Recordación del Proyecto Varela

El 10 de mayo de 2002, el líder cristiano y anticastrista Oswaldo Payá presentó el Proyecto Varela (PV) a la Asamblea Nacional (AN). Por el desespero de casi sesenta años viviendo de desengaños, morirán de ilusiones en el exilio quienes todavía se embullan con aquel proyecto como “el primer y mejor plan de transición pacífica hacia la democracia en Cuba”[1].

Ni es el primero, porque la recogida de firmas para un plebiscito data de 1988 en la cuenta del Partido Pro Derechos Humanos, ni mucho menos el mejor, porque el PV nació y murió aquejado de doble insensatez:

• Arrastrarse con propuestas de leyes hasta el parlamento del Estado totalitario para que mejorara e incluso convocara a plebiscito contra sí mismo, como si los proponentes fueran curanderos del partido único
• Meter el tupe de que semejante petición tenía fundamento en el propio orden jurídico del régimen, como si no se cayera de la mata que “ni la Constitución de la República ni el Reglamento de la AN establecen la recolección de firmas, cualquiera que fuese su número, para promover la iniciativa legislativa”.

La carta de presentación del PV —dirigida al presidente de la AN y fechada el mismo 10 de mayo de 2002— agregó el tercer absurdo de justificar la ilegalidad propia con la ilegalidad ajena.

El clamor de la ignorancia

Como el PV incumplía el requisito legal ineludible de acreditar en acta notarial la condición de elector de cada firmante, aquella carta embarajó con que los notarios “no tenían orientación de realizar estas declaraciones juradas, que eso no es una práctica y se negaron a hacerlas”. Solo la ignorancia jurídica supina explica que la contra-inteligencia anticastrista recicle aún ese embaraje pueril.

• Los notarios no necesitan ni orientación ni práctica para otorgar tales declaraciones juradas, ya que la Ley No. No. 80-1985 de las Notarías Estatales impone la obligación de hacerlas (Artículos 10.b y 13.b).
• Si los notarios se negaron, los promotores del PV podían y debían haber dado una tángana de vigueta y fácil de ganar, porque encueraba a los notarios como transgresores de las propias leyes del régimen.

Sin embargo, nadie solicitó al Ministerio de Justicia —órgano rector del notariado— ni a la Fiscalía—órgano controlador de la legalidad— que los notarios obedecieran la ley para que el PV pudiera presentarse como la ley manda. Y para cumplir con ella el PV tenía que despertar entre cubanos el patriotismo de dar no solo sus firmas, sino también el dinerito para costear las declaraciones juradas correspondientes[2].

La picardía barata

De ahí que los promotores del PV eludieran echar en público la culpa a los notarios y se dedicaran a pregonar otro embaraje pueril: que ellos sí habían procedido “de acuerdo con las propias leyes del régimen”, pero la AN no, pues “engavetó el PV” y no dio respuesta[3].

Lo cierto es que, tras negarse Payá a recibir la respuesta que la AN envió con mensajero, porque “el sobre no tenía el mismo código del recibo”, la respuesta llegó por correo certificado. El vocero del PV Efrén Fernández declaró a AFP que habían recibido “un escrito dirigido al presidente de la Asamblea y no a nosotros, sin la firma de nadie y sin dar respuesta a lo solicitado”.

• La respuesta no deseada —que aparece hasta colgada en Internet— se embaraja con que la AN quedó “sin dar respuesta a lo solicitado”
• El pie de firma “Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos” se embaraja con que la respuesta vino “sin la firma de nadie”
• “Un escrito dirigido al presidente” de la AN se embaraja con que no se dio respuesta “a nosotros”, pero el Reglamento de la AN prescribe tan solo un escrito así como respuesta oficial a todo proyecto de ley que sea rechazado (Artículo 68.3).

El exilio tiene ya muchos años para este infantilismo de que primero el código del sobre no coincidía con el código del recibo del mensajero postal y después el destinatario del sobre del correo certificado no coincidía con el destinatario del documento que venía dentro como respuesta estrictamente legal.

Y mucho menos para embullarse con que, luego de presentar 14.384 firmas más el 3 de octubre de 2004, el PV se apeara este 24 de marzo de 2016 con 10.009 firmas que “desde hacía años permanecían escondidas”, como si 35.413 firmas recogidas desde que se anunció el PV —el 24 de enero de 1998— demostraran que los proyectos políticos resucitan por reiteración del mismo absurdo sin haber podido tupir en ninguna ocasión a más del 0,18 % del electorado.

Coda

El PV viene a recordarnos que los empecinados en elaborar leyes y proponerlas al Estado totalitario podrán dárselas de opositores sin miedo, pero no sin tacha, porque merecen aquella que Céspedes pegó a la cámara de representantes de la primera república en armas: “Abrazando ahora en conjunto a todos estos Legisladores, concluiré asegurando q. ninguno sabe lo q. es Ley”[4].

[1] Dora Amador: “El VII Congreso del PCC y el Proyecto Varela”, El Nuevo Herald, 14 de abril de 2016.
[2] A la tarifa notarial de 15 pesos para declaración jurada se suman 5 pesos por el sello del timbre (Resolución No. 130/1998 del Ministro de Justicia). Así, las 11.020 firmas de la primera ronda del PV presuponían recaudar 220.400 pesos.
[3] V.g., “Una iniciativa por la libertad de Cuba”, El Nuevo Herald, 24 de junio de 2014.
[4] Carlos Manuel de Céspedes: El diario perdido, Ciencias Sociales, 1994, 296.

© cubaencuentro.com