Represión, injusticia y muerte tienen que cesar: Wilman Villar Mendoza

Grandes obstáculos aguardan aún al pueblo cubano en el camino hacia el cambio y la reconciliación. Las mentes tienen que estar muy alertas para no tomar decisiones precipitadas, motivadas por injustos y dolorosos acontecimientos, fomentados por la crueldad humana, el apego desesperado al poder o la insensatez política. Cuando una transición puja para ocurrir, las distintas fuerzas del pasado se resisten con engañosas acciones crueles, y pretenden desvirtuar a las personas que se expresan pacíficamente, como sucedió con el asesinato del sacerdote opositor Jerzy Popieluszko en Polonia, secuestrado el 19 de octubre de 1984, torturado y asesinado por miembros de los servicios secretos con el propósito de lesionar el proceso en curso.

En Cuba esas fuerzas pretenden mantener aislado al pueblo e impedirle su desarrollo espiritual y cívico. Se sienten cómodos con un país cerrado para que su población no tenga forma de comparar y el mundo no conozca lo que sucede. La semilla que plantó el Papa Juan Pablo II en 1998 ha continuado fructificando. Los cubanos merecemos nutrirnos con la peregrinación pastoral del Papa Benedicto XVI en marzo, que también irradiará sobre todos los aspectos de la sociedad.

Wilman Villar Mendoza falleció el 19 de enero luego de una huelga de hambre en la cárcel de máxima seguridad de Aguadores en Santiago de Cuba, de donde fue llevado al Hospital Juan Bruno Zayas en unas condiciones tan deplorables que los médicos no pudieron revertir las complicaciones de salud. Llama la atención que con solo 31 años y sin grandes dolencias previas, su organismo se hubiera deteriorado en un período relativamente corto. Eso confirma las condiciones infrahumanas en las prisiones cubanas y el desprecio a la persona humana.

El Gobierno procura acallar el escándalo nacional e internacional al aducir que no se trataba de un prisionero político, sino de una persona sentenciada por violencia doméstica. El editorial en la primera página completa del periódico Granma, el 23 de enero, evidencia la fuerte repercusión de las condenas internacionales, y los insultos esgrimidos en él denotan la falta de argumentos para justificar la cruel muerte de Wilman Villar.

En realidad, Wilman participó en una protesta pacífica el 14 de noviembre en Contramaestre, Santiago de Cuba. Todos sus acompañantes en aquella ocasión fueron liberados, pero a él inmediatamente se le hizo un juicio sin garantías procesales, utilizando una acusación levantada por su suegra en julio, y que poco después anuló. No obstante, fue condenado a 4 años. ¿Si no existía, cómo podían utilizarla? Por la dependencia del sistema judicial respecto a los dictados del Gobierno a través de la Seguridad del Estado. Pero aun suponiendo que se tratara de un delito común, cabe preguntarse si los reos comunes no son seres humanos, consecuencia de las prohibiciones de todo cuanto en otros países es normal, en muchos casos llevados a delinquir por los graves problemas socio-económicos existentes, que impiden tener un salario digno o ganarse la vida honestamente en labores privadas. Por algo Cuba ocupa uno de los primeros lugares en el mundo por cantidad de reos en relación con su población.

La muerte de Wilman Villar debe ser motivo para que el Gobierno cubano modifique de raíz el sistema penitenciario. En primer lugar, debe examinar el comportamiento de cada uno de los guardianes, por lo menos sacando del sistema a quienes no tengan las condiciones humanas y morales para esa labor. Las depauperadas instalaciones y los puestos de asistencia médica deben ser remozados y equipados adecuadamente. Las autoridades deben respetar los criterios del personal sanitario. Tendrá que eliminarse el hacinamiento y garantizarse que los confinamientos correspondan con la naturaleza de los delitos y los años de condena.

Desde el punto de vista jurídico es indispensable la modificación de la Constitución y el draconiano Código Penal, la eliminación de leyes como la 88, así como tiene que garantizarse el estricto apego al ejercicio de la justicia, con independencia del poder judicial, y garantías procesales. En el caso de los prisioneros políticos, la Seguridad del Estado-Policía Política no puede continuar por encima y dictando el proceder de los organismos legales.

Los gobiernos, parlamentos, personalidades y las organizaciones internacionales de derechos humanos deben insistir con las autoridades cubanas para que cumplan sus obligaciones con las Normas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, al igual que sus compromisos con lo establecido en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, firmados por el Gobierno, aunque estos últimos no han sido ratificados por la Asamblea del Poder Popular.

El paso inmediato deberá ser la excarcelación de los prisioneros políticos pacíficos, calculados actualmente en torno a 60, así como una parte significativa de los comunes. El indulto a 2.900 reos por el presidente Raúl Castro a fines de 2011 resonó internacionalmente, pero resultó insignificante al haber alrededor de 60-80.000 cubanos en las horrendas mazmorras. Incluso provocó mucho malestar en ellas pues, los que quedaron entre rejas, sintieron que habían estado lastradas por componendas en los establecimiento penitenciarios. Pudiera argumentarse que quien se queda nunca estará conforme, pero la insignificancia estimula injusticias y resentimientos.

Desde entonces se espera que haya sido el comienzo de la apertura de las cárceles. Resultaría previsible que en este trimestre continuaran las excarcelaciones, empezando por los prisioneros políticos. No menos importante será la adopción de espacios en la Primera Conferencia del Partido, el 28 de enero, para que los cubanos puedan realmente expresarse libre y constructivamente. Sería el principal aporte para la reconciliación y la reconstrucción nacional por todos nosotros, los cubanos, de quienes depende el derrotero de la Patria.

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