Actualizado: 18/04/2024 23:36
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Espías, Los Cinco, Exilio

Florida Roundup: espías, avionetas y sombras

¿Por qué Cuba no pidió al Departamento de Justicia de EEUU inmunidad para las avispas antes de o al compartir información con el FBI?

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El profesor canadiense Stephen Kimber (University of King´s College, Halifax) acaba de publicar What Lies Across the Water (Fernwood Publishing, 2013, 296 páginas) con el subtítulo sugestivo de “la verdadera historia de Los Cinco.”

Una entrevista con Kimber en el programa radial “Tropical Currents” del martes pasado fue cancelada por el productor ejecutivo, Joseph Cooper, en virtud de que el libro era incendiario. El gerente general de la radioemisora pública del sur de la Florida (WRLN, 91.3 FM), John Labonia, pidió enseguida disculpas por la censura y reprogramó la comparecencia de Kimber para el viernes, en edición especial de “Florida Roundup,” con el moderador Tom Hudson; el corresponsal WLRN-Miami Herald para América Latina y el Caribe, Tim Padgett, y uno de los fiscales actuantes en el juicio de Los Cinco: David Buckner.

Una conversación civilizada

Desde luego que el programa, de casi hora, discurrió como conversación entre Kimber y Buckner, moderada con acierto por Hudson y animada por Padgett como convidado de piedra. Puede escucharse a través del enlace Was The Miami Trial Of The Cuban Five Fair? de la página web WRLN.

Aunque Kimber concedió a Buckner que la Red Avispa tenía misiones militares, insistió en que eran puramente defensivas —para detectar indicios de invasión a Cuba— y como no arrojaron resultados ni siquiera de peligro para la seguridad nacional de EEUU, las sanciones fueron demasiado severas.

Buckner y Kimber discreparon sin remedio acerca del papel desempeñado por el jefe de la red, Gerardo Hernández Nordelo (Giro), en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate (HAR). Y el programa terminó desembocando en por qué el FBI procedió a desmantelar la red el 12 de septiembre de 1998.

El punto de inflexión

Buckner concedió a Kimber que, al detectarse una red de espionaje, la mejor variante estratégica consistía en dar pita para sacar el mayor partido posible, pero aseguró que la decisión de desmontar la Red Avispa se tomó por haberse involucrado en el derribo de las avionetas de HAR.

Kimber repuso que el affidávit original del FBI no aludía a este incidente, que vino a imputarse siete meses después de la redada y tan sólo a Giro, bajo el cargo de conspiración para cometer asesinato. Como se venía dando pita a la red desde 1995 y en junio de 1988 agentes del FBI de visita en La Habana recibieron informes de la Dirección de Inteligencia (DI) cubana sobre acciones terroristas de exiliados cubanos, planificadas en territorio de EEUU, Kimber preguntó a Buckner: ¿Qué cambió de junio a septiembre de 1988 para ordenar los arrestos?

Kimber mismo adelantó la respuesta usual de la bandería a favor de Los Cinco: que el jefe de la oficina del FBI en Miami, Héctor Pesquera, ordenó la redada bajo la influencia de grupos de presión del exilio. Y al contestar Buckner que no sabía cuál había sido la causa eficiente para cambiar la estrategia de seguimiento de la red y proceder a desmantelarla, quedó sin aclarar un cono de sombra en el debate público sobre la Red Avispa, ya que del lado de Kimber reina también la penumbra: ¿Por qué Cuba no pidió al Departamento de Justicia de EEUU inmunidad para las avispas antes de o al compartir información con el FBI?

Coda

El domingo fue noticia en Miami que, desde el primero de julio, el hermano de la única víctima sin ciudadanía estadounidense (Pablo Morales) en el derribo de las avionetas había solicitado a la judicatura que la fiscalía presente ante gran jurado las pruebas “que implican a Fidel Castro y Raúl Castro.”

Castro asumió enseguida y públicamente su responsabilidad (EFE, 3 de marzo de 1996). Una grabación en que Raúl Castro declara haber dado la orden de derribo salió a la luz pública en la prensa escrita, la radio y la televisión de Miami hacia 2003. Para indemnizar a los familiares de las otras tres víctimas (Armando Alejandre, Carlos Costa y Mario de la Peña), la judicatura civil estadounidense consideró que fueron asesinados (Alejandre v. Republic of Cuba, 1997). Y el Congreso de EEUU pasó como ley al Código Federal (22 USC § 6046) no sólo que el derribo equivalía “al asesinato a sangre fría,” sino también que el Presidente presentara “este acto de terrorismo por Fidel Castro” ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Así aflora otro cono de mayor penumbra: ¿Por qué no hubo tal acusación ante la CIJ? ¿Por qué la fiscalía federal de EEUU ni siquiera se tramita la acusación de gran jurado en agosto de 2003 contra el general Rubén Martínez Puente (jefe de la fuerza área cubana) y los pilotos (Lorenzo Alberto y Francisco Pérez-Pérez) del MiG interceptor?


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