Además de un lanchero muerto y los otros dos heridos, la malograda operación de "contrabando de personas" (abril 5, 2006) por la ensenada de Bacunagua, en la costa sur de Pinar del Río, forzó a socorrer 39 personas (20 hombres, 12 mujeres y 7 niños) provenientes de cinco provincias, quienes esperaban salir ilegalmente de Cuba luego de "caminar largas distancias por terrenos cenagosos y permanecer en un territorio plagado de mosquitos, húmedo, sin reservas de alimentos y agua potable" ( Granma, abril 17, 2006).

El gobierno de Castro subrayó: "Una vez más se ha puesto de manifiesto cómo personas irresponsables e inescrupulosas exponen a sus hijos a un doble peligro: morir ahogados durante la travesía, o enfermarse debido a los medios inhóspitos que generalmente seleccionan los traficantes".

Revelación tardía

Lugares igual de inhóspitos suelen escoger también las personas que pretenden salir ilegalmente de la Isla sin recurrir a los traficantes, quizás porque no hay otra alternativa. Y desde que principió el balserismo cubano han estado en juego la vida y la salud de los menores, así como de los adultos involucrados.

Sólo ahora el gobierno castrista decidió "poner a las siete progenitoras (sic) que poseían la custodia de esos [siete] niños a disposición de los Tribunales de Justicia". Los progenitores varones no estaban entre los 20 hombres socorridos, o la nota de Granma se tiñe de machismo por ceñir "la irresponsabilidad de los padres" al sexo femenino.

Tal parece que cambió el espíritu del tiempo. En el caso del balserito Elián González, las mentes alquilonas de Cintio Vitier, Roberto Fernández Retamar y el reverendo Raúl Suárez se hicieron agua para dar por televisión la imagen de la madre ahogada como "una santa" a merced del padrastro diabólico.

El Código Penal (1987) tiene clavijas suficientes con que apretar a los padres resueltos a salir ilegalmente de la Isla junto a sus hijos menores de 18 años. Son "actos contrarios al normal desarrollo del menor" inducirlos "a abandonar su hogar, faltar a la escuela, rechazar el trabajo educativo inherente al sistema nacional de educación o a incumplir sus deberes relacionados con el respeto y amor a la Patria" (Artículo 316).

Las penas previstas van de tres meses a un año de cárcel, multa de 100 a 300 cuotas, o ambas. No se pierde ni se suspende la patria potestad, que son sanciones accesorias vinculadas sólo a delitos de subido tono sexual.

Las "siete progenitoras" no querían poner a sus hijos en peligro, pero su presunto delito es intencional porque tienen que haber previsto (y asumieron) —según la lógica de la justicia castrista— los riesgos de accidente, enfermedad y hasta de muerte que están siempre presentes en trances de salida ilegal.

Vuelta a la tuerca

Aunque el Código Penal considera que todas las violaciones derivadas del mismo acto configuran un solo delito y acarrean la pena de la violación más grave (Artículo 10.1), la salida ilegal se sanciona "con independencia de los [demás delitos] que se cometan para su ejecución o en ocasión de ella" (Artículo 216.3).

Para cometer este delito no es preciso salir (el peso de la ley se descargaría entonces tras la captura al regreso, como consecuencia de deportación u otra causa). Basta realizar "actos tendentes a salir" (Artículo 216.1), como fabricar una balsa. En todo caso la sanción corre de uno a tres años de cárcel o multa de 300 a 1000 cuotas, pero si se pretende salir con menores de edad habrá que ponderar en lo adelante sanciones adicionales por "actos contrarios al normal desarrollo del menor".

El acuerdo entre Cuba y Estados Unidos (1994) y su complemento (1995) "normalizaron" las relaciones migratorias en varios (sin)sentidos, como devolver a los "emigrantes ilegales" interceptados por las autoridades americanas en alta mar o en la Base Naval de Guantánamo, a cambio del compromiso (difícilmente verificable) de que no se tomarían represalias contra ellos dentro de la Isla.

Las personas interceptadas por las autoridades castristas no gozan de este beneficio. Amén de los padres de ambos sexos, cualesquiera personas adultas que se aventuren con menores de edad a salir ilegalmente de Cuba pueden ser encausadas ya por "actos contrarios al normal desarrollo del menor".

Como el Código Penal establece que la sanción para este delito caduca tres años después de haberse cometido, las medidas restrictivas de los viajes impuestas por la Casa Blanca vienen bien a los balseros que llegaron con menores a Estados Unidos: al cabo de tres años podrán visitar la Isla sin temor a ser procesados por aquella causa.

Desafuero y moral

La salida ilegal se juzgaba como delito contra la Seguridad del Estado hasta que el primer Código Penal (1979) la calificó como delito contra el orden público. No obstante, las investigaciones prosiguieron a cargo de los "segurosos". Después, hasta las Tropas Guardafronteras (TGF) hacían la vista gorda, pero ahora ya están disparando contra las embarcaciones desarmadas.

Castro mismo suprimió las leyes migratorias (ni siquiera de un plumazo, sino por simple alocución) para llevar a cabo la invasión demográfica del Mariel (1980): en menos de tres meses, 124.776 cubanos desembarcaron en Estados Unidos. Tras el Maleconazo (1994), repitió la jugada y unos 30.000 balseros invadieron "con medios propios" Estados Unidos, sin importar cuántos delitos habían cometido al procurar los artefactos indispensables.

Semejante voluntarismo imperioso se conjuga ahora con la máxima de que "Nada ni nadie puede poner en peligro la vida de un niño" ( Granma, abril 17, 2006). Este imperativo moral no se tuvo en cuenta, por citar el ejemplo más notorio, en el hundimiento del remolcador 13 de Marzo (julio 13, 1994), que arrancó la vida a 10 menores de edad y a otras 31 personas.

Castro se apea ahora con la máxima moral para dar un golpe de efecto: él cumple los acuerdos migratorios (ante todo el compromiso de tomar medidas para impedir las salidas peligrosas), mientras Estados Unidos carga con la responsabilidad no sólo de las tragedias, sino también de los peligros inherentes a la emigración ilegal desde la Isla.

Así continúa Castro sin recoger el guante del verdadero desafío migratorio: el regreso a la Isla de muchos cubanos que permanecen en Estados Unidos con órdenes definitivas de deportación. Y sigue achacando la culpa del balserismo a la Ley de Ajuste Cubano (1966), sin explicar por qué ésta sobrepuja en motivación a las Mesas Redondas, los Cuadernos Martianos, las vallas del Partido y la parafernalia restante de agitación y propaganda, incluyendo las sabias letanías del Comandante en Jefe.

Su insistencia en que se derogue la Ley de Ajuste por causas morales tiene trasfondo político. Esta ley se incorporó al Código de EE UU (Título VIII, Sección 606) para que se derogue si (y sólo si) el presidente norteamericano decreta, como exige la Ley [Helms-Burton] de Democracia y Libertad (1966), que un "gobierno democráticamente electo" alcanzó el poder en Cuba (Sección 203.c.3).

¿Balserismo extremo?

Quizás antes de firmar tal decreto, la Casa Blanca prefiera romper el trato con el Palacio de la Revolución que autoriza a discriminar entre balseros con pies secos o mojados, así como a sortear 20.000 visas anuales.

La regla "pies secos-pies mojados" atiza el contrabando de personas con precios de unos 10.000 dólares por cabeza, que remunerarían la pericia lanchera para eludir tanto a los guardafronteras de Castro como a los guardacostas americanos.

El "bombo" supone doble suerte: obtener la visa estadounidense y el permiso de salida castrista. Los cubanos dentro de la Isla necesitan permiso para salir, como si fueran hijos menores de un padre muy preocupado por su normal desarrollo.

Entretanto, los cubanos fuera de ella precisan de una tira de "habilitación" en sus pasaportes para entrar. Tanta insensatez pudiera desaparecer, junto con el tráfico de personas y aun el propio balserismo, mediante el balserismo extremo: que cada cubano en EE UU zarpe con su lancha o lo que sea, desarmado y a bandera blanca desplegada, rumbo al Malecón. A lo mejor así se cae el muro.

© cubaencuentro