El Departamento de Justicia está formando una nueva unidad de terrorismo nacional para ayudar a combatir una amenaza que se ha intensificado dramáticamente en los últimos años, dijo el martes un alto funcionario de seguridad nacional, informa The Washington Post.

Matthew G. Olsen, jefe de la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia, anunció la creación de la unidad en sus comentarios de apertura ante el Comité Judicial del Senado, y señaló que la cantidad de investigaciones del FBI sobre presuntos extremistas violentos nacionales, acusados de planear o cometer delitos en nombre de objetivos políticos internos, se ha más que duplicado desde la primavera de 2020.

Olsen dijo que el Departamento de Justicia anteriormente tenía abogados antiterroristas que trabajaban en casos nacionales e internacionales y que la nueva unidad “aumentará nuestro enfoque existente”.

Su testimonio se produjo solo unos días después del aniversario de los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, un evento que, según algunos legisladores, demostró que el FBI subestimó la amenaza que representaban los extremistas nacionales y los miembros de grupos de extrema derecha propensos a la violencia.

El ataque al Capitolio ha provocado nuevos debates políticos y de procedimiento sobre las fallas del FBI, y otras agencias dedicadas al cumplimiento de la ley, para prevenir el ataque, y sobre cómo el gobierno combate el terrorismo interno.

El Departamento de Justicia y el FBI han enfrentado críticas en los últimos años por no centrarse tan intensamente en el terrorismo nacional o interno como en las amenazas de inspiración internacional, aunque los funcionarios han insistido en que se toman ambos asuntos en serio.

El año pasado, la Casa Blanca publicó una estrategia nacional para abordar el problema, solicitando, entre otras cosas, nuevos recursos para el Departamento de Justicia y el FBI, destinados a la contratación de analistas, investigadores y fiscales.

Históricamente, las investigaciones de terrorismo nacional enfrentan más obstáculos procesales y legales que los casos que involucran a sospechosos inspirados por grupos con sede fuera de Estados Unidos, como el Estado Islámico o al-Qaeda. El cargo de apoyo material a un grupo terrorista extranjero, por ejemplo, no tiene equivalente legal para alguien deseoso de cometer actos de violencia en nombre de objetivos políticos internos.

Como resultado, los investigadores de terrorismo interno o nacional con frecuencia se conforman con presentar cargos por posesión de armas o drogas, y con frecuencia estos se presentan ante un tribunal estatal, no federal, lo que puede enmascarar el alcance general de las amenazas extremistas.

Los demócratas presionaron a Olsen para que explicara por qué los fiscales no buscaron sentencias más duras en los casos del 6 de enero, mediante encausamientos por terrorismo. Olsen no respondió la pregunta directamente, diciendo que cada caso tenía que ser evaluado en sus hechos particulares. Señaló los comentarios recientes del fiscal general Merrick Garland, quien sugirió que tales encausamientos por terrorismo podrían producirse a medida que los fiscales obtengan condenas en casos más graves.

Dónde precisamente trazar líneas sobre quién es o no un terrorista nacional o interno también es un tema de debate. En la audiencia, Jill Sanborn, directora de la rama de seguridad nacional del FBI, dijo que el año pasado hubo cuatro ataques realizados por extremistas violentos nacionales, que resultaron en 13 muertes. Sanborn no identificó ni describió los incidentes.

La ley federal define el terrorismo nacional como actos criminales dentro de Estados Unidos, que son peligrosos para la vida humana y que parecen tener la intención de “intimidar o coaccionar a una población civil… influir en la política de un gobierno mediante la intimidación o la coerción; o …afectar la conducta de un gobierno mediante la destrucción masiva, el asesinato o el secuestro”.

Después del ataque del 6 de enero, los demócratas dijeron que, durante la administración Trump, el Departamento de Justicia y el FBI no persiguieron con prontitud y profundidad los casos de terrorismo interno.

De 2016 a 2019, la cantidad de sospechosos de terrorismo doméstico arrestados por año cayó de 229 a 107, antes de saltar a 180 en 2020. Desde 2020, la cantidad de investigaciones abiertas ha crecido rápidamente. El director del FBI, Christopher A. Wray, dijo anteriormente que, para manejar la carga de casos, triplicó con creces la cantidad de agentes y analistas que trabajan en casos de terrorismo nacional.

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