La metodología tardo-castrista de renovación constitucional es simple. El Buro Político manda a unos cuantos sesudos a elaborar un anteproyecto, que se somete al análisis del Comité Central. Lo que se apruebe aquí es el anteproyecto definitivo y pasa al análisis de la Asamblea Nacional. Lo que se apruebe aquí es el proyecto de constitución que, como dicen los voceros del único partido, “será sometido a la consulta de todo nuestro pueblo y posteriormente a referendo”.

Tal es la constitución material, esto es: el orden político-jurídico campante y sonante hasta nuevo aviso. Un aviso que lleva 60 años sin darse y no se dará jamás mientras el anticastrismo tardío siga con las sonseras de que el pueblo es el soberano y desde la elaboración del anteproyecto debe tener vela en el entierro de la vieja constitución. Vamos a dejarnos de cuentos, porque la democracia como auténtico poder del pueblo nunca ha existido ni existirá jamás [1].

De la constitución material emana toda constitución formal como mero documento. Y todo el mundo debe saber ya que la nueva constitución en Cuba entraña tan sólo el reajuste formal del Estado castrista al contexto socioeconómico cambiante sin cambiar la dictadura de partido único, la ideología oficial, la represión política, la dirección centralizada de la economía y el monopolio sobre las armas y los medios fundamentales de producción y de comunicación masiva.

Constitución y contra-inteligencia anticastrista tardía

Todo el mundo sabe también cuáles son las maldades del poder constituido del tardocastrismo, pero puesto que nadie sabe cómo acabar con ellas en la práctica, algunos se ponen high y tiran su freestyle en críticas teóricas disparatadas contra el castrismo sexagenario.

Así tenemos que el procedimiento de renovación constitucional se tacha de ilegal porque “no se apega a la ley vigente que no regula estos procedimientos para hacer una nueva Constitución”. ¿Leyeron bien? Desde Hammurabi la ilegalidad supone la infracción de una ley prohibitiva o el incumplimiento de una ley imperativa, pero la contra-inteligencia del anticastrismo tardío acaba de inventar la ilegalidad sin ley alguna. El silogismo de la ignorancia estriba en que si “ninguna ley cubana establece que es el Buró Político del PCC quien elabora un documento secreto de reformas constitucionales”, entonces el Buro Político procedió ilegalmente al elaborar el anteproyecto de constitución. Tal conclusión podría sacarse ya sólo si determinada ley (prohibitiva) impidiera que el Buró Político se dedicara a tales menesteres u otra ley (imperativa) ordenara quién tiene que hacerlo y no fuera el Buró Político.

Lo mejor del cuento es que, por imperativo de la propia constitución vigente, el PCC “es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado” (Artículo 5) y se cae de la mata que su Buró Político sea quien saque un anteproyecto como primer paso hacia una nueva constitución. Hace más de 40 años, eso que llaman pueblo o ciudadanía —o según la cursilería en boga: el soberano— aprobó en referendo el imperativo constitucional de la vanguardia rectora. Si ahora el soberano se siente ofendido, tiene dos turnos: la consulta popular para opinar inútilmente sobre el proyecto que apruebe la Asamblea Nacional y el referendo para decidir si la nueva constitución va o no va.

Si el soberano no quiere seguir en afrenta y oprobio sumido al PCC, sólo tiene que votar NO. Esta simple lógica de la decisión se ensucia con la crítica falaz de ilegalidad sin ley infringida o incumplida o con la tontería de que la renovación constitucional ilegal ya que “quien define la agenda es quien detenta el poder”. Tal es la regla en el mundo en que vivimos [2].

Anteproyectos y proyectos de la oposición

Antes que describir quejosamente a su contrario, el anticastrismo tardío debía averiguar bien cómo salir de él y convencer al soberano para hacerlo. Pero así como la contra-inteligencia anticastrista tardía no tiene cacumen, la oposición pacífica no tiene voluntad de poder para aunar voluntades contra el gobierno, sino más bien voluntad de alargar los culebrones de la picaresca mediática.

Tras la muerte anunciada del proyecto Otro18, la Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD) se apeó ahora con el anteproyecto Propuesta2020. También se pone high y tira su freestyle con cuatro “desafíos clave de la presidencia de Miguel Díaz-Canel”. Como si en vez de instancia opositora fuera ayudantía del gobierno, tenemos que aguantarle hasta que la resolución de estos cuatro desafíos [qué país vamos a tener, qué nación podemos reconstruir, qué Estado es necesario y qué democracia demandamos] “depende del tipo y la calidad de Constitución política que surja”.

Esos cuatro desafíos son más bien de la oposición misma, que por su impotencia para asumirlos en consecuencia recurre al ardid de endilgárselos al gobierno, como si no supiéramos que todas las administraciones estatales de la misma dictadura del único partido tienen un sólo desafío: conservar el poder. La constitución que surja será para eso y la oposición se quedará con el mismo país de siempre, hecho leña; sin poder reconstruir la nación, pues el soberano apoya mayoritariamente al gobierno, ni tener el Estado necesario, que seguirá siendo aquel que la propia elite gobernante actualice conforme a sus propios intereses. Y la democracia que se demanda con mesas de unidad u otros artilugios como declaraciones de desobediencia civil y rebeldía, no llegará jamás.

El MUADismo lamenta que “la nueva Constitución nacerá sin constituyente”, como si una asamblea constituyente no fuera a correr la misma suerte electoral que las asambleas nacional, provinciales y municipales. La nueva constitución nacerá, como Dios manda, de la matriz del poder constituyente, que desde 1976 radica en la Asamblea Nacional. Y esta pudo formarse por enésima vez en 2018 porque sus diputados fueron elegidos en cada demarcación electoral por votación directa del soberano.

El MUADismo sigue la rima falaz de la contra-inteligencia con que hay “un serio tema de legitimidad[:] Miguel Díaz-Canel no llega al poder ni mediante una revolución ni a través de una elección”, como si no hubiera sido elegido legalmente por esos mismos diputados elegidos por y representantes de eso que llaman pueblo, digo: soberano. Por algo Max Weber soltó despacito que la legitimidad corriente es la mera creencia en la legalidad como “obediencia a preceptos jurídicos positivos estatuidos según el procedimiento usual” [3]. Así que Miguel Díaz-Canel tiene la misma legitimidad que Donald Trump. Y no me vengan con que el presidente tiene que elegirse por votación popular directa, porque así no era en Cuba bajo la pimpante Constitución del 40 ni es así bajo ese sol del mundo moral del constitucionalismo y la democracia que son los Estados Unidos de América.

Coda

Siempre es bueno saber de qué se está hablando, porque a veces hay cosas que no sabemos que no sabemos.

Notas

[1] Eso lo sabía hasta Rousseau, el paladín del contrato social. Cf.: Habermas, J.: La reconstrucción del materialismo histórico, Taurus, 1981, 253.

[2] “In any constitution-making exercise there is a stage before it gets much publicity, when the agenda effectively is set”. Cf.: Saunders, C.: “Constitutional-making in the 21^st Century”, Internacional Review of Law, Abril 2012, 4.

[3] Economía y Sociedad, Fondo de Cultura Económica, 1964, I, 36.

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