Difamando a diestra y siniestra

Uno de los procedimientos que el gobierno de Evo Morales utiliza sistemáticamente para reafirmar su poder y que revela más que otros la naturaleza del régimen es la difamación. Según dos diputados del MAS (Movimiento al Socialismo), René Ramos y Humberto Iquiapaza, entre el 12 y el 16 de octubre de 2003, el ministro de Finanzas de Gonzalo Sánchez de Lozada ordenó la sustracción del Banco Central de Bolivia de la módica suma de 800 millones de bolivianos (100 millones de dólares).

Las cámaras del servicio de vigilancia filmaron la escena y la televisión la divulga una y otra vez. En las imágenes se puede ver a los funcionarios y a los guardias llevando los fajos de billetes y las cajas negras. El pueblo es testigo. Sin embargo, Juan Antonio Morales, ex presidente del Banco Central, comentó: "si su denuncia fuera cierta, el circulante habría aumentado de golpe en casi 30%, lo que se habría reflejado en fuertes incrementos de precios o pérdida de reservas internacionales, lo que no sucedió. Por otra parte, los problemas de almacenamiento y de transporte de mil millones de bolivianos, por su peso y volumen, hubiesen sido también formidables, más aún en un país convulsionado, con carreteras bloqueadas".

Desde luego, se trata de atacar más aún, como si fuera necesario, al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien ya carga con una acusación de genocidio por lo que convendría llamar la masacre de octubre de 2003. En aquel momento, la represión de la policía y el ejército contra los manifestantes que bloqueaban La Paz para reclamar la nacionalización de los hidrocarburos y la reconstrucción del país por una Asamblea Constituyente, causó 60 muertos y 140 heridos.

Por estos hechos se abrió un juicio ampliatorio de responsabilidades que agrega una acusación a la anterior y hace de sus ministros de Finanzas y de Gobierno, así como del ex presidente del Banco Central y de otros altos funcionarios, asociados cómplices del robo de recursos nacionales.

De paso, y para seguir por el mismo camino, el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, acaba de anunciar la apertura de un juicio de responsabilidades contra Prisma Energy, la subsidiaria de la quebrada Enron, propietaria en asociación con Shell del 50 por ciento de las acciones de la empresa Transredes, especializada en el transporte de hidrocarburos. Por ese mismo caso, también contra el ex presidente Sánchez de Lozada, su vicepresidente y unos cuarenta ministros y altos funcionarios que ocuparon cargos durante su mandato.

Procedimientos turbios

Se trata de acusaciones altamente simbólicas y de las cuales se espera un beneficio proporcional al perjuicio que ellas representan para las personas implicadas con los traidores y corruptos, y que suceden a muchas otras. Es así que la mayoría de los ex presidentes del país están acusados: Rodríguez Veltzé, de traición a la patria por haber dejado salir del país los misiles chinos que estaban en posesión del Ejército para su desarticulación; Carlos Mesa, por haber tenido la intención de conspirar con el Ejército para mantenerse en el poder; Jorge Quiroga, por haber firmado contratos 'lesivos' (para el Estado) con compañías petroleras extranjeras.

Pero, después de todo, se puede decir que algunos ex presidentes, por el solo hecho de haber gobernado, no están exentos de reproches y pudieron ser deshonestos y cometer errores culpables, incluso trágicos, que sería útil juzgar. Sin embargo, la acusación va más allá de esos hombres y los procedimientos del actual gobierno son, al menos, turbios.

En el pasado mes de marzo el ex presidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC), José María Bakovic, quien había tenido que dimitir de sus funciones, fue a parar a la cárcel sin juicio tras un procedimiento ilegal y bajo la presión del poder ejecutivo. Se le acusa nada más y nada menos que de "daño económico al Estado, de malversación de fondos y de conducta antieconómica (sic)".

Ahora bien, ese hombre, que ocupó ese cargo en septiembre de 2001 por votación del Congreso con más del 90 por ciento de los votos, había construido su reputación precisamente en la lucha contra la corrupción en un servicio conocido por sus tráficos dudosos, un servicio por el que pasaba el 30 por ciento de la inversión pública y, por lo tanto, fuente de muchas tentaciones. Su rigor le valió numerosos enemigos.

El actual presidente de la corte electoral, Salvador Romero Ballivián, está acusado de haber privado al MAS de una parte de sus votos en las últimas elecciones, pues había quitado de las listas electorales algunos miles de electores que no habían participado en el sufragio anterior, una acusación que no tiene lugar porque la corte electoral sólo aplicó la ley. El presidente Morales lo ha despedido: duda de su credibilidad porque, antes de asumir sus funciones, había realizado estudios de geografía electoral financiados y publicados por la fundación alemana Hans Seidel, que apoyaría a PODEMOS, el grupo político de Jorge Quiroga.

En el primer caso se trataba de hacer creer que el SNC, una de las administraciones que más apoyo económico recibe, si no la que más recibe, por parte de la cooperación internacional, era un antro de corrupción. Como suplemento, un hombre mayor fue a dar a la cárcel, sin que la instrucción lo necesitara, tanto es así que la Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos (APDH), que no es hostil al nuevo gobierno, se conmovió.

En el segundo caso, se trata de desacreditar y apropiarse de una de las raras instituciones que se resistió a la apisonadora del MAS. De hecho, luego de ganar los poderes ejecutivo y legislativo, el MAS ha tratado de controlar el Ejército retirando dos generaciones de generales, ha contribuido a decapitar la justicia forzando a la demisión a los miembros de las instancias que la regulan —en particular, la Corte Suprema de Justicia—, ha debilitado considerablemente el Consejo Constitucional con el mismo procedimiento, se ha apoderado de las palancas de control de las principales administraciones…

Desprecio por la democracia

En fin, en los casos del vídeo y de Enron, lo que conviene demostrar es que antes de la llegada del nuevo gobierno todo estaba podrido: las instituciones y los hombres. Sin embargo, todo el mundo —excepto los nuevos jefes del país, por supuesto— alaba la competencia y la honestidad de un presidente del BCB ratificado en su cargo durante 11 años, período durante el cual coincidió con seis presidentes de la república.

La difamación no sólo está dirigida a los rivales y enemigos reales o supuestos, sino que destruye a los que ya no son santos de devoción del gobierno. En la acusación de complot contra Carlos Mesa, el editor José Antonio Quiroga figura entre los presuntos conspiradores, su nombre es pasto para la opinión. Quiroga fue uno de los asesores favoritos de Morales, a tal punto que, para las elecciones de 2002, lo presentó como candidato a la vicepresidencia de la república durante una ceremonia pública. Al día siguiente, el proclamado candidato, que nadie consultó antes de la ceremonia, escribió una carta para declinar la proposición. Actualmente, Quiroga es candidato por el Movimiento Bolivia Libre (MBL) para ser miembro de la futura Asamblea Constituyente. Aparentemente es una situación difícil para Evo Morales; de ahí que quiera comprometerlo.

Filemón Escobar, antiguo senador, quien contribuyó notablemente a la ascensión política del caudillo, también quedó fuera del MAS en 2004. Para ello se organizó una asamblea con los cocaleros de Cochabamba y el motivo presentado fue que había cobrado 50.000 dólares para ausentarse (con los otros senadores del MAS) en el momento de la votación en el senado de una ley que estipula que la Corte Internacional de Justicia no juzgue a los militares y ciudadanos norteamericanos en casos de genocidio o crímenes de guerra, salvo si se cuenta con la aprobación de Estados Unidos.

Más recientemente, la joven diputada Adriana Gil, quien realizara la campaña del MAS en Santa Cruz durante las elecciones de 2005, y que contribuyera de manera importante al éxito del partido en la región, también quedó fuera por supuestos vínculos con una empresa brasileña candidata a la explotación de los minerales de hierro en la región de Mutún, cerca de la frontera con Brasil —una empresa cuyas proporciones eran sin dudas criticables, pero cuyo peor fallo parece haber sido contar con el favor de los hombres de negocio de Santa Cruz hostiles al gobierno—.

La estrategia que consiste en apuntar continuamente hacia los enemigos internos del gobierno, en acusarlos de faltas graves para luego exhibirlos y darlos en pasto a la opinión, así como el uso sistemático de la difamación para mancillarlos, demuestra el poco crédito que dan esos nuevos potentados a la persona humana y a las reglas elementales de justicia, y su profundo desprecio por la democracia.

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