Actualizado: 21/07/2019 2:08
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Indagación del choteo denominado ayuda

Los cambios en Washington con respecto a La Habana desembocarán más temprano que tarde en el pugilato entre la responsabilidad presupuestaria y la simpatía tradicional hacia los inmigrantes cubanos

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El periódico Sun Sentinel hizo carambola a tres bandas con las consecuencias de las invasiones demográficas de Castro a Estados Unidos: el flujo de fondos de seguridad social hacia la Isla, la jubilación de cubanos —incluso funcionarios del castrismo— a costa de los contribuyentes estadounidenses y la politiquería de mantener como refugiados a meros inmigrantes.

Unos 330 mil cubanos han arribado a la Florida desde 2003 y como refugiados se benefician con los programas de ayuda en efectivo y sellos para alimentos, así como de la capacitación laboral y atención médica gratuitas. Nueve de cada diez beneficiarios de estos servicios en la Florida son cubanos y al cierre de 2014 engulleron más de $300 millones, según el Departamento de Niños y Familias. Luego de tener acceso a “la ayuda” —nada más que por ser cubanos— muchos van de vuelta a la Isla de Cuba pintoresca para gastar ese dinero e incluso regresan definitivamente sin dejar de cobrar en EEUU, gracias a un familiar o amigo. Hacen bien. Cada cual aprovecha como puede las coyunturas del mercado.

Tres tristes tretas

La primera invasión demográfica —ordenada por Castro al concluir la guerra civil (1965)— dio pie a la Ley de Ajuste Cubano (1966). Para 1972 el senador Lawton Chiles (D-FL) conseguía que los invasores entraran de cajón en el programa federal denominado Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, en inglés). En 2013, uno de cada diez inmigrantes cubanos cobró ISS frente a uno de cada 25 inmigrantes de otros países.

La segunda invasión demográfica —urdida por Castro ante los sucesos de la embajada del Perú (1980)— propició que se concediera a los inmigrantes cubanos y haitianos la categoría especial de entrants, con derecho inmediato a la ayuda federal para víctimas de persecución política. La Ley de Asistencia a la Educación de Refugiados (1980) englobó a los niños de Cuba, Haití e Indochina junto con los adultos de Cuba y Haití. Por enmienda se dispuso también reembolsar a las agencias locales y estatales encargadas de ayuda de emergencia por inmigración masiva.

En aquel entonces el representante Louis “Skip” Bafalis (R-FL) abogó por prestar toda la ayuda posible a los refugiados, pero ya declaró a Sun Sentinel que, al cabo de 35 años, “it really is incredible that it was allowed to continue”. Uno de los artífices de la precitada enmienda, el ex senador Richard Stone (D-FL), reconoce que el tiro sale hoy por la culata, pues no cabe alegar persecución “if you can go back and forth”, como ilustra ejemplarmente Rosa María Payá.

La tercera invasión demográfica —largada por Castro tras el Maleconazo con la autorización a emigrar “por medios propios” (1994)— sortearía con facilidad la reforma de seguridad social (1996) que excluyó por cinco años a los inmigrantes del pastel de los beneficios. Los políticos de la Florida arrancaron excepciones que permitieron a los cubanos mantener el acceso a los sellos para alimentos, Medicaid y SSI. Incluso se superó la restricción de cortar el SSI a los siete años si el inmigrante no adquiría la ciudadanía estadounidense. Ileana Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz-Balart arreglaron en el Congreso que los viejos y enfermos se hicieran ciudadanos sin pasar las pruebas de inglés y cívica.

Los cambios en Washington con respecto a La Habana desembocarán más temprano que tarde en el pugilato entre la responsabilidad presupuestaria y la simpatía tradicional hacia los inmigrantes cubanos, que concita igualmente alegaciones de injustica por otros inmigrantes.

Tres caras de la ayuda

Además de ayudar a los cubanos que salen huyendo de la persecución política de la dictadura, aunque luego recurven de visita, el fisco estadounidense ayuda a quienes se planta en la Isla a luchar por la libertad y la democracia. Hacen bien. Cada cual aprovecha como puede las coyunturas del mercado.

El adalid del Frente Antitotalitario Unido (FANTU), Guillermo Fariñas, ejemplificó de manera muy ilustrativa cómo se invierte esa ayuda. Al comentar el altercado —en reunión ordinaria de noviembre de 2014— con José Alberto Botell Cárdenas, Fariñas precisó: “Él tenía dentro de la organización un estatus de oyente (…) Nosotros le dijimos que para recibir ‘la ayuda’ (sic) había que escribir noticias o hacer algo”.

De hacer algo dan fe las campañas, tomas de posición ciudadana, mesas, proyectos, marchas y demás quehaceres de la oposición interna, así como los cursos de capacitación, encuentros, reuniones, congresos, giras y demás actividades en el exterior, que vienen acorralando a la dictadura y precipitan su caída.

La ayuda tiene una tercera cara en quienes se encargan de prestarla desde los propios Estados Unidos, por ejemplo: International Relief & Development (IRD), organización no gubernamental que recibe casi todos sus fondos del gobierno y es uno de los contratistas clave de la USAID para llevar adelante su programa Hastening the Transition to Democracy [Acelerar la transición a la democracia] en Cuba.

Uno de los periodistas que participó en la carambola del Sun Sentinel, Tracey Eaton, hizo otra con el informe de auditoría, la declaración de impuestos y la página web de IRD. Eaton se topó con que IRD recibió por lo menos $3,5 millones entre septiembre de 2011 y septiembre de 2014 para proyectos en Cuba, pese a que desde 2010 la firma auditora DMP Group había detectado que este acelerador de la democracia incurría en $193.115 de gastos irregulares, incluyendo el consumo de bebidas alcohólicas como gastos de viaje. Eaton encontró también que el presidente y director ejecutivo de IRD hasta 2014, Arthur B. Keys Jr., ganaba $676.916; su esposa, Jasna Basarick-Keys, directora de operaciones, $363.255; y uno de los parientes de esta, Mladen Basarick, director de tecnología global, $193.121. Hacen bien. Cada cual aprovecha como puede las coyunturas del mercado.

Coda

Así que no hay por qué preocuparse por las bolas revolucionarias de que una auditoría a las Damas de Blanco habría revelado faltante de 27.542 CUC y que Berta Soler empleó unos 189.000 CUC de la ayuda a la lucha por la democracia en la compra del auto de su esposo, un apartamento en Alamar, una casa en Santos Suárez, la canastilla de su hija y unas cuantas boberías en Panamá. Hace bien. Cada cual aprovecha como puede las coyunturas del mercado.


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