Adiós a la Posición Común

La economía, las relaciones intergubernamentales y las inversiones pasan a un primer lugar entre Cuba y la Unión Europea (UE). Los derechos humanos a un segundo, tercero, cuarto… último.

El tema de los derechos humanos seguirá siendo un tema “importante en el desarrollo del acuerdo”, que será incorporado “de manera adecuada”, ha dicho Christian Leffler, director general para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), tras el fin de la reunión en La Habana que estableció las bases para la negociación que pondrá fin a la Posición Común.

Lenguaje diplomático pero que no deja espacio a la duda. Si hubiera sido un cubano de la calle, el encargado de hablar del asunto, lo habría resumido de forma más directa: “Olvídense del tema”. Ese “de manera adecuada” no es más que otorgarle carta abierta a La Habana.

El gobierno cubano, sin demostrar un entusiasmo que pueda parecer excesivo, pero con satisfacción, ha visto un cambio paulatino en su relación con Europa. No ha cedido nada y aportado poco.

Puede argumentarse que fueron liberados los prisioneros de la tenebrosa “Primavera Negra”, pero el último informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) muestra un récord de 3.821 arrestos temporales de opositores en los primeros cuatro meses de este año. La cifra más que duplica las 1.588 detenciones breves reportadas en el mismo periodo del año pasado, y supera el máximo anterior de 2.795, para el primer cuatrimestre del 2012, de acuerdo a una información aparecida en El Nuevo Herald.

Es decir, que mientras que el cambio en la táctica represiva ha resultado efectivo en mantener el control del gobierno, al imponer el terror anunciado —que se anticipa a cualquier actividad opositora— y siempre presente, al mismo tiempo exige un precio cada vez mayor para sostenerse, una espiral en aumento de detenciones temporales.

Sin embargo, los miembros de la Unión Europea simplemente han decidido mirar para otra parte y apostar por los cambios económicos —paulatinos, endebles, pero constantes— y el paso del tiempo como garantía de que los hermanos Castro terminarán abandonando el poder… cuando lo decida la biología.

Consideraciones aparte de que ese sistema totalitario paulatinamente degenera en un régimen autoritario, donde las libertades individuales continuarán restringidas. Para la UE las posibilidades de negocio van en aumento. La “manera adecuada” puede esperar.

No es que la Posición Europea sirviera de mucho, pero para quienes buscan la democracia en la Isla se cierra una puerta, aunque esta puerta siempre fue angosta y sin conducir a una vía eficiente.

El nuevo Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre Cuba y la UE tendrá que ver solo con el dinero. La nueva actitud de Europa no solo enfatiza la colaboración y rechaza las sanciones. Va un paso más allá: relega las consideraciones democráticas a favor de las comerciales. Nada nuevo bajo el sol, pero bastante desagradable para los cubanos y los propios europeos con dignidad.

No es una actitud lejana ni aislada. Con el restablecimiento de relaciones diplomáticas de Cuba con Costa Rica y El Salvador en 2009 (18 de marzo y 1 de julio, respectivamente) Centroamérica consolidó sus vínculos regionales con la Isla y se enterró en Latinoamérica la política de aislamiento hacia el régimen. La segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en enero de este año en La Habana, fue un espaldarazo diplomático al gobierno de Raúl Castro.

Resultaba lógico que la UE comenzara a valorar el dejar a un lado la Posición Común, adoptada en diciembre de 1996, y que es considerada por La Habana como un “obstáculo fundamental” para el avance de las relaciones.

Las políticas de confrontación hacia el gobierno cubano son cada vez más obsoletas, y al menos hay una actitud común en que los desacuerdos no se traduzcan en un aislamiento, que ha demostrado ser contraproducente. Pero una cosa es un cambio de política y otra muy distinta el adoptar una actitud cínica, en donde lo que importa es buscar ganancias por encima de cualquier otra consideración. Se dirá que es así como siempre han actuado los gobiernos, de todo el mundo y en cualquier momento, pero no por ello hay que dejar de denunciarlo.

La Posición Común

Patrocinada por el gobierno español de José María Aznar en 1996, el mismo año del derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate por parte de Migs cubanos, la Posición Común estableció como objetivo de la UE el impulsar la democracia en Cuba, algo que el gobierno cubano consideró una injerencia y un acercamiento europeo a la actitud hacia el régimen establecida por Washington.

En lo político, el cambio fundamental fue el adoptar —a la manera europea— una táctica más cercana a la confrontación que el diálogo crítico o constructivo, una posición que vinculaba la plena cooperación con la Isla a los avances en materia de derechos humanos y libertad política.

Pero esta actitud también tenía un componente comercial y económico, que ahora ni siquiera se menciona.

Apoyado en esa posición, el entonces presidente norteamericano Bill Clinton empleó su autoridad de veto para negar a los estadounidenses el derecho de demandar a las compañías extranjeras que realizaban negocios utilizando propiedades confiscadas por el entonces gobierno de Fidel Castro.

Luego el expresidente George W. Bush continuó ejerciendo ese derecho al veto y la Casa Blanca bajo Barack Obama siguió el camino trazado por sus predecesores.

Uno de los problemas con la Posición Común —que aún continúa vigente— es que, además de resultar poco efectiva, desde hace algunos años se ha convertido en un factor de división dentro de la UE.

Un buen ejemplo de ello fue la posición asumida por los gobiernos de Polonia y la República Checa durante los ocho años de mandato de Bush hijo.

Estas dos naciones fueron las que sostuvieron un punto de vista “menos europeo” en su conjunto, algo que fue más allá del caso cubano y tuvo que ver con la forma en que se relacionaban con Washington.

Así se explica en buena medida —junto con el hecho de tomar en consideración la obtención de forma más o menos indirecta de fondos provenientes de Estados Unidos por grupos como el checo People in Need— sus simpatías hacia un enfoque de mayor presión hacia el régimen de La Habana, más acorde la postura adoptada por EE. UU. entonces y menos cercano al tradicional enfoque europeo de un diálogo crítico.

Con el paso de los años, entender esta actitud no le restó legitimidad a los reclamos de Polonia y la República Checa —cuando se mira solo a las declaraciones en favor de los derechos humanos—, pero fue necesario definirla de una forma más realista, y no según una explicación simplista: estas exnaciones socialistas son las que mejor entienden el sufrimiento cubano, por haber padecido antes un régimen similar. El dinero y apoyo de la Casa Blanca de entonces —y de algunas organizaciones del exilio que en igual sentido recibían fondos de Washington— influía de forma determinante en esa supuesta voluntad en favor de la democracia en Cuba, que se manifestaba en un constante activismo político.

Tampoco se puede reducir a un problema de dinero el conjunto de la actitud más crítica hacia el régimen de La Habana, y favorable a la Posición Común, de las naciones europeas. Países como Reino Unido, durante el gobierno de los primeros ministros laboristas Tony Blair y Gordon Brown, e Italia, bajo la presidencia de Silvio Berlusconi, se opusieron al levantamiento de la Posición Común. Pero es indudable que la influencia de Washington contó mucho en el asunto, y que al asumir Obama en EE. UU., las presiones al respecto disminuyeron.

Las “sanciones”

En la práctica la Posición Común nunca avanzó mucho más allá de las “buenas intenciones” y las “sanciones” nunca fueron tales.

Si se puede hablar de intrangencia, en lo referente a los vínculos y la posibilidad de cooperación económica y planes de ayuda de Europa hacia Cuba, ha sido siempre la del gobierno cubano, en especial durante el mandato activo de Fidel Castro.

En enero de 2000, con la Posición Común establecida, el grupo África, Caribe y Pacífico (ACP), sucesor del Acuerdo de Lomé, aprobó la adhesión de Cuba al nuevo Acuerdo de Cotonou, pero Cuba nunca llegó a formular la solicitud de admisión. Aunque la UE siguió insistiendo, e incluso en 2003 llegó a establecer una oficina al respecto en La Habana, el régimen no cedió.

Quizá el aspecto más visible de las “sanciones”, tras la ola represiva de la Primavera Negra y el fusilamiento de tres cubanos que secuestraron una embarcación en un intento fallido de llegar a EE. UU., fue el invitar a los disidentes a las fiestas y conmemoraciones nacionales en las embajadas, una práctica que luego fue abandonada, en 2008.

El Gobierno había dejado de participar en las recepciones y para las embajadas europeas la presencia de los disidentes se había convertido en un “engorro”, donde la firmeza moral restaba lucimiento a las fiestas.

Por su parte, el gobierno español había perdido el Centro Cultural Español en La Habana.

Para esa fecha de 2008, el canciller español Miguel Ángel Moratinos, dedicaba sus mejores empeños en acabar con la Posición Común.

Fue precisamente en octubre de 2008 que “la Unión Europea y Cuba acordaron reiniciar el diálogo político y la cooperación sobre bases recíprocas, con carácter incondicional y no discriminatorio, con pleno respeto a la igualdad soberana de los Estados, al marco jurídico y al ordenamiento institucional de las partes, y en total apego al principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados”, según una declaración del viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Rogelio Sierra Díaz, ante la decisión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, del 10 de febrero de 2014, de reanudar las conversaciones.

En la práctica, tanto Raúl como Fidel Castro han jugado ante Europa una actitud que les ha brindado resultados favorables en múltiples ocasiones, y es la famosa táctica guerrillera de lucha en diversos frentes al mismo tiempo: mientras Fidel Castro postulaba su intransigencia frente a cualquier negociación que significara ceder en “los principios”, alentaban el establecimiento de vínculos particulares con diversas naciones europeas, e incluso comunidades. Respecto a la España de Aznar lo logró al acordar lazos particulares con varias autonomías. En EE. UU., lo intentó sin igual éxito en las compras agrícolas a diversos estados, como una fámula para dinamitar el embargo. Pero en la práctica esta mezcla de intransigencia declarada y negociación solapada siempre ha sido una carta de triunfo para La Habana.

Economía y política

Toda relación entre dos países contempla al menos tres posibilidades de intercambio: el político, el económico y el que se establece por diversas instancias, que no forman parte del gobierno sino de la nación.

Al estar aún Cuba bajo un régimen totalitario, los tres aspectos se mezclan. El Estado cubano se convierte en sinónimo de gobierno, y al final se limita a ser simplemente la expresión de la voluntad del gobernante.

La diferencia que debe establecer una nación democrática es que, aunque el régimen totalitario se beneficie en última instancia de esa colaboración, no por ello debe imitarlo. La clave radica en el carácter selectivo de la cooperación, los objetivos hacia los cuales debe dirigir la ayuda.

Tras la “Primavera Negra” de 2003, la UE reforzó una actitud de presión política. Dicha actitud tuvo paradójicamente un efecto “liberalizador” para el régimen de los hermanos Castro: un distanciamiento político que no afectó los vínculos comerciales ni paralizó por completo las inversiones, al tiempo que limitó las visitas gubernamentales de alto nivel y redujo los intercambios culturales. Las razones pueden haber sido válidas, pero los resultados pobres o nulos.

Al estallar la crisis económica que todavía afecta a buena pare de los países europeos, las prioridades sufrieron un reordenamiento. Hasta cierto punto ha surgido una nueva Europa, donde el dinero es más importante que nunca. Si en lo nacional esto se ha reflejado en una disminución de las prestaciones sociales, por parte de los gobiernos, en lo internacional ha significado una preponderancia de los nexos comerciales por encima de cualquier otra consideración.

No es que en la práctica Cuba tenga mucho que ofrecer, sino que ahora cuenta más cualquier posibilidad de negocio, aunque sea limitada.

Además hay una razón fundamental: Europa está apostando por la Cuba poscastrista, y ha relegado a un segundo plano las consideraciones de momento sobre las violaciones presentes de los derechos humanos.

La paradoja en este sentido —pero también el mejor ejemplo para entender la situación—, la ofrece España. Si durante los dos gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero se hizo lo posible —y también “lo imposible”— por eliminar o reducir la Posición Común, ha sido bajo el mando conservador de Mariano Rajoy cuando este intento ha cristalizado.

Con objetivos diversos pero con fines comunes, tanto los socialistas, antes en el poder, como ahora los populares, han actuado a favor de aumentar los vínculos comerciales con la Isla y lograr el pago (dudoso) de una deuda acumulada.

A favor de Zapatero hay que recordar —pese a los tropiezos posteriores— la liberación de los presos de la “Primavera Negra”. Fue una jugada que le salió bien a Raúl Castro —y diseñada por él— pero que sacó de la cárcel a quienes estaban encerrados injustamente.

Lo peor de ahora es que todo parece indicar que se está produciendo un bandazo a toda regla: si el tema de los derechos humanos antes estaba sujeto a manipulaciones de todo tipo, ahora parece que las supuestas intenciones de desarrollar una política que perjudique menos a la nación cubana —por encima de las diferencias políticas— y que le brinde un instrumento de mayor influencia sobre el gobierno de la Isla, se está convirtiendo en la práctica en un gesto de pasividad y complacencia económica en toda regla. Esto es lo más lamentable.

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