Actualizado: 26/06/2019 9:43
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El mercado de la memoria (I)

Transiciones, amnistías y los símbolos del mal: ¿Juzgar el pasado u olvidarlo?

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Corren tiempos en los que conviene preguntar primero el signo ideológico para conocer qué se mueve detrás de una declaración o postura. El sentido común se escurre entre las modas en muchos sectores del arco ideológico internacional.

Baste un ejemplo de amplia repercusión mediática en 2006 para ilustrar las diferentes varas con que se está dispuesto a medir los asuntos: al abordar los procesos de transición, la gestión del pasado y el papel de la justicia luego de grandes conflictos nacionales —un tema en el que Cuba tendrá mucho que decidir más pronto que tarde— solemos asirnos a posiciones partidistas. Adictos a la manipulación, no son pocos los que se dejan arrastrar por los extremos de ambos bandos.

Hoy por hoy se libra en el contexto iberoamericano un debate sobre el resultado de las transiciones a la democracia en que el aspecto judicial desempeñó un papel prácticamente nulo. Las amnistías que en su momento aprobaron España, Argentina, Chile y El Salvador, entre otros, sirvieron para poner punto y aparte temporal al drama de estos países en relación con sus terribles pasados.

Pero, allí donde fuere, ni todas las víctimas fueron resarcidas cabalmente, ni las llamadas Comisiones de Verdad y Justicia constituyeron un brebaje mágico para el desagravio de la memoria. Aun así, no caben dudas de que la tragedia de los abuelos no se traspasó a los nietos, parafraseando al catedrático español Emilio Lamo de Espinosa, quien afirmó que a los españoles les tocó pensar qué era lo más importante durante la transición: juzgar los crímenes que se cometieron contra sus abuelos y padres o asegurar un futuro más o menos estable para sus hijos y nietos.

¿Es esta la confirmación de que las sociedades siempre están abiertas a reconsiderar las actitudes de los violentos que han originado grandes crisis, si estos están dispuestos a restablecer el orden democrático?

Probablemente sí. A pesar de tamaño conflicto ético, los hechos no pueden ser más elocuentes y el tema de la reconciliación, la (des)memoria y el 'mal menor' ha afectado por igual a tendencias de izquierda que de derecha. No se trata de aplaudir ni denostar dichas soluciones, sino simplemente de reclamar un mínimo de coherencia.

Mirando hacia atrás

Chile, España, Argentina y El Salvador no estarían hoy donde están si sus políticos no hubieran apostado por el futuro y enterrar el pasado. Veinte años después de la última dictadura militar fue que Buenos Aires reabrió los procesos contra los culpables de violaciones a los derechos humanos.

Argentina ha entendido que, transcurridas dos décadas, son menores los riesgos del ruido de sables, así como que los sectores militares están mejor controlados por el poder civil. En 1983, tras algunos movimientos en el Ejército, Raúl Alfonsín se convenció de que la idea de la consolidación democrática debía imponerse a la de la reparación total de las atrocidades, y actuó en consecuencia firmando las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.


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