Actualizado: 19/05/2022 12:58
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Crisis en el gabinete de Cristina Fernández tras derrota en el Senado

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La presidenta argentina, Cristina Fernández, se refirió el jueves indirectamente a su vicepresidente, Julio Cobos, y a los senadores del oficialismo que en la víspera rechazaron un proyecto de ley del gobierno sobre un polémico sistema de gravámenes a la exportación de granos, informó la AP.

En su esperado primer discurso, luego de que el Senado le diera la espalda en la madrugada del jueves a la iniciativa oficial, con el voto decisivo de Cobos, Fernández evitó mencionar nombres propios, pero no ocultó su malestar.

"Quiero agradecerles la presencia de todos aquí esta noche para reencontrarnos, como siempre los hemos hecho, mirarnos a los ojos, fundamentalmente hombres y mujeres del pueblo, y saber al mirarnos a los ojos que nunca nos hemos traicionado", dijo ante una multitud de partidarios que la aguardaron tras encabezar la inauguración de una terminal aérea en la provincia del Chaco, unos 1.017 kilómetros al norte de la capital.

La votación de la iniciativa, que tenía media sanción de la Cámara de Diputados, había quedado empatada en 36 votos, y Cobos —que en su condición de vicepresidente es también titular del Senado— definió la suerte del proyecto oficial con su voto en contra, tras más de 17 horas de debate.

Pero el proyecto oficial también fue rechazado por otros legisladores del bloque oficialista Frente para la Victoria.

Cobos pertenece a la centenaria Unión Cívica Radical, históricamente opositora al peronismo, pero aceptó integrar la fórmula presidencial de Fernández, en el marco de la concertación plural de partidos que promovió el anterior presidente, Néstor Kirchner, a fin de ampliar su base de apoyo político.

"No me cruza (por la cabeza) renunciar… sería traicionar la voluntad popular", dijo Cobos más temprano. "Estoy muy tranquilo con mi conciencia y mi responsabilidad (...) creo que el país se va a pacificar", añadió.

Fernández le mandó un mensaje: "Para los que tal vez no hayan entendido lo que le habíamos dicho a la gente allá por octubre, bueno alguna vez entenderán. Algunos tardan más en entender las cosas, esperémoslos que tal vez algún día se den cuenta".

La presidenta nada dijo sobre el polémico esquema de retenciones (gravámenes) móviles a las exportaciones de soja y girasol —que sujeta la tasa del impuesto a la cotización de los granos en el mercado internacional—, dispuesto el 11 de marzo y luego enviado al Congreso para su ratificación en medio del conflicto con los productores agrícolas.

Antes de la votación, el gobierno adelantó que respetaría la decisión de los legisladores.

Fernández más bien pareció justificar la medida, impuesta hace cuatro meses con el argumento de que serviría para redistribuir la riqueza porque impide que se traslade al mercado local el aumento internacional en el precio de los alimentos, a la vez que pone un freno a la "sojización" del país, en beneficio de otros cultivos como el trigo y el maíz.

"Siempre hemos elegido un camino que es irrenunciable y que es fundamentalmente representar los intereses de los que menos tienen... volver a construir una Argentina más integrada, con menos pobreza. Para hacer esa Argentina, muchas veces hay que tocar intereses", afirmó Fernández.

Momentos antes de la declaración de la presidenta, los dirigentes de las entidades rurales le reclamaron en conferencia de prensa que dejara sin efecto el esquema de retenciones.

"Pretendemos su derogación por algo que sea viable para los productores", manifestó el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi.

A su lado, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías, advirtió que "el conflicto no ha terminado" porque la resolución que puso en práctica las retenciones "sigue vigente tal cual desde el día 11 de marzo".

Sin embargo, los dirigentes dijeron estar dispuestos a retomar el diálogo si la presidenta los convoca.

Desde que fueron anunciadas hace poco más de cuatro meses, las retenciones desataron la reacción de los agricultores, uno de los sectores económicos más poderosos de Argentina, que realizaron cuatro huelgas y bloqueos de carreteras, ocasionando desabastecimiento de alimentos.

Para los productores, el impuesto que se aplica sobre la renta bruta "es confiscatorio".


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