Unas 500 sucursales bancarias estarán disponibles para la entrega de créditos

El Gobierno cubano pondrá a disposición de los ciudadanos unas 500 oficinas bancarias en toda la isla para que cuentapropistas y agricultores puedan solicitar créditos en el marco de la nueva medida que entrará en vigor a partir del próximo 20 de diciembre, reportó Europa Press.

La nueva normativa, publicada la semana pasada, establece que podrán solicitar créditos las personas autorizadas a ejercer el trabajo por cuenta propia y otras formas de gestión no estatal, los agricultores que acrediten legalmente la tenencia de tierra, los interesados en comprar material para hacer reformas en sus hogares, así como aquellos que pretendan adquirir bienes de propiedad personal.

Los interesados deberán acudir a las oficinas de los bancos de Crédito y Comercio, Metropolitano y Popular de Ahorro, preferiblemente en el municipio donde pagan los tributos, informa el diario oficial Granma, que cita a un grupo de funcionarios que el lunes ofrecieron una rueda de prensa en La Habana para aclarar algunos puntos sobre esta inédita apertura del sistema financiero.

El tiempo de respuesta será de entre los 15 y los 20 días, contados a partir de la entrega de toda la documentación necesaria por parte del posible beneficiado con el préstamo, explicó Manuel Vale Marrero, presidente del Banco Metropolitano.

Los pequeños agricultores podrán solicitar créditos por un importe mínimo de 500 pesos (14 euros) para la compra y reparación de equipos y medios de trabajo, o para financiar “otras acciones que contribuyan a elevar las producciones agropecuarias”.

Mientras que los trabajadores por cuenta propia y de otras formas de gestión no estatal podrán disponer de financiaciones mínimas de 3.000 pesos (85 euros), según precisa el Decreto-Ley 289.

“Estricto análisis de riesgo”

Las solicitudes serán sometidas a un “estricto análisis de riesgo” para evitar los impagos, aclaró Irma Martínez Castrillón, vicepresidenta primera del Banco Central de Cuba (BCC), al adelantar que “es posible que lleguen solicitantes que no posean garantías reales”.

“En cualquier lugar del mundo los financiamientos a personas naturales son los más riesgosos para cualquier institución financiera, no sólo en nuestro país”, enfatizó Martínez a su vez en la rueda de prensa.

Precisamente, un “elemento esencial” en el proceso de tramitación del préstamo es la garantía que pueda ofrecer el interesado. La Habana establece las garantías personales y las reales. Las primeras implican el compromiso de un avalista que pagará en caso de que el beneficiado se declare insolvente. Las segundas “son respaldadas con activos”, resaltó por su parte Marlie León Simón, secretaria del BCC.

Las entidades cubanas estarán en el derecho de solicitar avales como las hipotecas sobre solares yermos (terrenos) o casas en zonas destinadas al descanso, así como los contratos de fianza y de bienes muebles, entre otros, señala Granma.

Una persona podrá pedir más de un crédito, aseguró Francisco Mayobre, vicepresidente del BCC.

“Todo parte de que posea la solvencia, la capacidad de pago y de que pueda cumplir el contrato que estableció con el Banco al solicitar el financiamiento”, subrayó.

Los plazos de amortización, las garantías y el monto a financiar serán producto de una negociación entre el interesado y la entidad, de acuerdo a las circunstancias.

El nuevo decreto permite además la apertura de cuentas corrientes en pesos cubanos y pesos convertibles, la contratación de tarjetas de crédito y de débito, el uso de cheques y las letras de cambio, entre otros instrumentos de pago, “algo que era imposible anteriormente”, según reconocieron las autoridades cubanas en la rueda de prensa.

Las cuentas corrientes “podrán ser individuales o colectivas” y los titulares podrán autorizar a personas naturales a realizar depósitos. Este instrumento financiero deberán contratarlo de forma obligatoria todas aquellas personas que tengan ingresos brutos anuales que superen los 50.000 pesos (1.415 euros).

“Sin este tipo de cuentas, todas las operaciones deberían hacerse en efectivo, y resultaría muy engorroso, sobre todo si tenemos en cuenta que los trabajadores por cuenta propia pueden ser contratados por entidades estatales sin un límite de pago establecido”, añadió Mayobre.

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