En lo personal, soy un partidario decidido de que el cambio hacia la República del futuro en Cuba se produzca mediante una transición lo menos dolorosa posible. Y creo que en esto soy parte de la mayoría de los cubanos que viven en la Isla y en la diáspora. Pero siempre me tomo el trabajo de distinguir entre aquellas cosas que son efectivamente cambios, y aquellas otras que no pasan de ser camuflaje. Entre lo que es nuevo, y lo que es más de lo mismo. Entre —recurriendo a la impecable dialéctica hegeliana— la simple variación cuantitativa y lo que realmente representa un salto de calidad.

Y me detengo en esta perorata para llamar la atención sobre el entusiasmo desplegado por analistas, observadores y periodistas acerca del dichoso artículo 265 de los Lineamientos aprobados por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. En el que al final, casi de paso, se ha agregado una oración que habla de “Estudiar una política que facilite a los cubanos residentes en el país viajar al exterior como turistas”.

Lo primero que llama la atención es la redacción. Observen cuantas dilaciones para llegar al meollo. Cuanto rodeo para decir que pudieran permitir que los cubanos hagan lo que cualquier persona en la mayor parte del mundo hace si tiene deseos, visa y dinero. Y es que en cualquier parte del mundo —con algunas excepciones— esta es una decisión muy sencilla. Pero en Cuba es una decisión de fuerte incidencia política.

Si efectivamente permiten a los cubanos viajar libremente el sistema político cubano se expondría a una hemorragia letal. Por un lado, perdería el control político sobre una parte de la población que ya no requeriría el permiso oficial para hacerlo, y por consiguiente no estaría obligado a “portarse bien” para realizar un viaje que no solo implica la expansión espiritual al contacto con otros mundos y otras personas, sino también la satisfacción de muchas necesidades básicas familiares. Por otro, introduciría un elemento de probable disrupción, al permitir el contacto de la población cubana con un mundo exterior en cuya descripción absolutamente pecaminosa basan los dirigentes cubanos uno de los argumentos de la superioridad del “socialismo” cubano. Y finalmente, lo que no es menos importante en medio de la crónica hambre financiera del Estado, significaría renunciar a muchas decenas de millones de dólares.

Por todo, es previsible que en este “estudio-de-políticas-que-faciliten” turistear no será una prioridad, y tomará un buen tiempo hasta que se decida algo. Luego, es también previsible que no implicará un cambio sustancial, sino probablemente un desmontaje muy parcial, eliminando algún aspecto, como puede ser, por ejemplo, la carta de invitación, o una rebaja general de costos, o la agilización de aspectos de la onerosa diligencia, por ejemplo, eliminando el trámite feudal de no objeción que hay que pedir a la última entidad en que el potencial viajero trabajó. No creo que mucho más.

No hay nada cualitativamente nuevo. Por un lado es mucho camuflaje, un ardid político que les quitará de arriba presión moral y les ganará los aplausos de los observadores poco informados y de esa turba de adoradores condicionados que solo esperan un guiñito de ojos para convencerse de que son amados. Pero sobre todo este paso, cuando se dé, es un ejemplo de cómo el sistema cubano tiene que dar pequeñas meneadas a los lados en el ámbito político para que los cambios en la economía funcionen. Y de lo que aquí se trata es, ante todo, de ofrecer a los nuevos ricos y a la clase media emergente (incubados en los negocios estatales, en la tecnocracia vinculada a la inversión extranjera y en el mercado negro) una oportunidad de gasto para evitar el desincentivo y el atesoramiento estéril.

No hay mucho más. Y para que nadie se equivoque al respecto los jerarcas partidistas colocaron esto en un acápite donde se habla de la economía y del turismo, no de los derechos civiles.

Es, como decía el viejo Vito, puro negocio.

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