La reforma crediticia cubana: otro paso hacia un modelo de economía mixta

El inicio de una nueva política bancario-crediticia y la autorización de subcontrataciones del sector estatal al cooperativo y privado apuntan hacia la configuración de una economía mixta, con integración entre los diferentes segmentos estatal y no estatal en un mercado nacional común. Esta es una diferencia significativa con los cambios parciales de la década de los 90 cuando tras algunas aperturas limitadas en el período 1993-1996) tuvo lugar el archiconservador V Congreso del PCC en 1997. Aquel negativo evento concibió al sector no estatal como un segmento amurallado de actividades mercantiles, separadas y desconectadas del resto de la economía, controlada por el estado.

La apertura crediticia que entró en vigor el 20 de diciembre, significa una ampliación del espectro de actores económicos elegibles para créditos y otro paso facilitador para dinamizar la contratación de servicios y producciones entre los diferentes sectores estatal y no estatal. La nueva disponibilidad de préstamos debe propiciar la entrada al mercado cubano de un nuevo conjunto de pequeños negocios, avanzando hacia la creación de un mercado competitivo. El énfasis en un enfoque gradualista evidencia que es apenas el comienzo de una larga marcha hacia políticas reguladoras y estimuladoras del desarrollo desde el estado pero más amistosas hacia las lógicas de mercado.

La nueva disponibilidad de préstamos debe propiciar la entrada al mercado cubano de un nuevo conjunto de pequeños negocios

La medida provee importantes incentivos para mejorar el uso eficaz de los recursos y una mejor administración corporativa tanto de los pequeños negocios privados como del sector estatal. Es una condición necesaria, aunque no suficiente, para corregir las peores distorsiones del modelo de economía de comando, por cuyas rigideces ideológicas, el sistema financiero invertía exclusivamente en el sector estatal, aun cuando sus empresas fuesen las menos eficientes.

Un elemento clave de la implementación de esta reforma es la adopción de criterios de presupuesto duro por los cuales el Gobierno imponga un ambiente de disciplina financiera en el que los prestamistas reciban los beneficios y paguen los costos por sus decisiones. El sistema crediticio debe tener reglas claras para dejar caer a los que fallen, premiando a posteriori de modo amigable al mercado a aquellos que logren rendimientos positivos, abran nuevos mercados o generen nuevos productos. De igual modo, el Gobierno debe reforzar la responsabilidad legal ante contratos para evitar que incumplimientos de pagos o entrega de productos generen cadenas de insolvencia que fuercen una relajación de las exigencias de pago a los bancos.

Dado lo opaco del sistema financiero cubano, es difícil saber en qué medida el sistema se ha actualizado para asumir el reto que se plantea, especialmente si su objetivo va más allá de microcréditos. La creación de un mercado crediticio requiere tiempo y regulación para crear el capital humano y social así como la memoria institucional que lo hace funcional. Un reto importante en la institucionalización de la nueva política crediticia es la formación profesional de los agentes bancarios y su capacidad para evaluar las capacidades de pago. El primer énfasis debe estar en preparar agentes de préstamo competentes en aquellos sectores más dinámicos de la fase vigente de las reformas.

Un elemento importante es el establecimiento de microcrédito para los mercados locales, punto en el que las sucursales bancarias municipales, con conocimiento local específico son una urgencia. En esa área, hay importantes mejorías productivas disponibles a partir del proceso de descentralización y la creación de empresas municipales que funcionen con una lógica de mercado. El sesgo en los momentos iniciales debe ser a minimizar riesgos, pues se requiere un proceso de aprendizaje y los mercados de seguro son todavía poco profundos. En ese sentido, se impone un desarrollo local acelerado de los instrumentos de contrato, un mercado competitivo de seguros, incluyendo las hipotecas, así como un permanente esfuerzo para enfrentar brotes de corrupción a partir de las inconsecuencias e incoherencias de la transición en curso.

En ese sentido el equipo implementador de las reformas deberá manejar los tiempos, fases y secuencia del desarrollo del nuevo sistema financiero. Es inteligente que los primeros incorporados cuales sujetos de créditos son el nuevo productor agrícola y los cuentapropistas. La mayoría de los créditos iniciales debe dirigirse hacia sectores donde la historia de Cuba demuestra que incrementos de productividad son logrables con relativo bajo riesgo, existiendo ya un mecanismo de precios relativamente estable, como la agricultura. Un sector de rápida expansión crediticia debe ser la construcción de viviendas y la reparación o adquisición de equipos automotores con fines productivos como forma de dinamizar esos mercados recién liberados.

Un indicador a observar es en qué medida el sistema bancario usa los créditos para promover los contratos y la integración entre las entidades estatales y los actores cooperativos y privados y como distribuye los créditos a las empresas que participen de esas nuevas prácticas. El objetivo debe ser un sesgo pro-reforma, que promueva la competencia entre los administradores para premiar aquellos que aprovechen las nuevas prerrogativas de que disponen, decantando aquellos incapaces de adaptarse a las condiciones de mercado en una economía mixta.

Un reto central de la reforma bancaria es evitar tendencias inflacionarias. Un paso de relativa baja complejidad es pagar intereses reales positivos en las cuentas de ahorro y complementarlos con tasas de interés altas en los préstamos, aunque no excesivas. Una tasa de interés real positiva aumenta la disponibilidad de crédito en los bancos, y contribuiría a un uso productivo de las remesas y las ganancias de las nuevas empresas. Este incentivo fue muy importante en las políticas de desarrollo del Japón en los cincuenta, Taiwán en los sesenta y setenta y China desde el inicio de la reforma, que recurrieron en modo muy limitado a impuestos inflacionarios para financiar los créditos de inversión productiva.

El Gobierno debe seriamente valorar los efectos positivos en términos de profundidad del sistema financiero de abrir el país a la inversión de cubanos en el exterior, aunque sea con mecanismos reguladores contra los movimientos cortoplacistas de capital. Además de proporcionar capitales de alta tasa de reinversión, y poner presión sobre la política de embargo, los empresarios de la diáspora abrirían cuentas en los bancos locales proporcionando otro nivel de ahorro y participación.

La medida que entró en vigor diversifica instrumentos de pago más allá del efectivo y cuentas de ahorro (“transferencia bancaria, cheque, orden de cobro, tarjeta de débito o crédito, carta de crédito local, letra de cambio, pagarés y otros que se utilicen en la práctica bancaria”) de cuyo debido manejo y regulación dependerá la confianza en su uso a largo plazo. Este paso ofrece oportunidades de ganancia productiva, pues, en el margen, incentiva los depósitos en cuentas de ahorro y la capacidad de intermediación del sistema financiero.

Pero conjuntamente con las oportunidades vienen retos. La previa experiencia de economía de mercado cubano es anterior al uso del llamado dinero plástico. Los cubanos y las autoridades de orden necesitan la humildad y un esfuerzo de educación para contener vulnerabilidades a delitos financieros y comportamientos corruptos que pueden ser evitados.

Publicado originalmente en Infolatam. Se reproduce con la autorización del autor.

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