"Está cerrado, pero está abierto", dice pasmoso el empleado de una venduta en el centro de La Habana, y a continuación invita al cliente a empujar una puerta de hojalata en la que puede leerse: "Las CCS [cooperativas de créditos y servicios] al servicio de la alimentación del pueblo".

Con disimulo, los clientes traspasan uno a uno la portezuela. Nadie dice una palabra. En una penumbrosa trastienda encuentran tomates, legumbres, cítricos y tubérculos, debidamente ordenados en sus cajas. El vendedor, un joven en los veintitantos, muestra ademanes felinos y una aritmética irreprochable.

Aunque es mediodía, cuesta trabajo la transacción por la poca luz. Cuando salen los usuarios, se les achinan los ojos y apuran el paso. Tal parece que no ha sucedido nada. La fachada del pequeño agromercado regresa a su mutismo. Para la mirada oficial es eso: un bazar cerrado. Para los transeúntes, una historia que nunca ocurrió.

Si esto no es una paradoja, entonces qué es: es la conversión de un mercado legal en ilegal, en el período de transición hacia un ya probado ineficaz esquema de distribución y venta en el que el Estado remonopoliza tales funciones, con tal de propinar un puntapiés a los intermediarios y "especuladores".

Pero pocos apuestan a la estrategia, y las estructuras, ahora desmanteladas, se reacomodan a la nueva situación, pasando algunas a una clandestinidad evidente. Incluso un periódico como Granma, vocero del Partido Comunista, arroja dudas sobre la operación.

"Este es un mecanismo que, por una razón u otra, ha fallado lastimosamente en los últimos años", reconoció el periodista Juan Varela Pérez.

El articulista, quien durante décadas ha seguido el curso de las cosechas azucareras, tan magras en los últimos lustros que se equiparan a las zafras coloniales, escribió que "los ejemplos negativos se reiteran cuando lo producido supera el plan por mucho margen y los medios y recursos asignados".

Pérez aludió a la falta de envases, transporte, almacenes y frigoríficos, a lo que suma la distancia entre las unidades agrícolas y los recintos de distribución y recepción.

'Hacen y deshacen'

De acuerdo con el punto de vista oficial, la cadena producción-distribución-venta al cliente sufre igualmente de una burocracia incompetente. "Falta de organización, de rigor, de exigencia", enumera el periodista.

Herminio Ravelo Jaime, administrador del centro de acopio de Güira de Melena, uno de los pueblos del llamado "granero de Cuba", una extensa y fértil llanura al sur de La Habana que asegura más del 20% del plan nacional de viandas, granos y hortalizas, admitió que "si el mecanismo de recepción y distribución falla, cualquier esfuerzo será inútil".

El viceministro de Agricultura, Juan Pérez Lamas, dijo que "se trabaja con seriedad" sobre "los tropiezos y errores de campañas precedentes", y explicó que el Estado, comprometido en "reordenar la red de comercialización minorista y mayorista", ha invertido en la reparación de camiones y trenes para no perder las cosechas.

Antes del actual reordenamiento, las fallas crónicas de ese sistema eran revertidas, en buena medida, por una red de puestos de venta en manos de comerciantes debidamente autorizados que recibían productos, en su mayoría de las cooperativas de créditos y servicios, a través de una flota de transportistas privados o estatales, estos últimos la mayor de las veces desviados de sus hojas de ruta.

El sistema permitió descentralizar las ventas en las ciudades, garantizar la frescura de los productos y mejorar la calidad de vida de miles de personas, al reducir los desplazamientos en procura de alimentos y obtenerlos sin tener que padecer agobiantes colas.

"Y ahora hay que caminar casi un kilómetro para llegar al mercado estatal", se quejó una anciana de unos ochenta años. "Hacen y deshacen y nunca piensan en el pueblo", sentenció blandiendo su bastón.

Un trabajador de los servicios comunales manifestó hallar diferencias en los precios, más bajos en las ofertas estatales, pero tuvo reparos para la calidad y variedad de los productos. "Es lo de siempre", apostilló.

Dando tumbos

El costo político de la nueva recentralización del aparato agrícola es asumido por el gobierno como un mal necesario, en tanto identifica como un peligro mayor la emergencia de una clase de intermediarios y "especuladores" que se capitaliza aceleradamente mediante mecanismos de mercado, ganando en potencialidades políticas y sumando aliados en campesinos privados y cooperativas.

Pagan mejor que el Estado las cosechas, llegan a los barrios de escasa infraestructura, hacen florecer negocios, algunos hasta invierten en el extranjero mediante amigos y en épocas malas se enquistan en sus cuarteles de invierno o migran hacia otros empleos pagando fuertes sumas. El resto es gozar la vida: autos, mujeres, ropa de marca, casas en la playa, joyas, y algún que otro viaje al exterior, los más avispados.

"Más que la disidencia, más que los empresarios tramposos o corruptos, la bestia negra son los intermediarios, porque detentan un poder real con capacidad para dificultar estrategias oficiales", opinó un académico que estudia las relaciones agrarias en el país.

En octubre pasado, en medio del shock agrícola dejado por una cadena de huracanes, el periódico Trabajadores, vocero del sindicato oficial (CTC), había calificado de "chantaje al Estado" el cierre de numerosas vendutas en manos de vendedores independientes, que ante el congelamiento impuesto de precios no pudieron obtener márgenes atendibles de ganancia.

El periódico reclamó entonces que a esos "mercaderes" se les retirase la licencia de venta, como una medida "aleccionadora". Muchos cayeron en desgracia.

Sin embargo, leyendo la propia prensa oficial, se tiene la sensación de que las políticas dan tumbos y que la visión gubernamental se resiente de incoherencia. A fines del pasado año, Granma publicó un reportaje de Freddy Pérez desde la provincia de Villa Clara, bajo el título de "La hora de Acopio".

El trabajo cita a Vladimir Hernández, director provincial de Acopio, quien pondera una serie de iniciativas exitosas, entre ellas, paradójicamente, las que evitaron la intervención de la empresa que él administra.

"Los cambios introducidos este año en el sistema de contratación, a través del cual las empresas que atienden a los productores acordaron el monto de las cosechas directamente con las diferentes formas productivas, incluyendo a los particulares, sin que mediara la presencia de Acopio como ocurría hasta ahora, contribuyeron a la concertación del 71% de las producciones, cifra sin precedentes en la provincia", explicó el funcionario en el reportaje de marras.

Si esto no es el pequeño triunfo del racionalismo económico, entonces qué es.

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