Actualizado: 23/10/2017 23:51
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Corrupción, Parlamento, Asamblea

Sin avances contra la corrupción

Autoridades no acuden a diversas comisiones parlamentarias, al tiempo que funcionarios del Gobierno reconocen que no hay avances en la lucha contra la corrupción

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Funcionarios del Gobierno cubano reconocen la falta de avances en la lucha contra la corrupción en el país, al tiempo que la prensa oficial destaca la ausencia de las autoridades a varias reuniones del cuerpo legislativo de la Isla.

La Comisión de Salud y Deporte no pudo cumplir con la orden del día de la jornada vespertina del martes en las reuniones de la comisiones previas a la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular que se llevará a cabo esta semana. La razón es que las autoridades a cargo de la presentación no asistieron a la comisión.

Se trata de un hecho reiterado, que incluso ha llegado a las páginas de la prensa oficial cubana.

En la jornada del miércoles de esa misma comisión de Salud y Deporte, fue imposible contar con la presencia de directivos del Ministerio de Economía y Planificación.

En la Comisión de Asuntos Económicos, un informe sobre los resultados de la fiscalización y control sobre el impacto económico del cumplimiento del Programa de Desarrollo de la ganadería vacuna, se tuvo que discutir sin la presencia de las autoridades correspondientes del Ministerio de la Agricultura.

En todos los casos las presidencias de estas comisiones parlamentarias o ponentes de estos puntos manifestaron que los organismos involucrados conocían con tiempo y recibieron por las vías establecidas las convocatorias o invitaciones para estas citas.

Las autoridades gubernamentales están ignorando las comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, como han publicado en estos días los diarios Granma y Trabajadores.

A la ausencia de los funcionarios gubernamentales en algunas de las reuniones parlamentarias cubanas se une el problema de la ausencia de sanciones adecuadas en casos de corrupción.

El desvío de recursos, la inoperancia de algunas administraciones, el deficiente accionar de los cuadros, así como en las conductas ilícitas que persisten en la entrega de subsidios y en el sector del comercio, fundamentalmente en los puntos de venta de materiales de la construcción, fueron señalados durante la reunión.

Al abordar el comportamiento de estas problemáticas durante 2015, Alina Vicente Gainza, vicecontralora general, informó que se identificaron 898 hechos de corrupción, relacionados, fundamentalmente, con la contratación, el control de los efectivos, los inventarios y el combustible, temas en cuya solución no se logra avanzar.

Durante una reunión de la Comisión de Asuntos Económicos se destacó la ausencia de un ambiente de control, el incumplimiento de las normas, la falta de previsión de los riesgos y el insuficiente seguimiento de los niveles intermedios, entre las causas principales, de acuerdo al oficialista periódico Granma.

“Las relaciones entre las empresas estatales y el sector privado continúan siendo una fuente de indisciplinas, ilegalidades y presuntos hechos de corrupción, no porque esté errada la política sino por su inadecuada aplicación”, aseguró Reinol Pérez, vicecontralor general, quien subrayó el desconocimiento de algunas administraciones sobre la Ley del Presupuesto, lo cual coarta su desempeño.

La inefectividad de las medidas tomadas contra los infractores y lo irrisorio de las multas fue otra de las aristas abordadas en la Comisión.

“En muchas ocasiones sucede que, luego de incurrir en ilegalidades, un administrador apenas se traslada de lugar, y con él, el problema”, dijo la diputada santiaguera Rafaela Bejerano.

El escaso tratamiento en la prensa de los casos de corrupción fue cuestionado por Pastor Batista, diputado por el municipio tunero de Manatí. Ello, aseguró, fomenta un clima de impunidad e inercia, contrario al quehacer de las autoridades en materia de enfrentamiento, siempre de acuerdo a la información de Granma.

También Alejandro Gil, viceministro de Finanzas y Precios, llamó la atención sobre la necesaria preparación de quienes participan en las fiscalizaciones, las cuales no pueden ceñirse solo a la ejecución presupuestaria, porque detrás puede estar enmascarado el desorden del gasto público.


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