Acoso laboral, un congreso sin expectativas reales

La fase terminal de tardo castrismo, se nutre del desencuentro entre el pensamiento de las elites intelectuales del gobierno y la práctica pública de este. Un ejemplo es el último fin de semana de agosto ya que una densa niebla cubrió la realización del V Congreso iberoamericano de Acoso Laboral e Institucional. Los medios de comunicación del gobierno, solo se hicieron eco del conclave a través de sus páginas digitales, a donde tiene acceso algo menos del 25 % de la población laboral activa. O sea, los trabajadores.

La convención sobre el acoso, tuvo varios ejes temáticos. En sus bases expuso que el objetivo del encuentro fue poner en discusión desde distintas visiones, los factores de riesgo con motivo de la participación de las personas en las relaciones laborales, como causan daño a la salud de los trabajadores, a la economía y la sociedad. Entre ellos, la violencia en el mundo del trabajo, como una patología social.

Los ejes presentados por la unión de juristas para el evento, y en especial por la Sociedad Cubana de Derecho Laboral, señala a la violencia psicológica, los factores de riesgo psicosociales, el estrés u otros, como factores de riesgos organizacionales, donde se incluye la carga de trabajo, los horarios anormales, el enfoque de género y discriminación, y entre otros, el rol de los sindicatos en el enfrentamiento a la violencia laboral.

El 1er Congreso Iberoamericano de Acoso Laboral e Institucional, se realizó en México en el año 2011 y en el participaron diversos sectores sociales hemisféricos, casi todos de tendencia populista de izquierda. Al final del evento se crea la Red iberoamericana por la dignidad en el trabajo. El 2º Congreso se realizó en Buenos Aires, en 2013. El 3º en Brasil en 2015. El 4º en Quito, en 2017 y este 5º en el Caribe.

En el evento habanero, una de las intervenciones más audaces fue el de la abogada y asesora jurídica cubana Marisol Zapata. Ella señala la importancia de tipificar el acoso laboral como delito penal. Otros juristas, más moderados, y miembros de la oficial Unión Nacional de Juristas (cubanos), consideran que la complejidad del acoso laboral demanda una actualización legal. “Es una insuficiencia en el sistema legal de nuestro país, afirman, la no tipificación del acoso como delito. Por eso proponemos una reformulación de los ilícitos laborales en el ordenamiento jurídico penal, donde se incluya el acoso laboral”, han hecho público.

Independiente de las opiniones de los abogados laboralistas cubanos, la propagandista del Granma, Lisandra Fariñas Acosta, señala que la dictadura cubana cuenta con una política de apertura, de empoderamiento de la mujer, y protección a los trabajadores que las distingue del resto de los países de la región latinoamericana.

No obstante, dice, el evento permitió acercarse a las investigaciones sobre el tema para contribuir a su comprensión, y a la búsqueda de soluciones mediante políticas públicas. Y cita sobre el tema a la coordinadora del congreso, la Dra. Lydia Guevara Ramírez, miembro de la Sociedad Cubana de Derecho Laboral, y Secretaria de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Lo más frecuente, explica, es el maltrato a otra persona con sobrecarga de trabajo, horarios extenuantes y falta de seguridad en el empleo, y eso ocurre en el sector estatal y el privado. Sobre el tema la abogada Imbert Milán, asesora del oficialista y “religioso” Centro Arnulfo Romero, indica que esto lleva a una mirada intencionada al Código de trabajo. Con ella coincide Marta Prieto Valdez, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de la Habana.

Sobre el evento celebrado en La Habana, Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, y expreso político y de conciencia de la Causa de los 75, señala la importancia de la discusión de esos temas. Lo terrible, es tratarlo a puertas cerradas, como han hecho ahora.

Sin embargo, constata que el principal problema del acoso laboral en la Isla gira en torno a la negación a la libre sindicalización de los trabajadores, eje fundamental del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. A ese le siguen los problemas de los salarios, divorciados totalmente de la realidad económica del país, donde a los trabajadores se les paga en una moneda, y se les cobra por productos y servicios en una moneda 25 veces más cara.

Otro tema es el de la separación de las familias, cuando los trabajadores tienen contratos con el Estado para trabajar en el exterior. Los llamados trabajos voluntarios, una forma de explotación y convocados mediante la coerción. Pero también sufren el acoso laboral los trabajadores privados, uno de los sectores vulnerables y con un desarrollo todavía embrionario. El sector privado es acosado por las autoridades sindicales oficiales, y los funcionarios gubernamentales, entre ellos los inspectores, convertidos en maquinarias de corrupción y extorsión, cual maquinaria criminal.

Y todo ello, parte de la importancia de la libre sindicalización. Con sindicatos libres, los obreros podrían defender sus intereses, lejos de la dañina influencia del partido comunista y su gobierno. Concluye.

Llama la atención que dos importantes funcionarios de la CTC involucrados directamente en el tema, como Roberto Betharte, jefe de asuntos laborales y sociales, y Enrique Cisneros, Jefe de organización del trabajo y empleo, no participaran en el evento. Su presencia o la de los miembros de su equipo, para escuchar opiniones y exponer las suyas, enriquecería el debate, toda vez que su responsabilidad tiene impronta en la disminución del acoso, o al menos como plantean las abogadas laboralistas cubanas, penalizarlos.

Coda

No olvido el tema del acoso de género en los centros laborales. Pero eso en sí mismo, es un tema.

En lo personal, me gustaría escuchar la opinión sobre el acoso laboral del Coronel del Ejército y Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Defensa, José Antonio Alonso Monterrey.

Este septuagenario podría explicar los múltiples métodos de acoso y coerción que se aplican a esos trabajadores dependientes de los sistemas de seguridad nacional, y el nivel de lealtades al que son sometidos.

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