La misma piedra

Acaba de lanzarse la campaña "Cien mil firmas por la propiedad", que busca modificar la Constitución castrista mediante la acción de los ciudadanos. Según los promotores, esta gestión "se presenta en su calidad jurídica, y no política", porque se pretende tan sólo reformar la norma sobre propiedad personal (Artículo 21).

Semejante iniciativa sigue la tradición del Proyecto Varela (mayo de 2002) y de la campaña "Con la misma moneda" (noviembre de 2007): presentar a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) determinado proyecto de ley con el aval de más de 10.000 firmas. A este último respecto, los promotores esperan recoger 100.000 en el plazo de cuatro meses, luego de "haber repartido boletas por todo el país, cada una con capacidad para 12 nombres". Así, la nueva campaña no pasa de ser otro salto de tigre al vacío.

El martirio de Regis Iglesias, Tony Díaz, los hermanos Ferrer García y demás activistas encarcelados vindica para siempre el Proyecto Varela, pero ellos no se redimen cuando el relanzamiento del proyecto (Madrid, octubre 24 de 2008) y las campañas precitadas incurren en el mismo error que malogró el avance desde las oficinas de la ANPP a la sesión plenaria de sus diputados.

Se considera que no ha habido iniciativa política tan eficaz como el Proyecto Varela, donde estaría cifrada la estrategia de trabajar dentro de los estrechísimos márgenes que ofrece la Constitución castrista. Sin embargo, toda estrategia resulta eficaz tan sólo en la medida en que se acerca al efecto deseado. Y como el Proyecto Varela ni siquiera fue sometido a discusión en la ANPP, el consuelo se busca en indicadores subsidiarios: número de firmantes, apoyo internacional, e incluso la propia respuesta del régimen. Así, el proyecto pasa por eficaz hasta cuando el enemigo vence.

El notario, cancerbero del régimen

Al entrar en el juego estratégico de retorcer la Constitución castrista contra el castrismo se invoca la norma que autoriza para ejercer "la iniciativa [de las leyes a] diez mil ciudadanos, por lo menos, que tengan la condición de electores" (Artículo 88. g). Pero atenerse a la norma constitucional presupone aceptar todo el Derecho vigente: "cuando sus normas son aplicables, debe actuarse y juzgarse sobre la base [de ellas] excluyendo (…) cualesquiera razones distintas", como afirman, entre otros muchos, los jurisperitos españoles Manuel Atienza y Juan Ruiz-Manero en Las piezas del Derecho (Barcelona: Ariel, 1996, página 175).

Así como es preciso recoger más de 10.000 firmas de ciudadanos, su condición de electores tiene que acreditarse, tal y como manda el Reglamento de la ANPP (diciembre 25, 1996): "Si la iniciativa procede de los ciudadanos, [los] promoventes del proyecto acompañan declaración jurada ante notario, donde se acreditará la identidad personal mediante los datos del carné de identidad como documento idóneo y probatorio de la individualización de una persona, así como de que no está invalidada para ejercer el sufragio activo o pasivo" (Artículo 64).

De este modo, el notario, funcionario clave del Ministerio de Justicia, es el cancerbero de la revolución castrista a las puertas de la iniciativa ciudadana de las leyes. Y hay que pasar por ahí o pierde sentido práctico, más allá del alboroto, enfilar contra el castrismo su propia Constitución.

Miles y miles de firmas al bulto no bastan. Por el simple motivo antedicho, la campaña "Cien mil firmas por la propiedad" está condenada de antemano al fracaso. Y la secuencia "Proyecto Varela-Con la misma moneda-Cien mil firmas por la propiedad" indica que el proceso de aprendizaje social de la disidencia adolece de serias fallas. Y así seguirá ocurriendo mientras no se tenga consciencia de que para volver contra el castrismo sus propias reglas del juego, es preciso seguirlas, aunque provoquen confusión de sentimientos.

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