Lo curioso de la nueva ley de inversiones extranjeras en Cuba es el interés mostrado en la prensa oficial de la Isla por enseñar lo que no es la ley. Así se vieron artículos y titulares en que se enfatizaba que con la ley no se está vendiendo a Cuba; no implica una negación de la soberanía y del socialismo; no se está entregando el país al capital extranjero y no se irá buscar inversión extranjera a Miami, para citar algunos ejemplos.

Lo de que el gobierno cubano no busca inversiones en Miami no es enteramente cierto, porque a comienzos de julio del pasado año el cónsul general de la Oficina de Intereses de Cuba en Washington, Llanio González, visitó esta ciudad y anticipó que la nueva legislación permitiría la inversión de cubanos residentes en el extranjero.

Sin embargo, y para continuar con los “no”, el Ministro de Comercio Exterior Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, dejó en claro que, de los cubanos residentes en el exterior, y especialmente en Estados Unidos, las posibles inversiones solo podrán hacerlo quienes “no tengan posiciones adversas al proceso revolucionario, ni estén vinculadas con la mafia terrorista de Miami” .

Llama la atención tanta negatividad, cuando precisamente La Habana lleva años anunciando esta ley como algo positivo.

Y es que esta legislación no solo tiene un objetivo económico, sino también, y específicamente, un carácter político.

Que en resumidas cuentas empiece a hablarse de una posible inversión de los grandes capitalistas exiliados, como la familia Fanjul, no deja de ser una derrota ideológica, y en primer lugar política.

Aunque por supuesto (y como en otras ocasiones), es muy posible que el exilio de Miami —consciente o inconscientemente— se sume al juego del gobierno cubano y comience a criticar, gritar y hasta exigir que no se permita a ningún cubano residente en EEUU invertir en Cuba, algo que por otra parte en la actualidad no lo permite Washington.

(En el caso de Alfonso Fanjul, que fue quien hizo las declaraciones sobre la posibilidad de invertir en Cuba si existían las condiciones adecuadas, la cosa se complica porque es ciudadano español.)

Pero por encima de los casos específicos, y más allá del hecho de que falta aún para que se conozcan las normas mediante las cuales se pondrá en práctica la ley, ese carácter político preocupa al gobierno cubano.

Tanto que ha dado la impresión de una cautela única, en el caso de una legislación por tanto tiempo anunciada, y se ha demostrado un interés en calmar no a sus enemigos —cosa que por otra parte nunca le ha interesado a la Plaza de la Revolución—, sino a sus miembros, a los suyos, a los revolucionarios, si es que esa especie en peligro de extinción en la Isla cuenta aún con muchos ejemplares.

El problema aquí no es practicar la típica visión de ver el vaso medio lleno o medio vacío, actitud que ya está presente en muchos de los análisis surgidos incluso antes de que se conozca el contenido completo de la ley.

Por supuesto que la ley es un paso de avance para los que contemplan invertir en Cuba, en cuanto a exenciones fiscales, y está supuesta a prestar mejores garantías a las inversiones.

Lo que no contempla la ley es fabricar un país nuevo, de la noche a la mañana, donde todo esté resuelto para quien quiera arriesgar su dinero en Cuba.

En este sentido, no ha que especular, sino considerar por un momento la realidad cubana.

Es muy probable que los capitalistas cuenten con un marco legal más amplio que el existente hasta el momento. De hecho, el interés de Cuba en ciertas inversiones extranjeras ya ha llevado a modificaciones del sistema legal.

Cuba aprobó en 2010 la legislación necesaria para desarrollar exclusivos campos de golf en la Isla. Hasta ahora, el plan no ha brindado resultados notables.

En este sentido, llama la atención el hecho de que este clima, que en apariencia resulta más favorable a la inversión extranjera, hasta el momento no ha tenido una respuesta positiva en el exterior.

Según un artículo de americaeconomica.com de 2012, el número de solicitudes que los inversores internacionales habrían presentado a revisión en el 2011 se limitaba a 240 proyectos, un número muy alejado de los 700 proyectos que por término medio se presentaban ante el Ministerio de Inversiones Extranjeras en la década de los noventa del pasado siglo.

De acuerdo al artículo de Juan Tamayo aparecido en El Nuevo Herald, en la actualidad la cifra de empresas mixtas con capital extranjero se ha reducido a unas 200.

No son buenas noticias para un país que en los últimos años ha tratado de recuperar su destruida industria azucarera, y en que los planes para echar a andar una agricultura depauperada solo brinda resultados paupérrimos cuando no negativos.

Ahora que la alianza con el presidente venezolano Nicolás Maduro es un gran signo de interrogación, hacen falta las inversiones extranjeras más que nunca, no únicamente con vista al presente sino que éstas resultan imprescindibles para el futuro de un modelo que permita sobrevivir a la élite gobernante luego del fin de los hermanos Castro.

Tres factores al menos parecen haber contribuido a la disminución de las inversiones extranjeras en Cuba.

La crisis mundial es indudablemente uno de ellos, y también el hecho de que, desde hace años, el gobierno cubano viene desarrollando un proceso de eliminar los inversionistas pequeños o relativamente pequeños, ya que prefiere tratar solo con las grandes corporaciones, o lograr acuerdos en que participen o brinden su apoyo países como China, Brasil y Venezuela.

El tercer factor puede ser el más importante. Algunos inversionistas extranjeros han declarado en privado que la campaña anticorrupción que se desarrolla en la Isla se ha convertido en un factor de inseguridad. Muchos de ellos expresan sus dudas y temores ante el hecho de que al tiempo que el régimen les impone un “gerente cubano”, al tiempo resulta que dicho “gerente” se ve envuelto en una investigación contra la corrupción, con el consiguiente proceso de congelación de cuentas y paralización de operaciones. Lo peor, sin embargo, es que estos inversionistas ven que esta campaña contra la corrupción es también un ajuste de cuentas, en que ciertos negocios en manos de determinados grupos, familias o miembros de la elite gobernante son favorecidos o perjudicados. Una especie de lucha entre familias mafiosas.

Mientras este panorama no se modifique, hay razones para dudar de la efectividad de cualquier cambio a favor de apoyar la inversión extranjera en la Isla.

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