Actualizado: 16/08/2019 16:52
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Período especial, Cuba, EEUU

Nuevo período especial: respuesta a la política de Obama

El Gobierno cubano utiliza a sus ciudadanos como rehenes para presionar a Estados Unidos

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La política de Barack Obama hacia Cuba es coincidente con los intereses liberalizadores de la población cubana. Sin embargo, el Gobierno cubano se opone a las medidas del presidente Obama[1].

La reciente aprobación en la Cámara de Representantes de EEUU[2] de continuar la restricción al turismo norteamericano a la Isla, introducir la prohibición expresa de comerciar con las corporaciones militares cubanas y no permitir los créditos para la importaciones de productos agrícolas norteamericanos a la Isla, constituyen la respuesta de esa parte del Congreso a la ausencia de reformas estructurales de la economía cubana. Significan un estancamiento de la política de Obama hacia Cuba, pero por otra parte las flexibilizaciones del embargo que ha realizado Obama con relación a “empoderar a los empresarios emergentes” cubanos han sido absolutamente rechazadas por el Gobierno cubano. La política de Raúl Castro atenta así contra el lobby norteamericano antiembargo, al que coloca en las peores condiciones para negociar.

En mi artículo, “Economía de guerra: decisión irracional” analizo las políticas viables que han planteado los economistas cubanos para evitar el nuevo período especial y que estarían alineadas con las “intenciones” de los Lineamientos del PCC y con las reformas de mercado que el Gobierno de Raúl Castro dice aprobar. Mantener la economía no estatal asfixiada y sin seguridad jurídica[3] y la economía estatal bajo la “anarquía” de la planificación centralizada —no se logra controlar la corrupción y el desvío de recursos estatales masivos al mercado negro omnipresente en la economía— evidencian que las intenciones del Gobierno, plasmadas en sus documentos, se contradicen con la política económica en curso. La línea política de los Lineamientos del PCC es antagónica con la “economía de guerra”. La línea de política económica de la Conceptualización[4] es antagónica con la mayoría de los Lineamientos, aunque Marino Murillo, hoy destituido, afirmara que es la continuación de ellos como disculpas para no someterlos a la consulta popular antes del VII Congreso. Dicho de manera precisa, la planificación centralizada y el control monopólico de la economía estatal son antagónicos con las reformas imprescindibles para que la economía funcione.

Causa de la negativa del Gobierno cubano a la política de Obama

Es un interés central para la élite política y militar que el comercio e inversiones con EEUU y el resto del mundo se reduzca a las empresas estatales que controla e impedir la democratización de la propiedad, la gestión y la producción de bienes y servicios de la economía no estatal. A pesar de su incompetencia demostrada en medio siglo para desarrollar al país, persiste en su “economía de guerra” para presionar al Gobierno de Obama dentro del Congreso norteamericano y desalentar cualquier política de apertura hacia Cuba, hasta tanto las empresas militares y estatales no sean las privilegiadas en el intercambio de comercio e inversiones. Ese es el resultado de casi dos años, desde el inicio de las relaciones entre el Gobierno cubano y el Gobierno de Obama anunciadas el 17 de diciembre de 2014.

El efecto no precisamente colateral, es el aumento sustancial de la precariedad de la vida cotidiana de la población y el refuerzo de la autarquía con una fuerte contracción económica. El Estado cubano privilegia su presión a EEUU y vuelve a colocar a su población en las peores condiciones, como rehenes de la política de confrontación que quiere mantener con el gobierno norteamericano. Esta línea política favorece la presión contra la población y empuja a la ciudadanía a emigrar de forma masiva, otro efecto no colateral de la presión que pretende ejercer el Gobierno cubano en la comunidad internacional y en el gobierno norteamericano para obligarlo a permitir el comercio y la inversión con los militares cubanos y el resto de las empresas estatales que controla de manera directa y reforzar, al mismo tiempo, al lobby republicano en su política de eliminar la Ley de Ajuste coincidente con su interés como gobierno en “política exterior”, pero sólo como pantalla de lo “¿políticamente correcto?”. Para la economía cubana es imprescindible que sigan creciendo las remesas de su diáspora, segunda fuente de ingresos de divisas al país.

Política del PCC contra el desarrollo nacional

La falta de liquidez del Gobierno —problema endémico de la economía cubana— no tiene que ver con el embargo norteamericano ni con el “subdesarrollo”, ni con la crisis venezolana[5], sino con las políticas económicas propias de una “economía de guerra” que el PCC insiste en mantener. No existe una razón lógica ni de realpolitk para impedir las medidas que ya he citado en artículos anteriores: cambios acelerados que faciliten la inversión extranjera directa, la mejora inmediata de las seguridades jurídicas y prácticas de la economía no estatal y la disminución en alto grado del monopolio estatal sobre exportaciones e importaciones, creación de mercados mayoristas mixtos —con actores estatales y no estatales—, con la inversión extranjera, y liberalización del mercado y la producción nacional. Ninguna de estas políticas derrocaría al gobierno, —la estructura militar y vertical de su sistema político y las poderosas e impunes fuerzas represivas lo cobijan— sino que aliviarían las penurias económicas de los ciudadanos y abrirían las posibilidades al desarrollo económico. Por supuesto que esto necesita regulaciones económicas indirectas por parte del estado vía impuestos y créditos, también transparencia económica que el gobierno no tiene, pero el gabinete de Raúl Castro ha tenido 10 años para hacerlo. Mantener y reforzar la “economía de guerra” es una política contra el soberano real del país que es toda su población, es decir todos sus ciudadanos. Es una política antinacional contra el desarrollo del país y los intereses de sus ciudadanos, al tiempo que existen alternativas viables para no imponer un nuevo período especial facilitando el incremento de las fuentes de financiamiento externos e internos. Al imponer una fuerte contracción económica no es posible ampliar las fuentes de financiamiento de la economía —externas e internas. Los procesos de inversión se paralizan salvo en sectores priorizados que no se quieren precisar. El gobierno de Raúl Castro se comporta como el primer obstáculo al desarrollo económico nacional y el principal obstáculo para disminuir las desigualdades, la pobreza y la precariedad cotidianas[6].



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