Actualizado: 16/10/2017 9:39
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Cuba, Economía, Período Especial

“Economía de guerra”, decisión irracional

Mantener al país en una lógica de “economía de guerra[1]” y no diversificar las fuentes externas e internas de financiamiento, evidencia la errática política del Gobierno

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La economía cubana mantiene una “economía de guerra”, precisamente por la planificación centralizada, el monopolio estatal de la economía y el incontestable partido único. Parecía que en el VII Congreso del Partido, habría una renovación generacional y cambios acelerados que facilitaran la inversión extranjera directa, la mejora inmediata de las seguridades jurídicas y prácticas de la economía no estatal y la disminución en alto grado del monopolio estatal sobre exportaciones e importaciones, creación de mercados mayoristas mixtos con inversión extranjera y liberalización del mercado y la producción nacional. Todas estas medidas aliviarían los problemas estructurales que agobian y asfixian la economía y hoy no sería necesaria la profundización del “período especial” del cual el país no ha salido.

Digo que parecía que el VII Congreso respondería a estas expectativas al considerarlas como medidas de realpolitik, es decir, reflejo de los intereses de la élite política cubana para mantenerse con “algún” consenso político en el poder, sobre todo con el imprescindible consenso de sus actores económicos estatales y no estatales: Es siempre mejor una política disuasoria y progresiva a una política de represión y restricción en un contexto de elevado nivel de descontento popular y crisis económica[2]. Sin embargo, la élite política no reacciona al mayoritario descontento popular facilitando mayores fuentes de financiamiento externo e interno sino, al contrario, impone una fuerte contracción económica. La diversificación debió ocurrir y de manera acelerada desde 2014, vista la disminución del suministro venezolano desde esa fecha. No hay previsión racional por parte del Gobierno.

Estas y otras medidas han sido propuestas al menos desde el 2009 —aunque los antecedentes se encuentran desde la segunda mitad de los años 80— por los economistas cubanos y a pesar de la mordaza contra la discusión de las políticas públicas en el país. La burla pública de Fidel Castro[3] a los economistas cubanos continúa en la política de “economía de guerra” que defiende el PCC en la actualidad.

Las flexibilidades otorgadas por Obama para relajar en todo lo posible las medidas del embargo económico no han sido aprovechadas por el Gobierno cubano que se empeña en mantener una “economía de guerra en tiempos de paz”. En realidad el VII Congreso ha significado un retroceso con relación a las reformas. Ahora, con la justificación de las restricciones energéticas, las inversiones nacionales se paralizan salvo para sectores priorizados y lejos de abrirse la economía con la profundización de las reformas, se estanca y se cierran las posibilidades de salir de la crisis. Si uno revisa las razones que arguye el General en las recientes sesiones del Parlamento[4] parecieran “racionales” en condiciones de guerra. Sin embargo en el contexto del agónico modelo económico cubano y sin guerra, significan un retroceso de las reformas y en dirección contraria a las posibilidades de salida de la crisis.

Las inversiones extranjeras directas no progresan

Las causas no se encuentran en el embargo, porque no es solo EEUU el socio comercial potencial de Cuba, sino en la incertidumbre jurídica que tienen todos los inversores, de acuerdo a la manera en que se aplican las leyes en Cuba —de manera discrecional—, y por otra parte al encarecimiento de la fuerza de trabajo cubana por las empleadoras estatales que se quedan con la mayor parte del salario de los cubanos por ley y por la definición cambiaria CUC/CUP del Gobierno para las empresas mixtas o de capital extranjero. Pero además, por la prohibición de facto de los cubanos residentes en el exterior para invertir en algo más que no sean las remesas y la prohibición estatal de inversiones directas extranjeras en la economía no estatal[5]. Las medidas de Obama en este sentido no han sido aprovechadas.

Medidas “parches” no racionales

Ya he mencionado en otro artículo los negativos resultados de las políticas económicas en el balance de los 10 años del Gobierno de Raúl Castro[6]. La orientación de las reformas parecen racionales, pero sus aplicaciones son zigzagueantes, muy lentas y contradictorias. La causa no es la falta de liquidez, sino las timoratas o regresivas aplicaciones de las reformas que resultan negativas en sus resultados económicos.

Existe consenso entre los economistas y la población en que la disminución de los precios en el mercado estatal de productos de primera necesidad, en las TRD, es irrisoria con relación a la capacidad adquisitiva de los salarios. Otro consenso entre economistas es que los precios topados y el refuerzo de Acopio (estatal) para garantizar la venta y distribución de los productos agropecuarios significan un retroceso en las políticas de la agricultura[7]. Recentralizar la compra en un 70-80 % de la producción agropecuaria por parte del estado, es una política irracional porque el estado no puede garantizar la distribución y pago a tiempo de los productos además de que no garantiza los insumos y a precios adecuados a los campesinos[8].

Las prohibiciones a la importación de ropa y cines 3D no fueron en ningún sentido para proteger la industria nacional —que no existe para estos productos—, sino para impedir la competencia con los caros y malos productos que importan las corporaciones militares con su monopolio de importación para las tiendas estatales. En este caso, se benefició las ganancias de las corporaciones militares en detrimento de las necesidades de la población. Corporaciones que no rinden cuentas públicas en el Parlamento cubano y mantienen un reglamento militar para sus empleados civiles.

Cuba sigue siendo muy parecida a Uganda para abrir un negocio. El tiempo para lograr abrir un negocio, el tiempo para empezar la explotación del negocio y la inseguridad jurídica para mantenerse y retirarse, compiten en tiempo, gasto en el tráfico de influencias y en lo engorroso de los procedimientos con ese país africano. También ocurre con las cooperativas cubanas que se demoran año y medio o dos para ser aprobadas. Existe también consenso en las restricciones innecesarias para operar de los agricultores usufructuarios y de los cuentapropistas y cooperativas no agropecuarias por los frenos estatales y dependencias estatales directas que no las dejan afianzarse y prosperar[9]. Salvo las corporaciones de los militares cubanos, nadie logra “agilizar” las gestiones para producir. Hacerlo significa una carrera de obstáculos a vencer o un calvario de procedimientos y controles que asfixian la iniciativa individual y colectiva, estatal y no estatal. La falta de liquidez de la economía nacional no es un problema externo. Es el resultado de las erráticas políticas económicas del gobierno.

Lanzarse a las restricciones de un “pequeño período especial” es un suicidio político para la élite del país aunque se mantenga a fuerza de la represión y la válvula de escape de la emigración masiva. De acuerdo a las definiciones de la realpolitik, los gobernantes cubanos van en dirección contraria a sus propios intereses de mantenerse en el poder con el menor costo político y de manera viable.



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