Tras haber sido dado a conocer el segundo informe de la Comisión para la Ayuda a una Cuba Libre, diferentes sectores del anticastrismo dentro y fuera de la Isla han hecho saber sus opiniones: unos apoyando e incluso agradeciendo conmovidos, y otros criticándolo con acritud. Ambas corrientes lo hacen desde la perspectiva de argumentar si las recomendaciones que establece el informe y ha aprobado la Casa Blanca, constituyen efectivamente una ayuda para conseguir la libertad de Cuba o todo lo contrario.

La realidad es que, aunque ese es el propósito declarado desde el mismo nombre dado a la Comisión y reiterado a través del extenso informe publicado, son otros fines políticos de carácter interno los que le dan su verdadero sentido.

El estrecho vínculo existente entre los intereses de la política exterior de Estados Unidos y la sustitución de la dictadura castrista por un régimen democrático es de sobra conocido y no necesitaba para nada ser enfatizado. Antes bien, la existencia de esa comunidad de intereses ha sido el caballo de batalla de Castro para justificar la represión contra cualquier manifestación ajena a la política oficial de su régimen y, de paso, representar el papel de víctima del imperialismo norteamericano ante los ojos de América Latina y el resto de la opinión pública internacional.

De ahí la posición sostenida y expresada con reiteración por grupos opositores dentro de la Isla, como el Movimiento Cristiano Liberación y otros, de acentuar su naturaleza nacional e independiente de todo vínculo externo. La proclamación altisonante por la Casa Blanca de ese "compromiso con el pueblo de Cuba", lleva agua al molino de la propaganda castrista.

En el documento, el compromiso toma cuerpo en una lista de promesas de acciones a tomar, para colaborar solidariamente una vez establecido un soñado gobierno de transición. Le sigue otra lista, esta con las condiciones que las autoridades estadounidenses exigen al hipotético gobierno para calificar en la oferta. La lista recoge simplemente las características básicas que definen la democracia contemporánea y resulta innecesaria y superflua, como no sea para evidenciar groseramente la aspiración de tutelaje asociada al discurso solidario.

El afán normativo se desborda hasta el detalle. Si bien la naturaleza temporal de un gobierno de transición exige la definición de un período determinado para organizar y realizar elecciones libres, es una enseñanza básica de experiencias históricas similares, que la extensión del mismo puede variar en dependencia de la complejidad de la situación heredada por la nación a reencaminar, de la autoridad del gobierno de transición, de la colaboración de la sociedad civil y también de la ayuda de la comunidad internacional en general y, por cierto, no de un solo país.

Con todo, hoy, cuando se desconoce a ciencia cierta cuáles pueden ser las peculiaridades del momento de la transición, aparece entre los condicionantes un plazo arbitrariamente limitado a 18 meses, para que el gobierno de esa complicada y convulsa Cuba post-Castro lleve a buen término la compleja y difícil tarea de preparar las condiciones para unas elecciones legítimas.

La vía apropiada

En otra sección el informe asegura poner en práctica recomendaciones que ayuden a acortar el tiempo que separa a los cubanos del día en que elegirán a sus líderes libremente. Como se suele decir que el tiempo es oro, si de cuestión de tiempo se trata, se justifica plenamente el deseo del Ejecutivo de procurar 80 millones de dólares para los próximos dos años.

Es lo cierto que Fidel Castro emplea cuantiosos recursos en propaganda dentro y fuera de Cuba. La disidencia interna es apartada de la economía legal y le es imprescindible la ayuda externa para sobrevivir. Fuera de la Isla la propaganda castrista es todavía más efectiva, probablemente porque va dirigida a quienes viven ajenos a aquella cruda realidad. Se hace necesario emplear todos los medios posibles para divulgar la verdadera esencia de la tragedia cubana, casi huérfana de solidaridad en el tercer mundo. Ello también precisa de recursos monetarios.

Fundaciones independientes, comprometidas con la democracia y la defensa de los derechos humanos, constituyen la vía apropiada para canalizar esos recursos imprescindibles. El anuncio de los 80 millones de dólares es, cuando menos, indiscreto, aun más tratándose de un deseo solamente, pues le corresponde al Congreso aprobar la partida y es previsible un proceso largo de cabildeo en torno a propuestas de enmiendas y nuevas condiciones. En buen cubano, un tortuoso estira y encoge supeditado al interés político eleccionario de ambos partidos mayoritarios.

Otra acción aprobada estriba en "alentar a otras democracias a que respalden el derecho de los cubanos de forjar un futuro democrático para Cuba". Los antecedentes históricos enseñan que, en este caso, alentar es un eufemismo de presionar. Esto ya ha ocurrido durante la larga existencia de la dictadura. En todo ese tiempo sus resultados han sido muy escasos. Se han limitado mayormente a débiles condenas al régimen, conseguidas tras un desgastador forcejeo con apretadas votaciones en la inocua y ya extinta Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y algunas que otras escaramuzas más bien contradictorias y anecdóticas, en el ámbito de las relaciones y el comercio internacionales.

El único dividendo efectivo

Tanto las autoridades del régimen en la Isla como los gestores de la Comisión, es decir, la administración republicana y sus "expertos" del exilio cubano influyente, saben que no hay nada nuevo bajo el sol de este informe, que no acelerará un ápice el advenimiento de la transición democrática, si es que no la entorpece.

El plato fuerte del reporte es la promesa de mejorar "la aplicación de las sanciones existentes para continuar ejerciendo presión económica en el régimen y limitar así su capacidad de sustentarse y de reprimir al pueblo cubano". Otra ración de más de lo mismo que se ha venido ejecutando estérilmente con insistencia de obcecado.

El presidente Bush ha dejado escapar una frase reveladora del interés esencial que está detrás de todo lo concerniente al trabajo de esta comisión: "El informe demuestra que trabajamos activamente por el cambio en Cuba, no simplemente esperando por el cambio".

Dar esa impresión de beligerancia activa a los cubanoamericanos, de cara a las elecciones congresionales de noviembre, es el único dividendo efectivo que puede derivarse de esta movida política de la administración republicana. Es en ese contexto que este parto de los montes cobra algún sentido.

© cubaencuentro