Actualizado: 16/10/2017 9:39
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Cuba, Parlamento, Oposición

Oposición, plebiscito y parlamento

No tiene sentido criticar y nada más que criticar los males casi sexagenarios del partido, el gobierno y el parlamento, porque la elite gobernante es inmune a la crítica opositora

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En alguna entrevista Ricardo Alarcón dijo que había tenido que fajarse con las obras de filosofía jurídica de Hans Kelsen y así puede comprobarse en su libro Cuba y la lucha por la democracia (Ciencias Sociales, 2002). Aquí Alarcón se agarra cinco veces de la noción kelseniana de “parlamentarización de la sociedad” para ilustrar la bondad del orden político vigente en la isla de Cuba pintoresca, pero no se refiere ni una sola vez a cómo Kelsen había fundido la esencia y valor de la democracia con el multipartidismo: “La democracia es, necesaria e inevitablemente, un Estado de partidos”[1].

A este último respecto son tan inconsistentes como Alarcón muchos personajes de la bandería contraria: desde quienes solo arman circos mediáticos con alardes de plebiscito y pedidos de leyes al parlamento del partido único, hasta quienes largan —por supuesto que sin decir cómo— que lo primero que hay que eliminar es la democracia secreta del PCC, como si tal secretismo no fuera inherente a todo partido comunista[2] y la prioridad política no fuera más bien eliminar el orden estatal sin oposición parlamentaria.

No tiene sentido criticar y nada más que criticar los males casi sexagenarios del partido, el gobierno, el parlamento y la madre de los tomates dictatoriales, porque la elite gobernante es inmune a la crítica opositora y eso que llaman pueblo no necesita meras declaraciones sobre los males que arrostran día y día, sino indicaciones de cómo superarlos. A tal efecto no valen ni lamentos ni estupideces.

Qué hacer con el plebiscito

Nadie en sus cabales puede tragarse la guayaba práctica de que Rosa María Payá u otro cualquiera montará algún día el plebiscito que pregonan. Mucho menos la guayaba teórica de Alexis Jardines: “El único camino capaz de unirnos a todos, sin que importen las diferencias políticas, es trabajar por un plebiscito”. Ese trabajo lo hizo ya el propio gobierno.

Todas las elecciones generales en Cuba son plebiscitos, porque todos los candidatos son del Gobierno. Votar por cualquiera de ellos equivale al SÍ y para el NO hay que anular la boleta o dejarla en blanco. Políticamente esta negativa significa mucho más que cacarear por ahí con Antúnez “No, no y no a la dictadura”. Sobre todo después que Antúnez saludara por radio en Miami a Posada Carriles y pidiera libertad para el preso político (sic) Eduardo Arocena[3].

Para que los votos negativos sumen millones y deslegitimen al Gobierno en las elecciones generales, la oposición debería difundir más o menos este mensaje: “Votar por cualquier candidato es votar por el Gobierno y votar por el Gobierno es seguir como vamos: de mal en peor y sin esperanza. Ve a votar, pero anula tu boleta o déjala en blanco. Nadie podrá verte ni podrá pedirte cuentas después”.

Este ademán sería políticamente mucho mejor que subirse con Cuesta Morúa y otros en la Plataforma Ciudadana #Otro18 para darle a la matraca de pedir leyes al parlamento sin que ningún diputado haga caso, ya que parlamento y Gobierno no son lo mismo, pero es igual: son fruto de la misma mata electoral y forman el aparato estatal del único partido.

También sería mucho mejor que la arenga fútil de Rodiles: “Si #TodosMarchamos los domingos, el miedo y la dictadura se acaban”. Si marchas te ven y la policía te prende; si anulas o dejas la boleta en blanco, ni te ven ni te pueden prender. Y los números de votos negativos tienen más salsita opositora que los números de detenidos por marchar cada domingo pidiendo al Gobierno cosas que jamás se darán. Tampoco sirven para nada los números de firmantes de papeles o asistentes a reuniones de #Otro18.

Por supuesto que los votos negativos no tumbarán al Gobierno, pero irían dando —a eso que llaman pueblo— una idea mucho mejor de que Somos+ contra el régimen que el Somos+ que Eliécer Ávila viene pregonando desde marzo de 2013. A la vuelta de tres años tiene apenas unos cuantos suscriptores en el blog y muchos más seguidores en Twitter, pero todos y cada uno sin repercusión ni influencia política alguna.

Para votar negativo es mejor anular la boleta con cualquier garabato, ya que las boletas en blanco se podrían alterar fácil con sólo una palomita a lápiz en el circulito previsto para el voto unido [por todos los candidatos a la vez]. Incluso los colegios electorales podrían contar al descaro las boletas anuladas como votos positivos, pero ante semejante riesgo la oposición solo tendría que asumir otra tarea clásica de toda política genuina en tiempos de paz: atajar el fraude electoral.

Terapia preventiva

La proclividad a usar números fraudulentos no es exclusiva del Gobierno. En este mismo sitio se pretendió pasar subrepticiamente que, de la noche a la mañana, fueron borrados más de 200 mil electores del registro oficial en las elecciones generales de 2013[4]; por el contrario, el Gobierno reportó contra sí mismo, en las elecciones municipales de 2015, más votos en su contra y menos participación popular que en 2013.

La tentación humana de manipular números según intereses obliga a que los opositores, tras votar en negativo, concurran de nuevo a los colegios electorales al momento del cierre —sin andar revoloteando por ellos antes— para presenciar atentos el escrutinio, tal y como autoriza la ley. Si los agentes de la dictadura se atreven a impedir que sean testigos presenciales o a cometer fraude delante de ellos, la bandeja queda servida para vocear algo mucho mejor que las torturas que denuncia Rodiles por apretazón de esposas o los desaparecidos que denuncia Ángel Moya cuando no sabe adónde llevaron a los detenidos, aunque sabe perfectamente que no tardarán mucho en regresar a casa.

El fraude y la expulsión de testigos a la hora de escrutinio son delitos electorales previstos y sancionados por las propias leyes del régimen. Así que tienen mucho más pedigrí para dar tángana, incluso ante los tribunales, que las denuncias de Berta Soler y otros a la fiscalía sobre el aumento de la represión, que sí está autorizada por las leyes del régimen.

Qué hacer con el parlamento

Pese a que las boletas anuladas y en blanco son el mejor indicador de pérdida de legitimación del Gobierno, al bajar los números electorales a su favor, ni siquiera con millones de ellas se podría cambiar la composición de la Asamblea Nacional. Dichas boletas no se cuentan como votos válidos y así los candidatos del Gobierno tienen asegurada su elección con solo votar por sí mismos, aunque todos los demás electores voten negativo. Sin embargo, como nadie en sus cabales se traga la guayaba que metió Fariñas en el Nuevo Herald: que asesores de Raúl Castro sugirieron admitir de 15 a 25 disidentes en la Asamblea Nacional, cambiar la composición presupone meter opositores en las candidaturas a diputado.

La Comisión Nacional de Candidaturas propone pre-candidatos, que pasan a candidatos tras ser nominados por las asambleas municipales. Como solo los delegados de estas tienen la potestad legal para aprobar o rechazar precandidatos, la misión política de llevar opositores a la Asamblea Nacional empieza por llevarlos como delegados a las asambleas municipales. Tan solo así se podrá lograr algún día la mayoría que permita rechazar precandidatos del Gobierno y forzar propuestas de opositores como precandidatos.

A tales efectos los opositores tendrían que proponerse a sí mismos —como hizo Hildebrando Chaviano— o ser propuestos por otros —como sucedió con Yuniel López— en las asambleas generales de electores que se llevan a cabo por áreas de circunscripción. Aquí siempre hay un ojo que te ve, porque la votación es “directa y pública”, pero eso ya no importaría si las elecciones generales arrojan bastantes votos negativos como para tomar conciencia de que Somos+ de verdad y no como marca comercial registrada de Eliécer Ávila.

En todo caso, proponer opositores en el barrio y votar por ellos en las elecciones municipales sería mucho más político que marchar por presos enlistados al bulto como políticos o firmar empeños que, como el Proyecto Varela, no van por ningún camino del pueblo.

El opositor nominado por su gente de zona ni siquiera tendría que indignarse si la comisión electoral de su circunscripción pone en su biografía que es contrarrevolucionario. Todo el mundo sabe que el Gobierno tacha de este modo a quienes disienten, así que la tacha servirá más bien para que todos y cada uno de los opositores candidatos a delegados a las asambleas municipales sean bien identificados como opositores por los electores que aún no saben quién es quién en su circunscripción.

Coda

No tiene sentido lamentar que el parlamento no controla al Gobierno, porque uno y otro son frutos de la misma siguaraya electoral para ejercer la dictadura de partido único. La clave política radica en comprobar si, a instancia de la oposición y sin permiso del Gobierno, el pueblo puede tumbar ese árbol votando masivamente en contra de los candidatos en las elecciones generales, así como a favor de los opositores en las elecciones municipales.

Si el pueblo no lo hace, los opositores tendrían entonces que irse definitivamente adónde los albañiles cuando se acaba la mezcla, pero si continúan con el teje y maneje que arrastran por décadas sin lograr nada, ninguno merecería ya ser propuesto para el Premio Nobel de la Paz —como hicieron noruegos, americanos y otros extraterrestres con Yoani, Biscet, Payá y otros— sino más bien para el Premio Nobel de Física, por la cubichería politiquera de que oposición y represión funcionen como perpetuum mobile.



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