La vida sigue igual

La subordinación de la economía a la política ha convertido Cuba, del mayor complejo azucarero del mundo que fue, en uno de los países de menor producción y productividad agrícola.

Nuestro primer estadista, Francisco de Arango y Parreño (1765-1837), en su Discurso sobre la agricultura de La Habana y medios de fomentarla, realizó un riguroso análisis de lo que consideraba "grandes males", para los cuales propuso "grandes remedios". Mientras, el famoso químico Álvaro Reynoso y Valdés (1829-1888) se propuso solucionar la contradicción consistente entre ocupar el primer lugar mundial en la producción de azúcar y el último en productividad agrícola.

En su obra cumbre, titulada Ensayo sobre el cultivo de la caña de azúcar, Reynoso analizó íntegramente las operaciones relacionadas con el cultivo y cosecha de la gramínea, desde el desmonte y las siembras hasta la conservación de la paja para retener la humedad del terreno. Sin embargo, el problema de la baja productividad en la Colonia no pudo ser resuelto, debido al desinterés de los esclavos por los resultados económicos.

En el siglo XX, la industria azucarera experimentó un crecimiento permanente. La producción, que alcanzó un millón de toneladas en 1903, se elevó a 5,3 en 1925 y a 6,1 en 1948. En 1952 marcó la fabulosa cifra de 7,2, cuando la Isla tenía menos de seis millones de habitantes. Posteriormente, con un esfuerzo que dislocó toda la economía, se produjeron 8,5 millones de toneladas en 1970, monto desde el cual comenzó un declive que ha hecho retroceder la producción hasta 1,4 millones de toneladas en 2007, similar a lo logrado hace un siglo.

Últimos en todo

En el año 2001, en respuesta al indetenible retroceso, el general de División Ulises Rosales del Toro —quien después de una "exitosa" carrera militar, que lo elevó de soldado a jefe del Estado Mayor General, fue designado ministro del Azúcar— planteó un plan estratégico consistente en dos medidas: la reestructuración de la industria azucarera y la tarea Álvaro Reynoso, con el objetivo de elevar la producción a seis millones de toneladas, lograr un rendimiento mínimo de 54 toneladas de caña por hectárea y extraer de cada 100 toneladas de caña 11 de azúcar.

La diferencia con la época colonial es que ahora no sólo ocupamos el último lugar en productividad, sino también uno de los últimos en volumen de producción.

Con el argumento de la baja de los precios en el mercado internacional, en 2002 se cerraron 71 de los 156 ingenios existentes. El resultado fue la disminución de la zafra de 2004 hasta 2,5 millones de toneladas y la de 2005 a 1,3 millones. Posteriormente, se desmanteló otro grupo de ingenios, hasta reducir la molienda a unos 50-55 ingenios; mientras un alto por ciento de las tierras cañeras se destinó a otros cultivos.

El resultado de la labor del ministro demostró la gran diferencia que existe entre la dirección de tropas, donde todas las voluntades se someten a un objetivo definido por el alto mando, y la labor económica, donde el interés individual constituye un factor clave e ineludible.

Sin tener en cuenta ese resultado, y sin proceder antes a las transformaciones estructurales en materia de propiedad y salarios, el pasado noviembre el Consejo de Estado designó a Rosales del Toro ministro de la Agricultura para enfrentar la urgente necesidad de producir alimentos agrícolas, importados ahora a altísimos precios.

Un pueblo y un campamento

En la Colonia y en el "socialismo" la baja productividad tiene un elemento común, a saber, el desencuentro de los trabajadores con los resultados de la producción. En el primero, los esclavos, por su condición, no tenían el menor interés en la productividad. En el socialismo se confiscó la propiedad privada y se declaró a los trabajadores "verdaderos dueños", pero el movimiento sindical perdió su autonomía y, con ella, muchas de las conquistas alcanzadas, generalizándose el desinterés por los resultados productivos.

Esa indiscutible verdad es una clara demostración de que las formas de propiedad no pueden validarse por su eficacia para conservar el poder político, ni por cualquier otra razón ajena a su capacidad para generar bienes e intereses y propiciar la participación de los ciudadanos. Esto nos trae a la memoria aquella verdad martiana dirigida a Máximo Gómez: "un pueblo no se funda, General, como se manda un campamento".

Entonces, ¿cuál es la lógica que hace pensar que se puede revertir el retroceso en la agricultura con el cambio de funcionarios, sin proceder a las transformaciones que reclama la experiencia?

Si, además, existe conciencia de la necesidad de introducir "cambios estructurales y de conceptos" para mejorar la eficiencia, resulta incomprensible la insistencia en ignorar las causas de la actual crisis productiva. La mejor prueba de esa inconsistencia está en las limitantes del Decreto Ley 259 sobre la entrega de tierras ociosas en usufructo, con el fin de conservar el monopolio de la propiedad estatal.

Vale la pena reiterar las preguntas: ¿Por qué, si las tierras en manos del Estado devienen ociosas, el trabajador que las hace producir con su esfuerzo no puede poseerlas como propietario? ¿La tierra debe pertenecer a quien la hace producir o a quien las convierte en ociosas?

Sencillamente, con nuevos o viejos ministros, lo decisivo es proceder a la democratización de las relaciones económicas, fomentar los espacios, derechos y libertades para que, paralelos al Estado, los empresarios emergentes y los trabajadores del campo se sientan motivados a participar como sujetos interesados en los resultados de la gestión económica. Sin eso se podrán sustituir a todos los ministros, pero los alimentos los tendrán que seguir importando, si es que tienen con qué pagar.

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