El crítico problema habitacional en la Isla ha recibido un golpe demoledor: alrededor de medio millón de viviendas fueron dañadas o derribadas totalmente por los fenómenos climatológicos Fay, Hanna, Gustav e Ike. Cualquier análisis de esa gran tragedia de origen natural tiene que tener en cuenta el efecto sostenido de otros factores de orden social.

El déficit habitacional se remonta a la primera mitad del siglo XX. Aunque la participación del Estado en la construcción directa de viviendas era reducida y existía un gran número de familias desempleadas o de bajos ingresos, las opciones existentes para la participación popular —compra, construcción, arrendamiento y créditos bancarios, entre otros—, unido a la correspondencia entre ingresos medios y el costo de las viviendas, impidieron que ese déficit se convirtiera en un fenómeno crítico.

En 1949, el costo de una vivienda de mampostería, placa, piso de mosaicos o de terrazo, con dos cuartos, baño intercalado, sala, comedor, cocina, portal y un pequeño patio, como las que sorteaba la Revista Resumen, estaba evaluada en 4.000 pesos. Si era de madera, techo de tejas, piso de cemento, un baño y un cuarto, se podía alcanzar hasta con 1.000 pesos en pueblos del interior. Con esos precios, un trabajador con un ingreso mensual entre 80 y 100 pesos podía obtener una casa de madera con el salario de un año, y con el de seis años, una de mampostería.

¿Planes revolucionarios?

Con el fin de resolver el déficit habitacional, el gobierno que asumió el poder en 1959 decidió eliminar mecanismos existentes y asumir la total responsabilidad en esa materia. Se crearon instituciones, se exoneró de impuestos durante diez años al que construyera una casa para vivirla, se rebajaron los alquileres y se aprobó una Ley de Reforma Urbana que reconocía "la posesión de la vivienda como derecho imprescindible e inalienable del ser humano" . Desde esa voluntad estatal, instituciones e instrumentos legales, comenzó lo que en el "argot revolucionario" se designó como "batalla por la vivienda".

El "primer plan" (1960-1970) consistió en la construcción de 32.000 apartamentos anuales, pero el promedio alcanzado no rebasó las 11.000. El fracaso condujo a la idea de la "participación popular". En 1971 se crearon las microbrigadas —pequeñas unidades integradas por 33 trabajadores que se dedicaban a construir un edificio cobrando sus salarios por su centro laboral—.

Con ese concepto, se emprendió el "segundo plan" (1971-1980), elevado ahora a 38.000 viviendas por año, aunque el promedio alcanzado no superó las 17.000. El "tercer plan", a partir de 1981, se propuso edificar 100.000 viviendas, pero no se sobrepasaron las 40.000 por año. A partir de 1995, la cifra comenzó a descender año por año, hasta que en 2005 se llegó al punto más bajo: 7.300 casas en los primeros siete meses.

El "cuarto plan", desde 2006, retomó la incumplida meta de 100.000 viviendas por año; y el concepto de la microbrigrada se sustituyó por "el trabajo de la familia que habitaría el inmueble". Un principio ideológico excluyente, pues para obtener una vivienda se requiere de una "destacada conducta social y revolucionaria". De todas formas, se volvió a incumplir. Entonces las autoridades optaron por una forma más "viable": bajar la altura de la varilla.

La meta de100.000 se redujo a unas 70.000 en el año 2007, la cual fue también incumplida; por lo que se decidió hacerla "más viable todavía" y para 2008 se bajó la varilla a 50.000. Una vez más, este plan amenaza con incumplirse, pues tras los primeros cuatro meses del año se encontraba al 28% de ejecución.

El problema habitacional —en una sociedad donde el trabajo dejó de ser la fuente principal de ingresos y la conducta moral quedó atrapada por la sobrevivencia— encontró una salida en las ocupaciones y construcciones de viviendas no autorizadas. Desde ese momento, el énfasis estatal giró hacia la promulgación de leyes y regulaciones para controlar el creciente "desorden".

En 1988 se aprobó una nueva ley encaminada a reordenar las regulaciones anteriores para "propiciar la solución del déficit habitacional" y fortalecer el control estatal sobre las operaciones. En 1995 se creó el Grupo Nacional, para controlar el desenfreno. En 2000 se aprobó el Decreto Ley 211, que prevé inspecciones físicas a los inmuebles y autoriza a funcionarios estatales para determinar sobre la propiedad de la persona. En 2001 se aprobó otro decreto ley que eliminó definitivamente la compraventa entre particulares y otorgó a las entidades municipales de la Vivienda el derecho de confiscación.

Un camino fracasado

Este breve recuento demarca un camino fracasado: desde el intento de suplir el déficit habitacional de antes del año 1959 hasta el férreo control estatal sobre la ciudadanía en todo lo relacionado con este tema. Dicha situación ha conducido al avanzado deterioro del fondo habitacional, los continuos derrumbes parciales y totales, el renacimiento y crecimiento de los barrios marginales, así como la construcción de inmuebles sin condiciones ni seguridad.

En tan desfavorable situación, los daños ocasionados por los fenómenos climatológicos a unas 500.000 viviendas, dejaron a miles de familias sin hogar, ante un Estado que no tiene respuesta para la tragedia. Como el país está afectado por una crisis estructural, el daño en la vivienda afectará toda la estructura. Eso se está reflejando en ausencias al trabajo, mayor desesperanza de la gente, manifestaciones de inconformidad, mayor descreimiento y también en el aumento del incontenible éxodo masivo.

Las autoridades han ignorado que los hombres empezaron a construir sus viviendas antes del surgimiento del Estado, cuya función no es desactivar la participación ciudadana autónoma, sino participar en el control, los créditos bancarios, la venta de materiales de construcción y la permisibilidad para la creación de pequeñas y medianas empresas constructoras.

Hay que situar al ser humano en primer plano, definir la función social de la vivienda e instituir los derechos, y los espacios para su participación, al margen de criterios políticos, ideológicos o de cualquier otro tipo.

El desconocimiento de este tema explica el desastre en que está inmersa la Isla, que demanda una nueva política habitacional cuyo eje central debe ser la combinación armónica entre justicia social, intereses individuales y sociales, libertad y posibilidad de participación; en fin, Estado y sociedad conjuntamente.

© cubaencuentro