El mercado de la memoria (II)

Las negociaciones abiertas en América Latina y España, sea para amnistías o para transiciones, han contado casi siempre con la unidad de criterio entre los gobiernos y la oposición. Los grandes conflictos se han cerrado con la conformidad de las grandes corrientes, reservando los peros para las minorías residuales o extremistas.

Lo que sucede hoy en España y Colombia, con respecto al terrorismo de ETA y de las guerrillas, respectivamente, son casos de moda en el veleidoso mercado de la memoria.

Algunos conservadores se oponen tajantemente al proceso de negociación abierto por el gobierno del PSOE con la banda terrorista ETA y, con idéntico entusiasmo pero en sentido inverso, aplauden la Ley de Justicia y Paz del presidente colombiano Álvaro Uribe. ¿Cómo pueden elogiarse o criticarse planes parecidos en las formas y muy similares en los fines, sólo por el signo ideológico de quien los promueve?

Queda claro que memoria, respeto a las víctimas y reconciliación nacional son términos con significados diferentes, según el puesto en que se vendan.

Sectores de la izquierda, por su parte, han sido excesivamente críticos con el programa de Uribe, mientras apoyan incondicionalmente el plan de Rodríguez Zapatero. Ambas propuestas "de paz" no dejan de ser polémicas, pero en el fondo encierran el mismo espíritu que animó a las transiciones española y sudamericanas: el punto final a capítulos conflictivos de las historias nacionales, con el menor coste político posible.

¿Acción o brazos cruzados?

Siempre quedará la posibilidad de que los procesos de restauración del orden democrático fracasen, pero intentarlo es lo menos que puede hacer un gobierno responsable. Zapatero ha dicho que no habrá coste político en el proceso de negociación con la banda terrorista. Lo que en buen español quiere decir que "la paz" no implica permitir la independencia del País Vasco, ni la anexión por parte de éste de la vecina región de Navarra, ni la salida masiva de carniceros profesionales de las cárceles. De momento, estas son las intenciones de Madrid. Habrá que juzgar a su presidente por los hechos, no por lo que imaginemos que es capaz de hacer.

ETA, casi derrotada por la vía policial pero todavía con capacidad militar, no comete asesinatos desde hace tres años. No será fácil vencerle, debido a sus estrambóticas reivindicaciones históricas, pero se sabe que en toda negociación las partes comienzan exigiendo máximos. Concederles demandas de primer o segundo orden forma parte del ajedrez al que se enfrentará Zapatero, un entramado en el que también juegan la negativa del principal partido de la oposición y de las asociaciones de víctimas a apoyar una salida "negociada".

En ambos procesos, el colombiano y el español, se manifiesta una verdad tan cruda como políticamente incorrecta: en un período de negociaciones para terminar grandes conflictos las víctimas confirman su papel socialmente activo y el dolor ocasionado vuelve a tocar el sentimiento de los ciudadanos, pero su influencia en las decisiones es muy limitada.

Tanto en España como en Colombia, las víctimas del terrorismo y del paramilitarismo han presionado a los poderes para evitar la vía de la negociación. Han hecho bien en expresar sus opiniones y en defender la idea de la reparación y la justicia. Sin embargo, las decisiones finales están en mano de los poderes públicos, los únicos con potestad para legislar y aplicar la ley, pensando en todos, en hoy y en mañana, sin olvido pero con distancia calculada.

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