Actualizado: 18/10/2018 9:35
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Embargo, EEUU, Trump

Trump no suspende el Capítulo III: lo hace Tillerson

El mandatario aprovecha una decisión del expresidente Barack Obama para delegar de nuevo la decisión sobre el mantener suspendida una sección de la Ley Helms-Burton

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No fue Trump. El presidente de Estados Unidos no tuvo siquiera que lavarse las manos como Poncio Pilato. Le bastó recurrir a un subalterno. El secretario de Estado Rex Tillerson suspendió por otros seis meses un acápite de la Ley Helms-Burton que permitiría a más estadounidenses, incluidos cubanos nacionalizados, demandar a aquellos que estuvieran “traficando” en la Isla con sus propiedades, confiscadas hace décadas por el Gobierno cubano, informa el Nuevo Herald.

Tillerson, no el presidente Donald Trump, habría notificado al Congreso el 12 de enero su decisión de suspender a partir del primero de febrero el derecho a demandar bajo el Título III de la ley. El Departamento de Estado ha tenido la autoridad para hacer esta determinación y suspender el Título III de la ley desde enero del 2013, cuando el entonces presidente Barack Obama delegó este asunto al secretario de Estado.

La primera vez que el gobierno de Trump suspendió este acápite, Tillerson, a su vez, delegó su autoridad en el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, quien finalmente hizo la determinación.

Desde la entrada en vigor de la ley (también conocida como Ley Libertad) en 1996, todos los gobiernos de EEUU han suspendido el controversial título III, considerado extraterritorial por importantes socios comerciales como la Unión Europea y Canadá, que tienen inversiones en Cuba.

La idea de que entrara en vigor el Título III resurgió a partir de la elección de Trump, quien prometió asumir una postura más dura con el gobierno de La Habana. El acápite permitiría ampliar el grupo de personas que pudieran demandar en los tribunales estadounidenses a compañías y ciudadanos de cualquier país —incluido EEUU— cuyas inversiones estuvieran en terrenos o propiedades confiscadas por el Gobierno cubano después de 1959. Hasta ahora, el Gobierno ha certificado cerca de 6.000 reclamaciones de personas que eran ciudadanos estadounidenses en el momento de la confiscación.

Pero el riesgo de alienar a aliados cercanos, sentar precedentes legales que contradicen otros principios de leyes estadounidenses o internacionales y abrir la puerta a una potencial avalancha de reclamaciones, ha llevado a cada administración a optar por la suspensión. El Gobierno de Trump no se ha apartado de ese proceder y, en este caso, ha preferido seguir la ruta trazada por sus predecesores.

En un acto celebrado el 16 de junio de 2017 en Miami, el presidente Trump inició su discurso sobre la política hacia Cuba con estas palabras: “Vamos a hacer cumplir la ley existente”. El sector del exilio cubano que lo apoyó durante el proceso electoral —y continúa apoyando— continúa a la espera de que dichas palabras se conviertan en realidad.


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