El Senado rechaza el impuesto a las exportaciones agrícolas y asesta un duro golpe al gobierno

El Senado argentino rechazó este jueves de madrugada el proyecto de ley del gobierno para aumentar la presión fiscal sobre las exportaciones de granos y de manufacturas agroindustriales, causa del duro conflicto de los últimos meses entre el Ejecutivo y las patronales de agricultores, informó la AFP.

Las exportaciones de granos y de manufacturas agroindustriales de Argentina, una gran potencia agrícola, totalizan 35.000 millones de dólares anuales. Con el proyecto de ley, el Ejecutivo esperaba recaudar sólo por derechos aduaneros unos 11.000 de los 24.000 millones de dólares que genera la cosecha de soja, el principal cultivo.

La iniciativa del gobierno peronista socialdemócrata de la presidenta Cristina Fernández se derrumbó por el voto de un hombre de sus filas, el vicepresidente de la República, Julio Cobos, quien debió desempatar una reñida votación.

"No estoy traicionando a la presidenta. Que envíe otro proyecto. Quiero que se alcance un consenso. La historia me juzgará", dijo Cobos, de la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR), aliado de Kirchner hasta este jueves, cuando le causó al gobierno esta dura derrota parlamentaria.

La votación terminó con un empate a 36 y la Constitución establece que el vicepresidente de la República, presidente del Senado, es quien desempata. La iniciativa volverá ahora a la Cámara de Diputados, donde la mayoría gubernamental carece de los dos tercios necesarios para insistir con el proyecto, aprobado allí hace dos semanas.

Argentina es el primer exportador mundial de harinas y aceites de soja, el cuarto de trigo, el segundo de maíz —detrás de Estados Unidos— y el tercero de granos de soja, según la Secretaría de Agricultura estadounidense.

El jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto, había advertido momentos antes del voto decisivo que "sería increíble que un vicepresidente votara en contra de su propio gobierno, salvo que lo quieran debilitar, herir de muerte o quieran empezar a aniquilar".

Festejos, abrazos y gritos de triunfo estallaron antes del amanecer en los bosques de Palermo, donde se habían concentrado los líderes de las patronales agropecuarias que mantuvieron en jaque al gobierno durante 128 días, en rechazo al proyecto de retenciones (impuestos a las exportaciones) flotantes, es decir, que aumentan en función de los precios internacionales.

La soja ocupa más del 50% de la superficie cultivada en Argentina y está considerada el "oro verde del siglo XXI" en el país sudamericano, donde toda la oposición se unió a los agricultores para producir multitudinarias manifestaciones.

El ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), líder del gubernamental peronismo y esposo de la mandataria, había asegurado que el gobierno respetaría la decisión del Congreso, sea cual fuere, y reiterado que el objetivo oficial "es impedir que en la mesa de los argentinos haya precios internacionales de los alimentos".

Pero el gobierno, respaldado por la central obrera CGT, de 10 millones de afiliados, y por organizaciones de piqueteros pobres y desocupados respondía a cada acto opositor con otro mitin con millares de activistas, que denunciaban intentos golpistas de la oposición y los líderes del agro.

Productores minifundistas y grandes grupos financistas de siembra hicieron una inédita alianza de rebelión fiscal contra los tributos flotantes, que incluyó huelgas con cortes de rutas, desabastecimiento, ataques a legisladores oficialistas y trabas a los embarques de granos y cereales.

La mitad de la cosecha global de unos 100 millones de toneladas de la campaña 2007-2008 sigue retenida por agricultores, mayoristas y exportadores, con el argumento de que carecían de un horizonte de precios y sufrían incertidumbre.

La norma gubernamental intentaba establecer un modelo de redistribución de la riqueza, que derivaba fondos adicionales de la recaudación por retenciones para la construcción de hospitales, viviendas y caminos en áreas rurales. Otro objetivo del proyecto impositivo era controlar la inflación, que el gobierno ubica en torno al 10% anual, pese a que las consultoras privadas lo elevan a casi 30%.

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