Orlando Zapata Tamayo (fallecido en 2010), Guillermo Fariñas, Darsi Ferrer, Franklin Peregrino, José Ubaldo Izquierdo, Juan Bermúdez, Iris Támara Pérez Aguilera, Jorge Luis García Pérez (Antúnez), Diosiris Santana Pérez y Segundo Rey Cabrera González.

Igualmente, se pidieron datos sobre “la información de la que dispone el Comité de que Yordani Martínez y David Piloto habrían sido esposados y golpeados (…) en la cárcel de Valle Grande como represalia por su declaración de huelga de hambre en mayo de 2011”.

Los integrantes del Comité preguntaron además sobre las presuntas agresiones y acoso contra Reina Luisa Tamayo tras la muerte de su hijo, Orlando Zapata Tamayo, contra las Damas de Blanco y contra los blogueros críticos Yoani Sánchez y Orlando Luis Pardo Lazo.

El Comité contra la Tortura pidió también aclaraciones sobre las presuntas agresiones de la policía durante una manifestación pacífica en Sancti Spíritus en febrero de 2008; contra Alexandre Santos Hernández en Holguín por ocho miembros de una “brigada de respuesta rápida”; y contra los familiares del periodista Raymundo Perdigón Brito a la salida del juicio en el que este fue condenando por “peligrosidad” en diciembre de 2006.

Sobre la reforma del Código Penal que tramita la Asamblea Nacional, los miembros del Comité contra la Tortura instaron a incluir una tipificación del delito de tortura y a eliminar de manera efectiva la pena de muerte.

El presidente del Comité, el chileno Claudio Grossman, expresó su inquietud por la “amplitud y vaguedad” de delitos que comportan en Cuba la pena de muerte y pidió al Gobierno que convierta la moratoria de facto en vigor desde 2003 en una abolición.

© cubaencuentro.com